Femicidas. Ladrones homicidas. Matahijos. Matapadres. Asesinos de adultos mayores. Criminales que encargan y sicarios que ejecutan. Violadores y asesinos de niñas. Múltiples y seriales. Secuestradores que matan. Matapolicías. Policías de gatillo fácil. Represores. Hay 246 presos en cárceles de Córdoba que están condenados a prisión perpetua por un catálogo completo de crímenes horrendos.
Agotaron todas las instancias de apelación, acumularon ratificaciones y rechazos a planteos, quejas y recursos, y con condenas firmes, sólo 10 de ellos tienen una fecha, la mayoría aún lejana, de cumplimiento de pena. El resto, ni siquiera eso.
Los perpetuos viven –esa es su vida– en ese purgatorio. Están en el último peldaño antes de transgredir el “No matarás”, la autolimitación de raíz bíblica de nuestro sistema penal.
Sus crímenes actualizan los círculos del infierno del Dante. En La Divina Comedia, serían quienes viven la eternidad inmersos en el Flegemonte, un río de sangre hirviente que simboliza la que derramaron en vida.
En este trabajo, son los hombres que asesinaron a mujeres (79); quienes robaron y mataron (77), los y las homicidas (60) –incluso quienes no se ensuciaron las manos y mandaron a matar–; los padres y las madres que mataron a sus hijos (21); asesinos múltiples (6); policías de gatillo fácil (2); represores de la última dictadura (1).
En la evolución de la población de “perpetuos” a través de los años, se puede ver el “cambio de época”: al principio, la mayoría eran presos por homicidios agravados en ocasión de robo, pero en la última década los hombres que matan a mujeres, en contextos de violencia de género, pasaron a ser los más numerosos.
La antropóloga Rita Segato, en su estudio sobre “El color de la cárcel en América latina”, dice que estudiar la población penitenciaria es entender “la selección de los bienes protegidos penalmente y de los comportamientos ofensivos a estos bienes”, a la vez que comporta “una selección de los individuos criminalizados”; en este caso, con las condenas más severas que prevé la ley.
Tan interesante como lo que hay es lo que (casi) no hay: narcocriminalidad, violencia política, desapariciones forzadas de personas.
Con pedidos de información a la Justicia provincial y a la Justicia federal de Córdoba y al Servicio Penitenciario local, La Voz logró armar el listado completo, uno por uno, de los encarcelados con perpetua en las cárceles provinciales. Quiénes son, qué hicieron, dónde están ahora: de eso se trata este informe especial.
Muchos de estos casos son parte de la historia criminal; otros, no menos horribles, no dejaron marca en la memoria colectiva.
La mitad (justo: 123) convive en el Complejo Carcelario 2, de Cruz del Eje, el mayor penal de condenados de la provincia. Allí está el famoso asesino múltiple Roberto José Carmona, quien recibió este año su cuarta perpetua. Pero no es nuestro mayor matador serial: Rodolfo Alberto De Luca, preso en el penal de Río Cuarto, asesinó seis veces. Con 78 años, de los cuales 45 pasó preso en distintas cárceles de la provincia, siente que vivió “una vida privilegiada” que se está extinguiendo por un asesino peor: el cigarrillo, que le dejó una Epoc en fase terminal.
En Cruz del Eje también cumple su condena el expolicía Jorge Worona, el último de los represores condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad que está en una cárcel común. Allí mismo está preso Víctor Hugo “Mandrake” Quinteros, el sicario que para la Justicia fue contratado por Mercedes Segalá para matar al marido de esta, el panadero Héctor Corradini, hace 26 años. “Pirucha” Segalá también está presa, pero en la cárcel de mujeres de Bouwer. Pasa sus tardes viendo novelas y pide cosas dulces a las pocas visitas que recibe. “Acá, en la cárcel, no hay nada dulce”, dice.
En las prisiones de Córdoba, hay un preso con una condena que ya superó los 35 años encarcelado de corrido: José Hipólito Eley, “el Tucumano”, quien ingresó a un penal provincial en 1988 –hace 36 años– y fue condenado por primera vez en 1991 por homicidio en ocasión de robo. En 2016 fue parte de un motín carcelario en la prisión de Cruz del Eje, por el que también fue condenado. Tiene hoy 53 años.
