Dos oficiales de la Policía de la Ciudad fueron procesados por encubrimiento agravado y falso testimonio acusados de haber colaborado con otro efectivo que en agosto de 2019 derribó de una patada a un hombre que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal, informaron este lunes fuentes judiciales.
El sitio institucional Fiscales.gob.ar reveló que la decisión fue adoptada por la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Susana Bernan, a pedido de la entonces fiscal del expediente Ana Yacobucci, en el marco de la causa principal por el homicidio preterintencional de Jorge Martín Gómez (41), quien murió en agosto de 2019 luego de haber sido derribado de una patada y golpearse la cabeza en la caída, en Carlos Calvo entre Saavedra y Alberti, de San Cristóbal.
En diciembre pasado, el actual fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 32, había solicitado la indagatoria de tres efectivos policiales por los delitos de “encubrimiento agravado, falso testimonio agravado y falsedad ideológica”.
En su pedido, Gómez Barbella había considerado que actuaron “en forma conjunta y coordinada para ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros y pruebas del delito” para ayudar a otro policía, Esteban Ramírez (44), con el objetivo de que pueda eludir la investigación en su contra.
Los tres policías fueron indagados por la jueza Bernan que ahora procesó, aunque sin prisión preventiva, a dos de ellos, la oficial primero Lorena Alejandra Luna y el oficial primero Sergio Daniel Sendra, como coautores de “encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos” y de “falso testimonio”.
Se trata de los otros dos policías que quedaron grabados junto al policía Ramírez en el video que registró todo lo sucedido y que es una prueba clave del expediente.
La jueza consideró que ambos oficiales de la comisaría vecinal 3B observaron cuando el policía Ramírez le dio la patada que hizo que Gómez cayera al suelo y que advirtieron “la gravedad de las lesiones que padeció”.
De acuerdo a la resolución, eso permitió explicar por qué “obraron como lo hicieron” y con la finalidad de ocultar lo ocurrido para evitar que el policía “pudiese ser responsabilizado por ello”.
“Pese a sus años de experiencia y a que lo que acababan de presenciar ameritaba indudablemente intervención judicial, no iniciaron actuación alguna. Por el contrario, y sin perjuicio de la gravedad de lo ocurrido, actuaron como si nada hubiese pasado”, remarcó la magistrada.
Destacó también que hasta que llegó la ambulancia omitieron secuestrar el cuchillo que Gómez tenía y que luego la oficial primero recogió sin colocarse guantes un destornillador, un gancho metálico y un certificado de discapacidad -elementos que la víctima tenía en su poder-, y se los guardó en un bolsillo para luego dárselos al oficial de la Gendarmería Nacional que fue asignado al caso.
También señaló que cuando habían prestado declaración testimonial, Luna y Sendra declararon falsamente e intentaron hacer creer que Gómez había agredido a su colega con el cuchillo y que el policía “tan sólo había actuado defensivamente”.
En relación al tercer imputado en esta causa, el oficial inspector Héctor Alejandro Febula, la jueza destacó que su vinculación a la investigación se da porque, al producirse el hecho, era el jefe de servicio judicial de la comisaría vecinal 3B, y la persona que efectuó las consultas telefónicas por lo ocurrido con la Fiscalía y el Juzgado.
Sin embargo, a diferencia de los otros dos imputados, consideró que no existen pruebas en la investigación que lo ubiquen en la escena del crimen y que supiera exactamente lo que había ocurrido, por lo que dictó su falta de mérito, algo que Gómez Barbella ahora evalúa apelar.
“No se ha demostrado que el nombrado haya observado lo sucedido ni tampoco que alguna otra persona se lo haya contado fidedignamente, por lo que no se puede afirmar que, al realizar las consultas con las autoridades judiciales, supiera lo que realmente había pasado”, indicó Bernan.
El hecho principal que tiene al policía Ramírez imputado y elevado a juicio por homicidio preterintencional, ocurrió alrededor de las 7.30 de ese 19 de agosto de 2019, cuando ese policía y Sendra llegaron en sus motos a Carlos Calvo y Saavedra tras oír una modulación en la que se informaba que había un hombre con un cuchillo en actitud agresiva.
El hombre indicado ?Gómez-, caminaba por la bicisenda con las manos detrás de la espada, mientras era seguido por la oficial Luna, quien les avisó que llevaba un cuchillo.
En ese momento, Ramírez se colocó delante de Gómez y le habría ordenado que dejara caer el cuchillo y le mostrase las manos, tras lo cual le dio una patada en la zona del abdomen que provocó que cayera de espaldas al suelo y golpease la parte posterior de la cabeza, lo que le ocasionó una fractura lineal fronto-parieto-occipital de cráneo, que derivó en su muerte en el Hospital Ramos Mejía.
Ramírez iba a comenzar a ser juzgado el 6 de septiembre del año pasado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 9, con una imputación por “homicidio preterintencional” (cuando queriendo ocasionar un daño, se produce la muerte de una persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte), delito que prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Pero el debate se suspendió tras un pedido del abogado querellante, Ignacio Trimarchi, para que se aceptara como parte a otro de los hermanos de la víctima, porque el que estaba designado falleció un mes antes por Covid-19.
Como el TOC 9 se opuso, la querella apeló y espera que la Casación acepte el planteo y que “de una vez por todas se fije fecha y se haga el juicio”, dijo hoy Trimarchi a Télam, quien además agregó que lo ideal sería que “en el mismo debate se juzgue también a los policías ahora procesados por encubrimiento”.
