El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, se encuentra en el centro de una denuncia penal que lo señala como el presunto líder de una organización dedicada a la apropación ilegal de campos en Santiago del Estero.
El esquema, que afectaría a cientos de víctimas en todo el país, tiene impacto en la provincia de Córdoba, donde empresarios de localidades como Oncativo, Laguna Larga, Pilar y Jesús María denunciaron haber sido despojados de sus propiedades mediante violencia y falsificación de documentos.
El caso Frattari: amenazas y pistas clandestinas
Uno de los testimonios más contundentes es el de Bruno Frattari, productor de Oncativo, quien denunció que el campo de su familia fue usurpado en 2011 por personas vinculadas a Toviggino. Según Frattari, el terreno comenzó a ser utilizado para actividades ilícitas, específicamente para el tráfico de drogas utilizando pistas de aterrizaje situadas en la parte posterior del predio.
Frattari relató un encuentro personal con el dirigente de la AFA, facilitado por comisionistas rurales de Laguna Larga y Pilar. En una reunión en un bar de Santiago del Estero, Toviggino le habría admitido la usurpación alegando que tenía “órdenes de arriba” y le propuso vender el campo para repartir las ganancias al 50%. Tras denunciar la existencia de las pistas de aterrizaje ante la justicia federal, el productor cordobés recibió amenazas y debió vivir con custodia de Gendarmería Nacional durante siete meses.
Productores de Jesús María en la mira
La zona de conflicto principal se sitúa en el departamento de Alberdi, donde productores agropecuarios de Jesús María se habían instalado a finales de los noventa para desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos.
Sin embargo, a partir de 2011, estos productores denunciaron la irrupción de grupos armados, presuntamente vinculados a barras bravas, que utilizaron la violencia, la quema de instalaciones y la destrucción de bienes para expulsar a los trabajadores rurales.
Modus operandi y complicidad judicial
El abogado Edgardo Taboada, quien representa a varias víctimas, describe este fenómeno como una “industrialización” del robo de campos, estimando que la red controlaría unas 50.000 hectáreas en el corredor de la ruta 9. El patrón de operación denunciado incluye:
- Ocupaciones violentas de terrenos.
- Uso de testaferros, entre los que se mencionan a familiares, empleados domésticos y otros directivos de la AFA.
- Falsificación de escrituras y títulos de propiedad para simular ventas legítimas a terceros.
- Utilización de empresas como Malte SRL y Soma SRL para la titularidad de tierras con irregularidades.
Los damnificados cordobeses denuncian que la justicia en Santiago del Estero mantiene estas causas paralizadas o archivadas desde hace más de una década.
Por este motivo, buscan que la justicia nacional unifique las investigaciones -incluyendo causas por activos en Buenos Aires- para romper con la supuesta protección política y judicial que ampara a la organización en territorio santiagueño. Hasta el momento, Toviggino no emitió una respuesta pública oficial ante estas graves acusaciones.
