La Provincia decidió dejar abierto el registro de aspirantes y ampliar el criterio para reincorporar policías retirados para reforzar los patrullajes y las tareas de seguridad pública.
En principio, la convocatoria de aspirantes vencía esta semana, pero se ampliará el plazo para tratar de captar un número mayor de retirados. Con la misma meta, se decidió ampliar el llamado a los retirados tanto de forma voluntaria como obligatoria, siempre que esta segunda causalidad no esté motivada en causas judiciales, sanciones disciplinarias o casos de violencia de género.
Los policías no serán, técnicamente, considerados personal activo. Se mantendrán como pasivos y cobrarán por sus servicios como adicionales de seguridad pública. Para hacer más tentadora la propuesta, se dispuso que se garanticen 20 horas semanales de ocupación y un plus del 25 por ciento sobre el valor oficial de la hora de adicional.
Los requisitos que plantea la convocatoria son:
- Contar con la habilitación para realizar servicios adicionale.
- No registrar antecedentes penales y/o contravencionales y/o administrativos desfavorables.
- Tener hasta 59 años de edad como máximo a la fecha de la Inscripción.
- Realizar la capacitación de nivelación de contenidos.
Para el secretario de Seguridad provincial, Claudio Stampalija, este último punto es clave: “Será obligatorio que tomen un curso de capacitación para incorporar los protocolos de actuación vigentes, como los que tienen que ver que el uso de armas y la Ley Micaela”, ejemplificó Stampalija.
No es un punto menor, en el contexto del juicio por el asesinato policial de Blas Correas, la exigencia a la hora de reincorporar policías retirados es que se estudie muy bien el criterio, muy restrictivo en el papel, de uso de armas de fuego en situaciones de calle.
En el decreto se lo consigna en forma expresa: “el personal convocado, previo a su incorporación, deberá cumplir y aprobar con carácter obligatorio la capacitación relativa a los protocolos de actuación policial vigentes que serán dictados por la Dirección General de Recursos Humanos”.
La ampliación será incluida en un nuevo decreto, en el que se analiza que “para la prestación de los servicios adicionales de seguridad no se efectúa ninguna distinción entre el personal retirado de forma voluntaria u obligatoria, ni el hecho de haber sido pasado a retiro obligatorio constituye una causal de inhabilitación para ser designado para la prestación de servicio adicional; motivo por el cual; no existiría obstáculo alguno para que estos últimos puedan ser incluidos en la convocatoria”.
A la par, la Provincia avanza en la búsqueda de acuerdos con las empresas privadas de seguridad para reasignar la vigilancia en puntos fijos de interés público como hospitales, bancos y escuelas a vigiladores privados, para liberar los adicionales policiales para las tareas de patrullaje.
Stampalija confió que también a estos vigiladores se les exigirá que capaciten a su personal, con contenidos y docentes que serán provistos por el Estado, para garantizar que estén al tanto de los protocolos y la normativa vigente.
La Provincia asegura que no hay un número bajo de policía por cantidad de habitantes. Oscila entre 625 y 650 por cada 100 mil habitantes, según estimaciones oficiales. Sin embargo, admiten que por el actual contexto y el hecho de que recién habría nuevas incorporaciones de suboficiales a fines de 2023 es necesario reforzar la presencia en la calles de personal de azul.
Déficit de policías en la calle
En la actualidad, hay alrededor de 20 mil efectivos para toda la provincia. Unos ocho mil se desempeñan en Capital. La cifra engaña: de ese total, alrededor del 30 por ciento hace prevención arriba de un móvil.
Es decir, alrededor de 2.400 policías son quienes patrullan los barrios de la Capital; a su vez, divididos en turnos. Esa cantidad puede verse disminuida teniendo en cuenta las licencias o situaciones pasivas por faltas o investigaciones.
Pero hay más. En paralelo, dada la falta de recursos humanos, se están revisando los casos de efectivos que están en tareas no operativas (TNO), para que regresen a la calle.
En TNO están todos quienes salieron de licencia médica o psiquiátrica y volvieron a trabajar. No tienen arma y hacen tareas de oficina. Nada de patrullaje.
Así las cosas, comenzó a revisarse qué policías ya pueden terminar sus licencias y volver a hacer prevención y rondas en móviles.
Desde la Policía reconocen que hacen falta al menos unos 800 efectivos.
Sin mano de obra suficiente
Los casos de “gatillo fácil” en 2020 –con Blas Correas y Joaquín Paredes a la cabeza– tuvieron sus consecuencias en la Policía de Córdoba.
La más seria fue la purga que detonó en lo más alto de la Jefatura policial. El comisario general Gustavo Vélez y todo su equipo fueron pasados a retiro y, en sus lugares, asumieron Liliana Zárate Belletti como jefa y su Estado Mayor.
Las siguientes consecuencias fueron dos: se mandó a enseñar otra vez el uso de las armas, y se decidió que los suboficiales estudien más tiempo antes de poder salir a la calle.
En vez de estar 14 meses en la escuela policial, deben estudiar tres años. El objetivo: que aprendan en serio a ser uniformados antes de tener placa y pistola.
Así las cosas, la fuerza policial no cuenta todavía con suboficiales para presentar en el corto plazo.
La próxima camada será presentada recién en diciembre de 2023.
No está claro cuándo se presentarán los cuadros de oficiales.
El delito “muerde”
Un reciente informe del Ministerio de Seguridad de la Nación da cuenta de que en la provincia de Córdoba, si bien disminuyó la cantidad de homicidios dolosos entre 2020 (año de la cuarentena) y 2021, en ese mismo período crecieron los robos y delitos contra la propiedad.
Del informe surge que, entre robos y hurtos (los consumados y las tentativas), se denunciaron 69.925 hechos en toda la provincia de Córdoba en 2020, mientras que en 2021 estos treparon a 78.557.
Esos números representan la cifra “blanca”: los casos denunciados por las víctimas. Existe un alto porcentaje de personas que, por diversos motivos, optan por no denunciar.
Aún no se conocen cifras delictivas de 2022. Sin embargo, según reconocen fuentes oficiales, la situación viene siendo preocupante.
En el amplio abanico delictivo que se registra en la Capital, se encuentran: asaltos contra familias, comercios, fábricas, robos a domicilios, asaltos callejeros, motochoros, bandas que se mueven en autos y dan pequeños y grandes golpes, y un sinnúmero de delitos.
En ese cuadro, están también los robos y ataques vandálicos contra escuelas adentro y afuera de los establecimientos.