Además, hay otros 21 condenados a perpetua que cumplen arrestos domiciliarios. El grupo mayor de ellos son exrepresores presos por causas de lesa humanidad: 16. Los otros cinco “perpetuos” extramuros figuran, en la estadística, a cargo del Patronato del Liberado. No todos tienen tobilleras electrónicas para evitar que el encierro domiciliario no sea violado.
Los perpetuos son casi todos varones: hay apenas 17 mujeres encarceladas con el máximo de la pena. Siete de ellas están presas por matar a sus hijos, y cinco por haber asesinado o encargado la muerte de sus novios, parejas o maridos. Apenas una está presa por matar en un robo, y es en una causa en la que también está condenado un hombre.
Este grupo de moradores casi permanentes de las prisiones viene creciendo, como toda la población carcelaria, pero todavía un poco más.
En 2020, eran 204 los internos condenados a perpetua. Este número trepó a 254 a fin del año pasado. Hoy son 246, sobre una población con 13.489 internos a mediados de año. Este número se va a quedar muy corto pronto, cuando se agoten los recursos de apelación de los condenados a prisión perpetua en los últimos años, que para el Servicio Penitenciario aún se consideran procesados.
Desde 2018 hasta 2023, los jurados populares –quienes tienen a su cargo juzgar todos los casos que pueden llegar a este tipo de condena desde hace 26 años en Córdoba– dictaron 118 perpetuas, de las cuales apenas 42 llegaron a sentencia firme y están contenidas en el número de 246 presentados en este informe. Hay 76 casos que se encuentran en distintas instancias de casación y pueden terminar engrosando este grupo, correspondientes a las sentencias de cinco años atrás.
Están en este lote el policía Maykel Mercedes López, condenado en primera instancia por el asesinato del adolescente Joaquín Paredes en Paso Viejo, y los también policías Lucas Gómez y Javier Alarcón, condenados por matar en contexto de violencia institucional al adolescente Valentino Blas Correas. También el camionero Luis Alberto Ludueña, culpado por asesinar a Valeria Oviedo, la joven de 21 años de Despeñaderos; y Fabián Alejandro Casiva, condenado por el transfemicidio de Azul Montoro, entre muchos otros.
Hay varios más que son causas abiertas más antiguas, como las que tienen los procesos con perpetua en primera y segunda instancia contra seis represores.
Habría que sumar a este listado las perpetuas dictadas en primera instancia este año y aún no consolidadas por la Justicia en sus registros, como la sentencia contra Irina Flehr, la hija del arquitecto Reynaldo Flehr, condenada, junto con su novio y otros dos cómplices, a perpetua por el asesinato de su padre en un crimen calificado por la codicia.
También le queda un camino que se prevé largo de apelaciones a la condena que recibió el exjefe de Defensa Civil provincial Diego Concha, sentenciado por abuso sexual e inducción al suicidio de la bombera Luana Ludueña. Será vital para esa sentencia qué se defina sobre su precedente jurídico más parecido: la condena a perpetua que recibió Walter Insaurralde, quien violó sistemáticamente a su hija Sathya cuando ella tenía entre 8 y 14 años, luego la joven se quitó la vida en enero de 2020, a sus 19 años, y en 2021 se le atribuyó al hombre el homicidio. Ese caso aún no tiene sentencia firme.
También están quienes esperan el debate oral, con un horizonte de condena a perpetua, como la enfermera Brenda Agüero, acusada de la muerte de cinco recién nacidos y el intento de matar a otros ocho bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, cuyo juicio sería en enero de 2025. O Néstor Soto, el joven de Bariloche que asesinó a Catalina Gutiérrez, su compañera de estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, un caso de reciente elevación a juicio, que podría también ser debatido en los primeros meses del año próximo.
