En principio, en la Fiscalía de Distrito IV, Turno 3 de Córdoba, la causa trataba el caso de un hombre detenido en horario inhábil bajo la imputación de robo calificado por el uso de arma en barrio Cerro de las Rosas. Esta persona trabaja como funcionario en el aeropuerto Ambrosio Taravella y soportaba una acusación fuera de lo común para una vida sin antecedentes penales. Supuestamente, había utilizado un cuchillo para robarle el celular a una vecina y a su madre.
Al designar abogado, el defensor Juan Pablo Rubio se presentó ante el fiscal Juan Pablo Klinger y ofreció una versión diferente, además de prueba técnica que podría revertir la acusación. Era un viernes a la tarde y ya no había tiempo de realizar muchas diligencias. El “reo” (cuyo nombre se omite) debió pasar el fin de semana en la cárcel de Bouwer hasta que el lunes pudieron tomarle testimonio.
La prueba contundente era un video de un vecino “anónimo y muy atemorizado” que logró captar el simulacro de robo que le habían fabricado al detenido. En las imágenes se apreciaba cómo la situación era totalmente distinta y que la víctima del robo del celular era él, y no ellas.
Cuando se escuchó al detenido, su versión aportó no pocos detalles que consiguieron aligerar notablemente el peso acusatorio. Klinger instó su sobreseimiento, concedido por el juez de Control y Faltas Carlos Romero. En los pasillos de Tribunales todos coinciden que sin el “video milagroso” la situación de este hombre hubiera sido muy complicada.
A la par, el fiscal se dispuso a abrir una nueva investigación. Comenzó solicitando antecedentes de la “denunciante” que, según comenzó a verificar, tenía por costumbre hacer simulacros para luego llegar primero a la comisaría y “primerear” con una denuncia falsa. En el caso del funcionario aeroportuario, la subcomisaría de calle Malbrán al 4000 recibió lo que terminó con su detención por denuncia maliciosa.
La evidencia reunida permitió a Klinger detener a Sara Emilia “China” Miranda (28) y a sus padres Héctor Daniel Miranda (68) y Silvia Norma Barberis (60), quienes también habrían participado de algunas acciones en contra de este y otros vecinos, y habían acompañado a su hija en las denuncias que se califican como presuntamente falsas.
Klinger los acusa en varios hechos en contra del funcionario del aeropuerto y de otros vecinos que eligieron irse del complejo habitacional por las molestias que supuestamente sufrieron de los Miranda-Barberis. En esos hechos, el fiscal enumera incidentes violentos, amenazas e “invitaciones” para que se vayan.
Edificio con problemas de papeles
De acuerdo con hipótesis de la investigación que confiaron fuentes judiciales, las acciones de los Miranda-Barberis podrían estar orientadas a quedarse con los otros departamentos del edificio construido en un inmueble de calle Saturnino Navarro, en barrio Cerro de las Rosas.
Ese complejo habitacional se levantó presuntamente de manera ilegal tras la supuesta usurpación de la propiedad (una vieja casa de un suboficial) por parte de Diego Maximiliano Báez, quien junto con otros familiares fue enviado a juicio en 2021 por el fiscal Enrique Gavier, confirmado luego por el juez de Control José Milton Peralta. Ante la Cámara 10ª del Crimen, los acusados debían responder por asociación ilícita, usurpación y estafas reiteradas. Las víctimas de esto último serían los particulares que compraron departamentos sin conocer las particularidades del inmueble.
Fuentes judiciales indicaron que Báez está prófugo y que los departamentos son habitados presuntamente por tenedores sin sus títulos ordenados. En ese contexto, se presume inicialmente que las acciones de los Miranda-Barberis se orientaban a quedarse con otros departamentos, además del que ocupan.
Algunos vecinos optaron por irse, lo mismo que el funcionario aeroportuario que también venía siendo echado, según señalan los voceros que Klinger describe en la prisión preventiva a la “China” Miranda y sus padres.
El mismo “modus operandi”
Lo que sostiene el fiscal que dicta la prisión preventiva como presunta conducta de la “China” Miranda, de denunciar por violencia de género de manera falsa, tiene un antecedente inmediato, concreto y condenado por una cámara del crimen.
En septiembre pasado, Sara Emilia Miranda fue condenada a tres años de prisión en suspenso por exigirle dinero a su pareja para no denunciarlo por violencia de género. En el debate que dirigió el juez unipersonal Gustavo Reinaldi se comprobó que la mujer había fraguado la acusación que generó que su ex estuviera varios días detenido.
Al leer el veredicto cronicado ese día por La Voz, el camarista se dirigió a los presentes utilizando “lenguaje claro” y sostuvo que en este caso se verificó el uso “de la perspectiva de género de una forma diferente” que daña la lucha de las mujeres.
El juez añadió que esa reivindicación se ve dañada “cuando esta misma perspectiva de género de las mujeres es utilizada en beneficio personal”.
La condena de tres años de prisión en suspenso fue por los delitos de “defraudación por estelionato” y “coacción”. El estelionato es por vender como propia la bicicleta que era de su ex. Y la coacción, por haberle pedido (y cobrado) dinero bajo amenazas de denunciarlo por violencia de género, por supuestas lesiones que había sufrido en la nariz y las mamas, con lo que sería detenido.
Con las partes conformes con el carácter de este acto que cerraba el juicio, Reinaldi le habló a la acusada indicándole: “Por no tener antecedentes computables, no creo que sea necesario privarla de la libertad”.
Sin embargo, el juez le dijo que no es bueno manipular “las ideas, la cuestión de género, los tribunales”, como así tampoco “desacreditar a la gente”, como lo hizo ella.
Por otra parte, el abogado penalista Luis León, que asistió al juicio como querellante en representación de la víctima (el hijo de un empresario adinerado), aseguró que Miranda lo denunció por violencia de género y lo llevó hasta el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Los hechos no existieron, aseguró el letrado, y la presentación no prosperó.
Además, en Tribunales 2 informaron que a pesar de la liberación del funcionario aeroportuario y de su sobreseimiento, aún tiene pendiente otra denuncia por “abuso sexual” que le hizo “China” Miranda. Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido dentro de un ascensor, pero las circunstancias tornan muy poco verosímil esa versión.
Por suerte, apareció un video que sigue siendo prueba clave para el funcionario del aeropuerto. Esto se agrega a la condena en suspenso y a los antecedentes que comprometen a “China” Miranda.
