- Cristian Fabián Ortíz
- señalado en la causa con un rol importante dentro de la banda de Río Cuarto
- es buscado por Interpol.
- Ya tenía una orden de detención por el robo de una caja fuerte en Devoto.
- Habría cometido ese delito junto a otro de los presuntos cabecillas narco.
El 12 de febrero último, a menos de un mes del asesinato de Claudio Torres, el juez federal Carlos Arturo Ochoa envió a un oficio a Interpol. Pidió la captura internacional de Cristian Fabián Ortíz (41), supuesto "lugarteniente" de Torres. Se presume que era uno de los "capos" del tráfico de droga orquestado por la banda de Río Cuarto en varias provincias y hasta en países limítrofes.
Ortíz ya tenía una cuenta pendiente con la Justicia provincial de Córdoba. La Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco había dictado, en diciembre, una orden de captura en su contra. Faltó a un juicio en el que estaba acusado de “robo calificado por escalamiento”.
Se le endilga un hecho cometido en la mutual Sociedad de Socorros Mutuos, de la localidad de Devoto, hace cuatro años. Por ese delito fueron condenados el cabo de la Policía Mariano Exequiel Valero y tres cómplices: “el Porteño” Victorio Joaquín Bernardo y los riocuartenses Daniel Humberto Nieto y Mariano Martín Rivarola (procesado como presunto cabecilla de la organización de narcolavado en Río Cuarto).
Según la investigación de Policía en Devoto, Rivarola, Ortíz y Nieto se contactaron con Valero a través de Victorio Bernardo y su padrino, un expolicía de apellido Grimaldi.
El 24 de febrero de 2015, con la zona liberada por Valero, Ortíz y Rivarola y otros involucrados llegaron a la mutual en dos camionetas. Entraron por los techos, violentaron puertas internas, y se llevaron unos 435 mil pesos y cheques por 3,5 millones, además de la computadora del sistema de vigilancia.
En el juicio, Valero reconoció los hechos; Rivarola los negó, dijo que ese día estuvo en su casa en Río Cuarto. Y Ortíz directamente no compareció en el juicio, por lo que lo declararon en rebeldía y pidieron su detención.
El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Judicial, Roque Alberto Ojeda, oportunamente declaró que apenas fue comisionado a San Francisco, “ya se tenía conocimiento de que los autores podían ser de Río Cuarto”.
Relató que en el domicilio de Ortíz hallaron la documental de dos camionetas Toyota Hilux a nombre de su concubina, Gabriela Sueli Suárez. También encontraron en la casa de Ortíz la caja de un GPS (que habría estado colocado en la camioneta de Nieto, uno de los autores del robo).
La Policía Judicial interceptó, además, el tráfico de las antenas que, en ese período, había operado en Devoto. Los celulares se habrían activado sólo para cometer el hecho.
Pruebas en contra
En el celular de Ortíz hallaron agendado un teléfono de Córdoba con el contacto “VI”; se supone era utilizado Victorio Bernardo. El GPS secuestrado en la camioneta de Nieto reveló el trayecto de la banda desde Río Cuarto a Devoto. En esa población, cámaras de seguridad también captaron a la camioneta estacionada detrás de la mutual, siempre según consta en el expediente.
Ortíz tenía en su casa los papeles de dos camionetas Hilux. A una la transfirieron justo en esos días a un expolicía de San Luis. La camioneta que se usó para el robo de Devoto era “una Toyota Hilux, edición limitada, con barrales”.
Los pesquisas indicaron que uno de los teléfonos investigados estaba en Villa Carlos Paz y pertenecía al expolicía Marcelo Grimaldi. Habría sido un padrino de Valero y presunto “nexo” con Bernardo. Según se expresa, a los tres días de que la Justicia pidiera la intervención de su teléfono, Grimaldi se suicidó.
Preparados para delinquir
Según la sentencia del juicio de San Francisco, una llamada anónima a la Policía advirtió que el robo de la mutual había sido cometido por riocuartenses. Una voz con tonada cordobesa mencionó a “el Paisano” Cristian Ortíz, a Rodríguez, Nieto, Rivarola y a un tal Homero (no identificado), como presuntos autores.
