“Faso”, “fasito”, “fafafa”, “fafa”, “merluza”, “ala”, “alita”, “pelpa”, “gilada”, “sofía”, “sacacara”...
No importa el nombre. Hace décadas que la droga se hizo su lugar en las cárceles. A espaldas o frente a miradas penitenciarias, la marihuana y la cocaína (y las pastillas más acá en el tiempo) comenzaron a ser ingresadas y no pararon más hasta convertirse en el escape para los que están encerrados y en el gran negocio para quienes saben y aprendieron a manejarlas. Manejarlas es poder.
La biblioteca criminal no escrita señala que buena parte de la droga siempre entró o entra a los presidios en los cuerpos de las visitas (dentro o adosadas), o bien ya escondidas en comidas, en paquetes, en prendas...
Otras tantas veces fueron y son ingresadas por guardias que aprendieron a sacar tajada. Otras tantas fueron proveedores de productos legales que aprendieron a introducirlas en camiones con comida.
Desde hace algunos años, los estupefacientes vuelan hacia los presidios de Córdoba. De manera literal.
Cada vez, pareciera haber más bandas que aprendieron el “gran negocio” de transportar drogas y celulares (ese otro gran botín para la reventa) a través de drones piloteados desde campos adyacentes.
La idea fue copiada de España.
En Córdoba, el fenómeno arrancó, se extendió y no para de crecer.
Todo comenzó en la cárcel de Cruz del Eje; luego se extendió a la de Bouwer, donde floreció. Ya hay casos de envíos de drogas por drones en otros penales, como Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
“Grillos voladores” y “palomas”
Le llaman “la paloma”: es un paquete armado con porros, dosis de cocaína, no más de tres celulares (por el peso), chips y cables. El paquete es embolsado y atado y es trasladado pendiendo de un hilo desde un dron.
Con coordenadas precisas enviadas a su vez por los presos, a través de celulares con los que cuentan en sus celdas, los “pilotos” de estos aparatos y que están afuera sólo deben encargarse de que los “grillos voladores” –como les dicen– lleguen hasta la ventana del pabellón.
Luego, es cuestión de que el preso corte el hilo y se quede con “la paloma” para revender en pabellones.
El dron se elevará y regresará a manos de su dueño para volver a ser cargado con más drogas y más celulares para viajes sucesivos.
Cada envío se llama “tiro”. Y enviar es “tirar”. Se requiere práctica. De aquí que practiquen en plazas.
Los envíos de drogas siempre son de noche. Los narcos ya aprendieron a anular las luces de sus drones para no ser detectados.
Ya en los pabellones, los presos jefes (“plumas”) se encargarán de ejecutar el negocio. La droga se paga de una sola manera: transferencias bancarias. Los celulares pululan dentro de los pabellones.
Hubo penitenciarios que hicieron y hacen su trabajo: ya sea a escopetazos o a palos, han logrado bajar varios “narcodrones”. Otros han logrado incautar las drogas antes de que llegaran a destino.
Ante el avance de esta actividad, la Justicia se puso a trabajar.
En el fuero Antinarcomenudeo de Córdoba, con trabajo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desbarataron dos presuntas bandas.
Ya hay una veintena de acusados presos, entre varones y mujeres, a los que se les suman presidiarios, que quedaron cercados en las causas.
El fiscal Carlos Cornejo, del fuero Antinarcomenudeo, dictó las prisiones preventivas contra los acusados de esas dos organizaciones.
Los expedientes, a la vez que complican y cercan a los imputados, son una radiografía de un fenómeno delictivo que llegó para quedarse.
El Servicio Penitenciario de Córdoba, aquella institución que se vio sacudida por escandalosas caídas de numerosos jefes por presunta corrupción, y que ahora cuenta con nuevas autoridades, prometió trabajar y lo hace a la par de la Justicia.