Cuántos años son una perpetua
El abogado Lucas Crisafulli publicó un artículo en la revista La Tinta en el que explica de manera didáctica cómo fue cambiando a lo largo de los años el criterio sobre qué significa una prisión perpetua en la Argentina. Dice: “Hasta el año 2004, una persona condenada a prisión perpetua podía acceder a la libertad condicional cumpliendo 20 años de prisión. Desde entonces, y debido a las modificaciones introducidas por la llamada reforma Blumberg, se accede a la libertad condicional cumplidos 35 años de prisión. Esto, sin embargo, se volvió a modificar en el año 2017, en el que se incorporó una serie de exclusiones a la libertad condicional. Con excepción del delito de traición a la Patria, todas las personas condenadas por delitos que contemplan penas de prisión perpetua tienen impedido acceder a la libertad condicional”.
Son pocos los delitos que contemplan pena de prisión perpetua en la Argentina:
- Homicidio calificado (artículo 80), entre los que se encuentra el femicidio, el homicidio calificado por alevosía o por ensañamiento y el parricidio, entre otros.
- Abuso sexual en el que resultara muerta la víctima (art. 124).
- Secuestro coactivo y secuestro extorsivo cuando resulta la muerte de la víctima (art. 142 ter, segundo párrafo y 170 penúltimo párrafo).
- Desaparición forzada cuando la víctima nazca durante la privación de libertad (art. 142 ter, segundo párrafo).
- Torturas en las que se causara la muerte de la víctima (art. 144 ter).
- Traición a la Patria (art. 214 y 215).
“La cantidad de años de prisión que implica la prisión perpetua dependerá del criterio que tengan los jueces de ejecución al momento de decidir si la persona puede salir a los 30, a los 50 o nunca”, remarca el abogado Crisafulli.
La ley Blumberg estableció que quedaban exceptuados del beneficio de libertad condicional (además de los reincidentes) los homicidios criminis causae, el abuso sexual cuando resultare la muerte de la víctima y la privación ilegal de la libertad coercitiva cuando se causare intencionalmente la muerte de la víctima. Con la llamada “ley Petri”, se sumaron los homicidios agravados (entre ellos, los femicidios).
Al ser una reforma reciente, hay pocos tribunales en el país que hayan fijado un criterio que explicite cuántos años dura la perpetua.
Algunos juristas entienden que existe una posibilidad –aunque remota– de que puedan pedir este beneficio después de cumplidos los 35 años de condena, si se considera que la restricción al beneficio se contradice con los tratados internacionales y se declara su inconstitucionalidad.
Se valen también de una interpretación del artículo 55 del Código Penal, que dice: “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión”.
El propio Luis Petri, actual ministro de Defensa y autor de la última reforma a la ley, dice que eso es un error, en una nota publicada por Página 12: “Lo de los 50 años es para las penas temporales; no aplica a la prisión perpetua. Por ejemplo, si los delitos cometidos ninguno hubiese tenido pena de prisión perpetua, como robo y homicidio simple, si la sumatoria de todos esos delitos puede superar los 50 años, queda en 50 años”.
Nada distingue a un perpetuo
Mercedes Segalá se tiñe sola y les hace los claritos a sus compañeras de pabellón. Luis Alberto Marcial saluda a cada uno de los otros presos con los que se cruza cuando va de su celda a la fajina y de ahí a las aulas donde estudia. Se sorprende de que conozcan su nombre; lamenta no recordar el de varios de ellos. Rodolfo Alberto De Luca aprendió a tocar la guitarra en prisión y le grabó un casete con 36 canciones folklóricas a una directora de un penal que enfermó de cáncer. Obras de Argentino Luna, Los Fronterizos, Atahualpa Yupanqui.
Un asesino condenado a perpetua no tiene una marca que lo identifique. No se le arquean las cejas como malvado ni se ríe en forma espectacular para celebrar o anticipar una crueldad, como “el Guasón”.
Tras el juicio que en 1961 condenó a pena de muerte al jerarca nazi Adolf Eichmann, el sociólogo estadounidense Stanley Milgram hizo un conocido experimento para tratar de entender si existía un límite moral y ético a la obediencia a la autoridad. Sería muy largo de explicar, pero con participantes seleccionados al azar, la prueba llegó a que cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad.
Notó que a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia; por el contrario, personas que han recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer.
