Sin brindar demasiadas precisiones y especificaciones, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que en fecha a determinar se creará en la ciudad de Córdoba un “grupo de elite” llamado “grupo operativo conjunto” del cual, según dijo, tomarán parte miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y de la Policía de la Provincia de Córdoba, entre otros uniformados y pesquisas.
Indicó que el personal de ese grupo será adiestrado por expertos de la Administración para el Control de Drogas (la DEA estadounidense). Lo dijo al lado del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Al rato, la funcionaria nacional se reunió con el gobernador Martín Llaryora.
Si se llega a concretar ese plan de trabajo contra el narco hay dos puntos no menores: por un lado, se estaría frente a una reformulación clara de la FPA a 10 años de su creación por ley en Córdoba y, por otro lado y a la par, volvería tomar parte la Policía provincial en la lucha contra las drogas en esta provincia.
En paralelo, no hay que descartar que se deba instrumentar alguna reformulación a la ley de seguridad provincial, sobre todo en el rol de la Policía y su papel en el combate contra las drogas. Hoy, la Policía provincial no investiga narcotráfico. Si encuentra o secuestra drogas en operativos (lo cual suele ser muy usual), debe girar todo a la FPA.
En 2013 estalló el “narcoescándalo” en el corazón de Córdoba.
Aquello fue un tsunami para la provincia. Hubo ecos en el país.
Sucedió que un informante (“buchón”) trucho llamado Francisco “el Francés” Viarnes salió a denunciar que una red de policías de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba participaba en acciones delictivas junto con narcos.
En medio de todo eso, y mientras la justicia comenzaba a investigar, un policía (llamado Juan Alós) aparecía muerto con un balazo en la sien. Años después, la Justicia federal confirmaría que se había suicidado.
Como parte del “narcoescándalo” varios policías e inclusos jefes cayeron presos y terminaron en Bouwer.
Los por entonces jefe de Policía y ministro de Seguridad, Ramón Frías y Alejo Paredes, tuvieron que renunciar por orden del por entonces gobernador José Manuel de la Sota.
La Justicia no demostraría nada en contra de ellos, finalmente.
Sin embargo, no pasaría eso con otros policías de Drogas Peligrosas.
Varios de ellos, con el por entonces comisario mayor Rafael Sosa a la cabeza, terminarían condenados años después por integrar una asociación ilícita, según la Justicia federal. Incluso, un fallo superior obligó a imponerles más penas de cárcel. Hoy están todos libres. Viarnes, a todo esto, fue condenado por estafas de todo tipo.
Adiós a la Policía de Córdoba
Volviendo a 2013, tal fue el estrépito desatado a nivel nacional, que De la Sota decidió acabar literalmente con Drogas Peligrosas.
No sólo que desarticuló esa área sino que además le quitó a la Policía de la Provincia, y por primera vez en su historia, toda incumbencia en la investigación contra el narco.
Hasta ese entonces, se discutían y prometían “trabajos en conjunto” contra el narco por parte de la Policía y de las fuerzas federales. Cristina Fernández era presidenta y Sergio Berni su ministro de Seguridad.
Desaparecida Drogas Peligrosas, se anunció cambiar la ley, crear la FPA y, como algo novedoso, se la dejó bajo responsabilidad ya no del Estado provincial, sino del Ministerio Público Fiscal.
Lo medular de la FPA era la que iba a combatir el narcomenudeo.
De hecho, para eso se crearon fiscalías antinarcotráfico en el ámbito provincial cordobés.
El narcotráfico en grande iba a quedar (y quedó) bajo control de las fuerzas federales –como Gendarmería y la Policía Federal Argentina– y bajo directivas de la Justicia federal.
Sin embargo, el principal escollo era que la FPA comenzara a funcionar en la práctica. En los barrios.
Como no había personal, hubo que buscarlo y formarlo. Se extrajeron entonces detectives de Investigaciones de la propia Policía de Córdoba.
Esto, en su momento, generó un profundo malestar en la Policía: “¡Nos desarticulan Drogas y encima nos sacan gente!”, decían altos jefes.
