Pasaron sólo 24 horas de la publicación de este diario donde se refería que en la causa Zoe Azul había uno de los 17 imputados que se mantenía prófugo. Al día siguiente de la nota, un “emisario” se presentó a informar que Francisco José Stampfli se presentaría ante el fiscal Enrique Gavier, lo que se concretó este jueves por la mañana.
La causa Zoe Azul analiza una serie de estafas piramidales cometidas en filas de la Policía de la Provincia de Córdoba con decenas de uniformados y empleados de la fuerza de seguridad como víctimas y con montos multimillonarios en pesos. La líder de lo que se considera una asociación ilícita es María Eugenia Zulberti, exdependiente de la Policía y abogada.
Ella y otras 14 personas están detenidas a disposición del fiscal, en su mayoría policías, quedando en libertad sólo dos de los imputados.
De los 17 involucrados en la maniobra que analiza la instrucción de esta causa, estaba prófugo el civil Francisco José Stampfli, quien este jueves se presentó en la Fiscalía de Delitos Complejos del 1° Turno y se puso a disposición de Gavier. De inmediato, se dispuso su detención, quedó imputado por asociación ilícita y se le tomó declaración indagatoria.
La reciente nota de La Voz hacía referencia al avance de la investigación, con la detención de tres imputados más, Mario Fernando Juncos, María de los Ángeles Argüello (policías) y José Héctor Di Lenardi (civil).
Ahora, Stampfli fue alojado en la cárcel de Bouwer y queda a la espera de que se resuelva su situación procesal. Fuentes judiciales anticiparon que ese trámite se hará junto con el de los tres recientes detenidos. Las posibilidades de estos cuatro detenidos son dos, que obtengan libertad -probablemente bajo caución- o se les dicte la prisión preventiva.
Los involucrados
La abogada Zulberti integró la Policía y, se indica, habría sido echada de la repartición. Luego, ejerciendo de abogada, se desempeñaba en la Fundación Mayéutica, donde habría estado la base de operaciones de la financiera, usando los contactos de policías a los que se les hablaba de la conveniencia de “invertir” en la organización.
El presidente de esa fundación era el abogado Roberto Carlos Espinosa, quien se desempeñó en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre los civiles, también se encuentra el profesor de Matemáticas Aldo Daniel Moreno, quien habría sido el “contador” de la organización.
Pero para ganar la confianza de los uniformados que querían hacer crecer sus ahorros, era necesario tener en el interior de la Policía a integrantes de la fuerza. Hay varios oficiales y algunos suboficiales, como el subcomisario de la Comisaría 9ª Federico Barrionuevo, el sargento Lucas Torres, quien se desempeñaba en el Departamento Transporte de la Policía (barrio Altamira), el comisario Héctor Eduardo Juncos, el oficial (de baja) Luciano Juncos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos, el sargento Jorge Luis Díaz (que trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.
Además, como ya se relató, están entre los imputados tres hijos de la represora Mirta “Cuca” Antón, única mujer condenada a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Ellos son la cabo primera Leticia Celeste Buceta, quien se desempeñaba en el Departamento Transporte; el sargento Mariano José Buceta Antón, quien trabajaba en la División Recarga de Cartuchos para Armas, y la cabo primera Guadalupe Rocío del Rosario Buceta, quien estaba de licencia sin goce de haberes en la División de Tecnología y Telecomunicación de la Policía. Los tres son a la vez hijos de José Raúl “Sérpico” Buceta, al igual que “Cuca” Antón, exintegrante del Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como “D2″, durante los años de plomo de la década de 1970.
Espinosa y la cabo Guadalupe Rocío Buceta fueron liberados por el juez de Control y Faltas N° 7 de Córdoba, Manuel Sebastián Ayán. Los otros 15 imputados, continúan privados de la libertad.