Pero no había otra diferenciación. Personas perfectamente adaptadas a la sociedad, con trabajo y familia, sin antecedentes violentos, llegaban al punto máximo de crueldad del experimento. No se requería de ninguna personalidad especial para tener comportamientos sádicos. Se trata, dicho de otro modo, de “la banalidad del mal” de la que hablaba la filósofa alemana Hannah Arendt para describir cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático.
Estas referencias pueden parecer fuera de escala, pero vienen a cuento aquí porque no hay que esperar espíritus demoníacos, malos estereotipados y arquetípicos, sino personas, humanos, incluso en ese o esos actos que los encerraron para siempre. Resulta, aún, más perturbador.
El as de las perpetuas y el dilema de los jurados populares
Hay una cosa que tienen en común 29 condenados a prisión perpetua en los últimos 15 años. Todos mataron o tuvieron una participación clave en una o varias muertes, pero no es eso. En todas estas causas, entre las más famosas, las de Mercedes Segalá, el último homicidio de Roberto José Carmona o Daniel Alberto Ludueña, condenado por el abuso sexual y asesinato de la niña Abril Sosa, actuó como querellante en representación de los familiares de las víctimas el abogado Carlos Nayi, el más conocido de Córdoba en el presente, quien invirtió la lógica de los penalistas y no ganó su celebridad defendiendo, sino más bien atacando, como un fiscal bis.
“La pena de prisión perpetua en un veredicto condenatorio leído en una sala de audiencia genera una sensación de paz, de alivio y de confianza en la Justicia a los familiares de víctimas de crímenes atroces. Y esto ocurre a pesar de que la relación que existe entre la Justicia y la sociedad tiene las características de un matrimonio mal avenido, en el que la respuesta del sistema lejos está de conformar a quien pide justicia, a quien busca una condigna sanción para empezar a vivir el duelo en paz”, reflexiona Nayi.
Las condenas no devuelven al ser querido que se ha perdido. Y aun cuando la Justicia condena, puede haber insatisfacción.
“Muchas veces, la respuesta punitiva no llega a la máxima sanción, aunque se acerque a ella, y la sensación que prima es la de desencanto, de desesperanza, una sensación de que no se ha hecho justicia. Como querellante, uno trata de explicarles a las víctimas que, por la modalidad del hecho y la estructura legal en vigencia, en ocasiones la dinámica judicial no permite llegar a la perpetua; pero esto genera frustración y desencanto”, refiere el experimentado abogado.
Para Nayi, “hay que entender que hay personas que son irrecuperables y darles una oportunidad más es generar una situación de riesgo para la sociedad y ofender a las familias que sufren por haber sido alcanzadas por este criminal”.
–Como profesional que asiste, ante todo, a víctimas y a familiares de víctimas, ¿siente alguna satisfacción al conseguir que el resultado de una pena sea el de una prisión perpetua?
–Existe una sensación de paz, de serenidad, de sentir que ante el crimen aberrante, en estos hechos particularmente crueles, la única posible pena que corresponde es la prisión perpetua, y la respuesta judicial no siempre llega a este resultado. Alcanzar este objetivo, alejado de todo fin vindicativo, es honrar la definición helénica que dice que justicia es dar a cada uno lo suyo. Mi sentimiento, en estos casos, es que he contribuido a unificar lo que es justo y lo que es legal.
Desde 1998, las causas que pueden llegar a una sentencia de prisión perpetua son juzgadas por tribunales técnicos y jurados populares. Gonzalo Romero, director de la oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), valora que en todos estos años han sido muy pocos los fallos que fueron revertidos por el máximo cuerpo judicial. Eso habla de la solvencia que mostraron los jurados populares y la salud del sistema. Pero admite que algunos procesos generan un fuerte estrés a los “jurados legos”, en particular cuando se trata de casos de gran exposición mediática y en los que no hay una mirada común con los camaristas, los jueces “profesionales”.
Es por esto que Romero anticipó que se implementará “un servicio de acompañamiento y contención psicológica con profesionales del mismo Poder Judicial”, para que los ciudadanos que están obligados a definir sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona, y eventualmente tengan que asignarle la máxima pena que prevé la legislación argentina, puedan soportar el peso de esa decisión.