Choque cerca del peaje
Hacía varias noches que detectives de civil de la FPA daban vueltas en coches no identificables cerca de la cárcel de Bouwer. En las últimas jornadas, habían sido divisados varios drones que sobrevolaban la prisión. Algunos aparatos habían sido “neutralizados” por disparos de guardias.
Esa noche del 22 de mayo pasado, habría acción.
Los detectives de la FPA vieron un Corsa blanco sospechoso en un campo y fueron a controlarlo. Lejos de detenerse, el auto aceleró y se inició una persecución por la ruta 36 que terminó, cerca del peaje, cuando el auto dio contra un guardarrail.
Los ocupantes del Corsa quisieron correr, pero fueron reducidos. Al cabo de unos minutos, aparecieron decenas de camionetas negras de la FPA.
En el Corsa, se hallaron celulares, cintas de acetato, rollos de hilo y un dron. En un bolso, había 11 baterías de estos aparatos importados.
Cuando secuestraron los celulares, los de la FPA sonrieron.
Los allanamientos domiciliarios, a todo esto, trajeron más secuestros de tecnología.
Celulares y cámaras clave
El análisis de los celulares fue una pata clave para la pesquisa. Se descubrieron comunicaciones, llamadas, mensajes e intercambio de fotos y videos entre presos y cómplices externos, todo por WhatsApp. También se usa Facebook.
Otra pata central de la causa fue el análisis de cámaras de seguridad callejeras, entre otros chequeos.
La pesquisa del fiscal Cornejo determinó que un grupo de varones y mujeres de los barrios Los Álamos y General Savio habría logrado contactos con proveedores a quienes les compraban la droga al contado.
Luego, se armaban paquetes con dosis y celulares y partían con drones hacia la zona de Bouwer.
Iban en dos autos. En el de adelante, iban mujeres (parejas de presos), atentas por si había algún control policial. En el auto de atrás, viajaban los varones que piloteaban los drones. Usaban un Corsa, un Prisma, un Audi Q5. Todo se hacía desde campos adyacentes a Bouwer.
Toda la maniobra era controlada por los “plumas”. De hecho, los presos mandaban las coordenadas precisadas de adónde mandar la droga, ya sea a través de fotos, de imágenes de Google Maps o mediante videollamadas; todo en tiempo real.
Según la causa, los narcodrones volaban y descendían hasta el pabellón A2 del módulo MX2. En Bouwer, las dosis eran revendidas en otros pabellones por presos fajineros.
El dinero va a parar a las cuentas de los “plumas”, o de sus familiares que están afuera. A su vez, estos pagan con otras transferencias a los que manejan los drones, quienes luego harán lo mismo (aunque ya contado efectivo) con los proveedores mayoristas de drogas.
Tras la transferencia, hay que mandar comprobante por WhatsApp.
Cada viaje de los voladores de drones costaba entre $ 300 mil y $ 600 mil. En una misma noche, se hacían varios vuelos y tiros.
Un dato: cuando los pilotos de drones no tenían dónde comprar droga, los propios plumas les decían a quién contactar en los barrios.
Si no se pagaba a tiempo al proveedor, había balazos contra viviendas.
Esta banda operó al menos entre agosto de 2024 y junio de 2025.
La investigación fiscal cercó a los siguientes imputados: por un lado, los acusados que ya estaban presos (Agustín Alejandro Díaz, José Franco Amado y Diego Omar Sigampa), señalados como “plumas”; y, en paralelo, los sospechosos de hacer “el trabajo” externo (Joaquín Nicolás Romero, Nicolás Emiliano Sanabria, Néstor Gabriel López, Bianca Guadalupe Rojas y Meliana Yazmín Romero).
A todos se les dictaron las prisiones preventivas por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
En los allanamientos, se hallaron numerosos drones, armas, dosis de drogas y celulares.
En medio de la pesquisa contra esta banda, se descubrieron otros vuelos de drones y de otras bandas.