En 2014, un año después del “narcoescándalo” se creó por ley la FPA.
Pero fue recién en mayo de 2015 que la fuerza con los hombres de negro (luego se sumarían mujeres) comenzó a funcionar.
Alejandro Moyano era fiscal general. Julio Suárez era jefe de Policía. Luego, Suárez sería echado tras el robo de armas de Jefatura. Suárez, años después, sería condenado por amenazas y tenencia de arma.
Durante 2013 y 2015, las bandas narcos locales crecieron, se expandieron y tejieron tentáculos por buena parte de la Capital e interior.
La FPA comenzó a funcionar lentamente en la Capital y, con los años sucesivos, se extendió a otras jurisdicciones de la provincia.
En sus mandatos como gobernador, Juan Schiaretti no sólo avaló a la FPA sino que le brindó más recursos, humanos y materiales.
La FPA es una suerte de “hermana menor” de la Policía de Córdoba.
De hecho, su histórico y actual aún jefe, Adrián Salcedo, es un exmiembro del grupo Eter de la Policía. Se formó bajo el ala de Alejo Paredes.
Ambas fuerzas están hoy “hermanadas” y han hecho operativos conjuntos en barrios. Sin embargo, el recelo y cierta desconfianza entre oficiales de alto y bajo rango de ambas instituciones nunca cesó de todo durante todo este tiempo.
No fueron pocas las veces que la Caminera (brazo de la Policía de Córdoba) salió a ufanarse, por lo bajo, sobre las veces que halló grandes cantidades de droga en rutas en operativos por infracciones de tránsito.
Lo mismo pasa cuando personal de patrulla halla ladrillos de marihuana o algunos kilos de cocaína en allanamientos por un robo.
En paralelo, no fueron pocas las veces que los de la FPA –algunos lo toman como una suerte de “devolución de gentilezas”- salieron a ufanarse cada vez que detenían a un policía por narco. Hace pocas horas, cayo otro en el norte cordobés.
Unidos por conveniencia
De todos modos, en los últimos tiempos, tanto como cuando Liliana Zárate era jefa de Policía como ahora con Leonardo Gutiérrez al frente de los y las de azul, los vínculos entre Policía y FPA viene siendo buenos.
El actual gobernador Llaryora ya dijo que no quiere hacer desaparecer la FPA. No sólo que anunció que creará más bases y le dará más dinero (aunque dependa de la Fiscalía General), sino que para sus más cercanos dice y repite que es saludable que haya varias fuerzas de seguridad en paralelo en Córdoba. “Así, se miran y se controlan mutuamente”, suele decir el mandatario.
La última crisis de violencia criminal en Rosario obligó a que Llaryora enviara a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, no sólo a viajar a aquella ciudad santafesina a interiorizarse sino que además tuvo que reunir a los jefes de la Policía y de la FPA y elaborar un plan para “reforzar” controles en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Quinteros, en nombre de Llaryora, también reclamó gendarmes a la Nación.
A las pocas horas, la Departamental San Justo de Policía recibió una narcoamenaza. Desde el Panal y la Policía cordobesa, en sintonía con la Nación, hablaron de narcoterrorismo.
A los pocos días, llamativamente, un operativo de Gendarmería permitió hallar en Morteros algo más de 150 kilos de cocaína que iban escondidos en un camión que viajaba desde salta hacia Buenos Aires.
Ese hallazgo volvió a dejar en evidencia con qué facilidad la droga viaja por ruta en Córdoba.
Quinteros estuvo con Bullrich días atrás en Buenos Aires. Tras una invitación y luego de la crisis desatada en Rosario, la funcionaria llegó ahora a Córdoba. Señalan que no será su última vez.
En su visita, no sólo visitó la FPA, sino que, junto con Quinteros, anunció la creación de un grupo de elite donde participarán la propia FPA y la Policía de Córdoba.
“No hay recursos, pero sí voluntad”, dijo Bullrich. No son pocos los jefes que tomaron nota de esa frase y lo comentaron luego por WhatsApp.