Qué hacen en prisión
Muchos condenados a perpetua estudian: 72 están en programas de educación formal y 73 en talleres y cursos de educación no formal, según las estadísticas del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Una buena parte está tratando de completar el primario o el secundario.
Como en toda la población carcelaria, el nivel educativo de los perpetuos es bajo: 30 no tienen el primario, 44 sólo completaron ese nivel, 52 abandonaron el secundario y 48 tienen ese título, requisito básico para aspirar a un empleo. Apenas siete presos perpetuos tienen un título universitario.
“Ser estudiante te da la posibilidad de dejar de ser un preso. Y yo elijo ser estudiante”, dice Luis Alberto Marcial, quien ya lleva 20 años de condena por un homicidio y en la cárcel busca completar su formación como profesor de Física, Química y Biología, que cumplía con su título de médico cirujano, cursando Psicopedagogía con el Programa de Universidad en la Cárcel (PUC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Marcial también trabaja como administrativo de las distintas “industrias” que funcionan en el penal de Bouwer. Como él, también son muchos quienes trabajan en el grupo de los “perpetuos”: 165 hacen alguna actividad laboral en prisión. Dentro de este universo, 55 tienen un trabajo formal y cobran un salario por sus tareas, según los registros del SPC.
Especialistas en tratamiento penitenciario dicen que estas actividades les sirven para obtener mejoras en su estadía y avanzar en fases de tratamiento. El objetivo no es salir, algo que es muy improbable, sino pasarla mejor en la cárcel. A su vez, estar en clases “los saca del rol de presos para ser alumnos” y “los conecta con lo que pueden aprender”, dos cosas que muchas de estas personas nunca experimentaron. “Un famoso psicólogo dice que en las cárceles encontramos desechos humanos y humanos deshechos”, dice uno de los expertos que, en algún momento, incluso trató a Carmona.
Marcial cuenta, en una entrevista con La Voz, que en su encierro atravesó cuatro etapas: “el miedo, la vergüenza, el arrepentimiento y la culpa”. No todos recorren ese camino. Otros se repiten el relato de la inocencia o la conspiración en su contra, hasta que se lo creen.
“El principal desafío que tienen es recrear una cotidianeidad, clausurar otras expectativas y vivir el aquí y el ahora, en un ambiente que puede ser muy hostil”, refiere una experta.
Son poco frecuentes el suicidio y el intento de suicidio en este grupo, algo que podría presumirse al revés. “En algunos, aparece un relato que puede ser místico o religioso, o una justificación, que les ayuda a sobrevivir”, refiere otro trabajador.
Salvo en el conocido caso de Carmona, no hay registros recientes de intentos de fuga de este grupo de condenados a perpetua. Los casos de “deserciones” –así llama a las fugas el SPC– se dieron en los últimos años en los internos que están en las etapas finales de su tratamiento, gozando muchos de ellos de regímenes de semilibertad. Como si operara, allí, una ansiedad por acelerar el tiempo.
Entre los perpetuos, es probable que la fantasía de la fuga funcione como tal, pero a menudo eso se desvanece mientras el preso va encontrando sus rutinas en la cárcel. Y muchos de ellos, explican, no tienen dónde ir. En condenas tan largas, el afuera se resquebraja. En particular, si el delito por el que están encerrados fue contra un familiar. Sólo hay una persona que siempre queda: la madre es incondicional.
“La mayoría recrea una ficción que le ayuda a tolerar el encierro y le permite seguir un día más. Acá, seguir un día más es siempre una victoria”, confía, con empatía, un preso que conoce a varios “perpetuos” porque comparte pabellón.
La convivencia es difícil. Los pabellones son para 50 personas, pero en cada uno hay más de 70. No hay privacidad ni para usar un inodoro. Y por más “pluma” que se crea un criminal, hay al lado otros que tienen igual o mayor ferocidad. Un preso, en esas condiciones, está tan preocupado por sobrevivir que sus planes a largo plazo no existen. Eso vale para quien tiene condenas de cinco o 10 años. Más aún entre quienes ni siquiera tienen una zanahoria delante que les muestre el final del encierro.