De hecho, hubo cruces entre “plumas” para que los voladores de drones respetaran zonas de envío. Dicho de otro modo, hay competencia.
Los celulares son gravitantes muros adentro: los presos hacen pedidos, ordenan y traman envíos, los guían en tiempo real, manejan las transferencias y, por cierto, siguen manejando otros negocios muros afuera y hasta se traman venganzas.
Cayeron por una moto
Por otro lado, el fiscal Cornejo dictó recientemente las prisiones preventivas contra 11 acusados de integrar otra narcobanda que hacía “tiros” de dosis en Bouwer.
Todo se descubrió casi de casualidad: fue tras un allanamiento de una brigada de policías de Villa Carlos Paz en una casa de barrio General Mosconi, en la Capital. Los pesquisas buscaban una moto robada.
Aquella tarde del 13 de mayo pasado, no sólo hallaron la moto en cuestión, sino también drones, cocaína, marihuana y armas de fuego.
Como resultado del operativo, se detuvo a varios miembros de una misma familia (mujeres y varones) que ya había sido denunciada por vecinos por presunta venta de drogas. Al hallarse drogas y drones, la causa fue girada al fiscal Cornejo, quien ya venía realizando varias pesquisas de ese tenor.
Bastó que los pesquisas de la FPA comenzaran a analizar los celulares incautados para que descubrieran que habían dado con otra banda que también armaba “palomas” para mandarlas al módulo MX1.
Fue un arduo trabajo de análisis de teléfonos, de chequeos de filmaciones de cámaras y de otras averiguaciones, además de testimonios, que permitió determinar que el grupo compraba la droga y viajaba en vehículos (un Nissan Tida y una Toyota Hilux, por caso) hasta campos cercanos a Bouwer, desde donde se operaban los drones para “tirar” los paquetes.
El grupo ya había “perdido” un dron tiempo antes en un casual operativo rutero de Gendarmería cuando volvía de Cruz del Eje.
La pesquisa implicó operativos en domicilios y varios allanamientos en la cárcel de Bouwer, donde se secuestraron celulares y drogas.
La sospecha es que la base de operaciones estaba en General Mosconi. Vecinos dirían luego que siempre se veía llegar camionetas de noche desde donde bajaban cajas y paquetes. Además, era frecuente ver cómo se probaban drones. “Eran abejas zumbando”, graficó un testigo.
La pesquisa determinó cómo la droga era ingresada a través de drones y luego era ocultada en distintas celdas y en lugares comunes.
Tal es el poder de un “pluma” que ubica a los recién llegados en distintas celdas y les coloca la droga en el lugar. Sabe el líder que, si hay una requisa, el “novato” se hará cargo de todo y no delatará a nadie.
En un allanamiento a esta banda, se le hallaron 24 celulares escondidos y hasta un router de wifi, además de varias dosis de drogas.
En todas estas causas, la fiscalía se valió de información proporcionada por el Arca (ex-Afip), que permitió desentrañar el movimiento de dinero proveniente de la venta de drogas a través de transferencias bancarias o de billeteras de dinero. Se descubrieron millonarios manejos de plata en poco tiempo en cuentas de los principales acusados.
“¿Cuándo bajás faso?”
Un profuso análisis de celulares complicó a todos. Hay fotos, videos, diálogos, instrucciones y mensajes borrados que fueron recuperados.
“Gracias a Dios todo piola, gracias a Dios y a mi santito que nos hace invisibles, hijooooo”, se escucha a uno de los lanzadores de drogas en uno de los mensajes.
Al “pluma” se le encontró un mensaje de un preso deudor: “Ey, gordín, decime a qué CBU te giro el faso (N.R.: marihuana) y decime si tenés más faso. Ey, gordín, avisame cuando bajes más faso, los cables, los cargadores, la pantalla que te pedí, el chip”.
Otro preso le escribe al “pluma”: ¿Yyyy, el tema del ala (N.R.: cocaína). Tené ala? Me hace falta ala”.