Cuando allanaron la casa de Ortíz en Río Cuarto, le secuestraron celulares, facturas varias y documentación de una camioneta a nombre de su mujer.
Según se ventiló en el juicio, al allanar el Pasaje Cuyo 536, donde se encontraba Mariano Rivarola, este primero pareció colaborar, pero luego habría tratado de fugarse por los fondos, por lo que fue detenido. Se le secuestró una camioneta gris que estaba a nombre de su padre, Pedro Andrés Rivarola.
Para los expertos de la Policía, “era un vehículo preparado para delinquir”.
Se determinó que la camioneta "tenía una llave de punto no original en el circuito de luz (...) para interrumpir el paso de corriente hacia las luces de posición y stop traseras, sin que esta desvinculación produzca interrupción en el circuito de luces alta y baja". Con esto habrían logrado tener las luces de adelante prendidas y las de atrás, apagadas, supuestamente para poder huir sin ser vistos.
Multados por la Caminera
La causa de San Francisco revela que, por una infracción, se pudo probar que Rivarola conducía habitualmente la camioneta presuntamente usada para el robo y que tenía una relación cercana con Ortíz.
De acuerdo a lo consignado, una vez que la Policía Caminera le hizo una multa a Mariano Rivarola por conducir la Toyota Hilux patente LFU 985 con su licencia vencida. Y en esa misma acta se dejó constancia de que continuó en el manejo Cristian Ortíz. Al parecer, el ahora prófugo, tenía el carné en regla.
Otro dato surge de un informe de una concesionaria que le vendió la Toyota a la pareja de Ortíz, Gabriela Sueli Suárez. Allí se hizo figurar que para requerir el mantenimiento del vehículo también estaba autorizado Andrés Rivarola, hermano de Mariano, otro de los imputados como cabecilla de la megacausa de narcolavado de Río Cuarto.
En la sentencia del Tribunal de San Francisco presidido por Mario Comes, también se menciona que, al investigar a Mariano Rivarola, se secuestraron armas y otros efectos en el Pasaje Cuyo 536 de Río Cuarto. Se afirma que luego se comprobó que esos elementos “no pertenecían a Mariano Rivarola sino a su hermano Andrés”, así que le fueron devueltos.
La Cámara de San Francisco condenó a Mariano Rivarola a cinco años de prisión por el robo a la mutual de Devoto. Pero, igual que a Bernardo, lo dejaron en libertad hasta que la sentencia esté firme. Ahora su situación es complicada porque está con procesamiento y prisión preventiva en la Justicia Federal por el narcolavado.
Viajes y bolsos
En la investigación de la Justicia Federal de Río Cuarto, Cristian Ortíz aparece mencionado en numerosas tareas de campo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Entre las escuchas resalta una comunicación entre Ortíz y una persona que podría ser Rodrigo Marcial Villar Benítez, en la que hablan de “cogollos” –término con el que normalmente se nombra al estupefaciente–, de viajes a Bolivia y a Chile, y de una posible conexión de Ortíz con gente de estos países.
La PSA tiene registro de cómo Ortíz llevaba y traía bolsos desde agencias de autos de Río Cuarto hasta los domicilios de otros presuntos cabecillas de la banda.
Habría constancias de reuniones, además de publicaciones en redes sociales que dejan clara su relación con los hermanos Rivarola, Bossi, Torres, Monserrat, Rodrigo Marcial Villar Benítez y Ariel Cortez, entre otros involucrados.
Según cita la resolución del juez Carlos Ochoa, en 2017 tanto Ortíz como su pareja, Sueli Suárez, habrían estado autorizados a conducir los mismos autos que Torres.
Migraciones da cuenta de numerosas salidas de Ortíz, una de ellas a Paraguay, por 10 días, en enero de 2018 (acompañado por Jonathan Palacios, el otro prófugo del narcoescándalo). También informa un viaje por dos días a Bolivia, en marzo del 2018; otros ingresos a Chile, en camioneta y en avión. Una vez, Ortíz y Suárez sólo estuvieron 11 horas en el país trasandino.
El último procesamiento con prisión preventiva por narcolavado dictado el jueves por el juez Ochoa fue el de Gabriela Sueli Suárez, pareja de Ortíz. La PSA logró su inmediata detención. Con ella suman 30 imputados.
