La noche del 2 de octubre de 2024 se produjeron dos episodios violentos que parecieron inscribirse dentro de un “ajuste de cuentas” en torno a una causa judicial por una demanda laboral. Luego de que el demandado profiriera amenazas en el estudio jurídico, horas después esa oficina del abogado patrocinante fue baleada y minutos más tarde su cliente fue herido en su propia casa.
Un año después, este viernes se conoció que la fiscal de Distrito 4, Turno 3, Claudia Palacios, tomó la decisión de dictar la prisión preventiva para quienes serían el autor material y el autor intelectual de ambos atentados.
Desde el comienzo del caso, cuando se presentó la denuncia y al comienzo de este año, Larrey fue asistido por el Colegio de Abogados de Córdoba que hizo una serie de presentaciones para que se profundice la investigación y se encuentre a los responsables de los atentados.
En los últimos días, Palacios tomó varias decisiones que marcan un avance concreto en el sentido pretendido por los denunciantes.
Quien recibió la demanda laboral -presunto autor material- es el titular de una verdulería y se llama Paulo Bracamonte. A él la fiscal Palacios detuvo durante la semana que pasó por indicios de peligrosidad procesal (habría suministrado dos domicilios diferentes). Él sería quien la misma tarde de los atentados habría amenazado al abogado Pablo Larrey y a su hermana (y socia) al retirarse del estudio jurídico. Ambos letrados no habían podido hacerle entender, según declararon, que no estaba en ellos arreglar la devolución de un camión que la Justicia le había secuestrado en el marco del juicio laboral que ganaron.
Por eso, la fiscal Palacios detuvo primero y dictó al prisión preventiva para el verdulero Bracamonte.
Quedaba por resolver la situación procesal de quien estaba señalado como presunto autor material de ambos atentados: Juan Domingo Iturria, quien estaba detenido por otra causa y sobre quien se hallaron motivos suficientes para involucrarlo en el hecho y dictarle también la preventiva.
Satisfacción y agradecimiento
Larrey fue entrevistado por La Voz días después de los atentados, en octubre de 2024, en su estudio jurídico (baleado) de Damián Garat al 3000, barrio Poeta Lugones.
Sobre aquella agresión, en esa oportunidad Larrey relató que esa tarde, a las 18, el “señalado” (Bracamonte) se hizo presente en su estudio jurídico y se entrevistó con su hermana Cecilia, también abogada. La mujer tuvo muchas dificultades para entenderse con el demandado, al punto que él tuvo que intervenir para explicarle que no era potestad de ellos la devolución del camión. Además, aseguró que el demandado que perdió el juicio laboral no accedía a abonar lo que indica la sentencia.
A modo de enumeración paso a paso, Larrey brindó lo que él entendía son indicios coincidentes sobre la presunta responsabilidad de quien consideró que estaba detrás de las agresiones: el mismo día que secuestraron el camión va al estudio jurídico, allí profiere amenazas y dos horas y media después se producen los tiroteos en el bufete y más tarde en la casa de los demandantes.
Precisamente, media hora más tarde de la balacera en Poeta Lugones, fue baleada la vivienda del cliente que inició juicio a quien fue su patrón (Bracamonte) en barrio Marqués de Sobremonte. Lo más preocupante es que este hombre resultó herido, al recibir en su pie izquierdo una bala calibre 9 milímetros. Le tocaron la puerta, preguntaron por él y le dispararon.
Ahora, días después de las detenciones y el dictado de las preventivas, el abogado Larrey manifestó a este diario su satisfacción por el avance de la causa y su agradecimiento al colegio profesional que lo apoyó desde un principio.
“Estamos conformes con la actuación de la fiscalía; es lo que esperábamos nosotros, la detención y la prisión preventiva a los dos”, dijo este viernes a La Voz.
Añadió Larrey: “El Colegio de Abogados, con el doctor (Eduardo) Bittar me prestó apoyo y estuvo al lado mío, siempre”.
Acción gremial
Desde el inicio de la causa, Abogados venía haciendo gestiones para sostener la investigación. En aquella oportunidad, el propio Larrey confirmó que fue recibido en el Colegio de Abogados y que desde esa institución iniciaron gestiones para que el Ministerio Público articulara todos los canales de investigación a fin de que la causa avance.
El doble atentado recibió la atención del Cuerpo de Acción Gremial del Fuero Penal que tiene el colegio, que integran los abogados José D’Antona y Leandro Ortiz Morán. Ambos se ocuparon del asunto y “se aseguraron de que las vías judiciales estén garantizadas”, según fuentes judiciales.
Tras nuevas gestiones al inicio de 2025 y una visita realizada al Ministerio Público Fiscal, el 15 de abril pasado el fiscal general adjunto Alejandro Pérez Moreno instó a la fiscalía a “mantener activos los presentes obrados, hasta su resolución definitiva, con noticia al presidente del Colegio de Abogados” y al abogado Larrey.
Sobre estas gestiones, el propio presidente del colegio manifestó que han estado “ocupados y preocupados” y destacó la reunión en la que fueron recibidos por Pérez Moreno.
Bittar sostuvo sobre este y otros casos similares: “Nuestros principios implican que la abogacía es parte esencial del sistema de justicia”. Luego, añadió: “Las amenazas, intimidaciones y agresiones como estas afectan el normal funcionamiento del sistema de justicia”.
Finalmente, el titular del Colegio de Abogados agradeció la preocupación del titular del Ministerio Público, fiscal general Juan Manuel Delgado.