El “pluma” le responde con seguridad: “Me queda gilada”.
Hay más: una chica quería trabajar en la banda. El jefe le pidió que le mandara un currículum.
Más allá de la prueba técnica, hay testimonios comprometedores contra los presos acusados. Eso sí: casi todos eran testimonios de jefes penitenciarios. El código de silencio tumbero es infranqueable.
En los últimos días, el fiscal Cornejo dictó las prisiones preventivas de, por un lado, los acusados que ya estaban presos: el “pluma” Raúl Orlando “Cuchuco” Martínez, Ulises William Allende, Jonathan Federico “Campana” Díaz y Gonzalo Nahuel Reyna, y, por el otro, los presuntos cómplices externos Belén Micaela Bustos, Diego Iván Bustos, Diego Omar Bustos, Alexis Nicolás Díaz, Jonathan José Quinteros y Karen Elina Gastón (pareja de “Cuchuco”).
Todos están imputados por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. Todos negaron los hechos.
Mientras tanto, sigue abierta otra pesquisa judicial en torno a una importante cantidad de pistolas halladas en uno de los allanamientos en General Mosconi. ¿Qué más hacía la banda?
¿Qué estaba por hacer?
Otro delito que funciona por los celulares en prisión
A la par de la increíble impunidad con que se manejan en cárceles de Córdoba numerosos “plumas” y presos a la hora de seguir cometiendo delitos, tanto dentro como fuera de prisión, hay un punto que no deja de impactar: el altísimo uso de celulares en los presidios.
Sabido es que los teléfonos vienen ingresando a las cárceles desde hace más de dos décadas. Ahora, tras distintas investigaciones judiciales, se sabe que muchas veces fue con complicidad de personal penitenciario.
En un primer momento, decenas de bandas de presos cometieron secuestros virtuales para luego llevar adelante una nutrida, amplia y variopinta gama de estafas telefónicas. Estafas con apoyo externo a la hora de ir a cobrar dineros. De allí que a ese accionar de mafias de presos se las bautizó “call centers tumberos”.
Esta penosa realidad se agravó: numerosos presos de peso siguieron cometiendo delitos y hasta continuaron comandando el funcionamiento de bandas narco y de ladrones. Incluso, varios llegaron a armar y a ordenar ataques armados contra rivales o vecinos a balazos.
En ese marco, no es extraño que muchos “plumas” hayan aprovechado tanto celular en cárceles para organizar, coordinar y ejecutar el negocio de los narcodrones.
En las dos causas judiciales contra bandas dedicadas a esta actividad, llevadas adelante por el fiscal Carlos Cornejo (del fuero Antinarcomenudeo), queda expuesta la forma obscena de celulares que entran y cómo son usados luego por jefes y por los presos miembro de su organización.
Desde la fiscalía, por cierto, se ha destacado a la actual gestión del Servicio Penitenciario por haber secuestrado celulares en operativos en las propias celdas carcelarias.
De todos modos, el ingreso de celulares no tiene freno.
En teléfonos secuestrados, se han hallado diálogos por WhatsApp, mensajes, videos y fotos, no sólo de la propia vida carcelaria, sino con información de cómo encarar el “negocio narcodrón” y cómo y cuándo enviar la droga.
En análisis técnicos a celulares incautados, se hallaron mensajes de coordenadas a los cómplices externos y hasta se hacen llamadas en tiempo real para comprobar cómo la droga es enviada.
En el marco de las causas de Cornejo, se logró dar con un video casero, filmado con un celular, donde se ve a un preso golpeado por haber declarado en contra de la banda.
En una de estas investigaciones, se encontraron mensajes de presos dando cuenta de cómo lograron “introducir una torre de sonido” a un pabellón. Sabido es que uno de estos aparatos básicamente reproducen música de celulares.
El SPC viene insistiendo en que se “han incrementado” los controles internos para evitar el ingreso de aparatos en los distintos presidios.
