Con tres fallos consecutivos en los últimos días, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó los rechazos a las prisiones domiciliarias de tres de los 17 acusados en la causa narco en la que se secuestraron 1.400 kilos de marihuana en Córdoba y en la que quedó sospechado el jefe de la barra brava albiazul La Fiel, Darío Ramón Cáceres.
La causa sigue bajo investigación del fiscal N° 1, Enrique Senestrari, y aún restan medidas de concreción: toma de declaraciones testimoniales, peritajes y pedido de informes, entre otros elementos a los ya incorporados desde el verano.
El juez Alejandro Sánchez Freytes ya había denegado en marzo las domiciliarias de los presuntos proveedores correntinos de los estupefacientes, el vendedor de caballos Gustavo Daniel Medina Ramírez (en 2015 ya había sido procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización) y Leandro Vallejos.
La misma medida también había resuelto respecto a Ariel Alejandro Carrizo, quien habría alquilado a la banda un enorme galpón en Córdoba para que funcionara como centro de operaciones de almacenamiento del cargamento.
Los vocales de la Sala B, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, ahora confirmaron los fallos de primera instancia, por lo que los tres seguirán detenidos. Al exponer sus fundamentos, consideraron esencialmente la necesidad de que continúen en prisión ante el riesgo procesal de que pudieran obstaculizar la investigación impidiendo o demorando la acumulación de pruebas.
La causa en Córdoba
Al menos desde octubre de 2021, Cáceres, Sergio “Tomatón” Busso (integrantes de la barra), Carlos “Gusy” Páez y Mauro “Tuerto” Peralta habrían coordinado el traslado, la venta y la distribución de cocaína y de marihuana a través de reuniones en sus casas, en fiestas y por teléfono.
Como Cáceres, el barra Busso (deportado en 2016 del Mundial de Sudáfrica) acumula un pesado pasado delincuencial: condenado en 2016 a 10 años de prisión por el asesinato de Juan Roberto Pinto (en represalia a otro crimen).
En la causa, y como parte de la logística, habrían tramado adquirir un gran volumen de droga a distintos proveedores (entre ellos, “Pupi”, “Mauro”, “Grandote” y “Daniel”) y su posterior distribución mediante revendedores (“José”, “Mauro”, “La Flaca” y “El Viejo”).
Para hacerse de la droga, otra de las imputadas, Rita Andrea “Pato” Cabral, habría actuado como “puente” entre la banda de Cáceres y otra célula delictiva dedicada al narcotráfico: Juan Ignacio “Rengo” o “Rambo” La Costa, Claudio Ezequiel Gómez (ambos de Córdoba), Alfredo Renzo Ruíz y Claribel Georgina Alexandra Espíndola (los dos de Santa Fe).
Estos últimos habrían mantenido reuniones con Ramón Horacio Núñez, Medina Ramírez, Vallejos y Maximiliano Romero, todos presuntos proveedores de marihuana de Corrientes, para establecer el precio de la droga, la cantidad y la calidad, y la forma de transporte y posterior entrega.
Los imputados integrantes de La Fiel habrían comprado droga a los correntinos por 45 millones de pesos a través de las gestiones de “Pato”, “Rambo” (acusado en su momento de herir de un disparo en la cabeza a un niño en Córdoba), Gómez, Ruiz y Espíndola.
La “bajada” de la droga proveniente de Paraguay y de Corrientes, según fuentes judiciales, encontró en Córdoba su “epicentro”.
Para “moverla” hasta La Docta, Núñez, Medina Ramírez, Vallejos y Romero habrían contratado los “servicios” de los correntinos Cristian Ramón Chávez Reyes y Ángel López.
A bordo de un camión Iveco, “bajaron” la droga en la avenida Circunvalación, donde se les acoplaron sus “patrones” (en un Toyota SW4) y Gómez, Espínola, La Costa y Ruiz (en un Fiat Cronos), como “custodios” del cargamento en caravana.
Una vez que arribaron al galpón de pasaje Orellano S/N, de barrio 25 de Mayo, ingresaron el camión y descargaron la marihuana: 1.761 “panes” (por 1.431 kilos, no 1.600 kilos como se informó oficialmente en un primer momento).
El fiscal ahondó en la titularidad del local de enormes puertas pintadas de azul Francia y estableció que había sido alquilado por la banda de “Rambo” a Ariel Alejandro Carrizo (domiciliado en Córdoba) como centro de operaciones. El depósito operaba enmascarado bajo la fachada de una empresa metalúrgica.
El 18 de febrero, para retirar parte de la droga del galpón, la agrupación de “Rambo” habría contratado a Ángel Emmanuel Valdez, vecino del mismo barrio. Valdez partió con 933 “ladrillos” en una Traffic –escoltado por el Cronos– hacia la ruta 9, a la altura del kilómetro 693, donde posteriormente fueron detenidos por la Federal.
El segundo cargamento –449 paquetes– fue “movido” por un hombre –no identificado– a bordo de un Renault Kangoo. Al llegar a la ruta 9 con un rumbo indeterminado, observó a los efectivos, se bajó raudamente del vehículo y huyó a través de los pastizales. Hasta el momento, no se pudo establecer a quién iba destinada la carga.
En simultáneo, Páez y Busso (en un Volkswagen Vento) y Peralta y “Pato” Cabral (en un Honda Civic) no pudieron extraer del galpón los 380 restantes de marihuana, ya que fueron interceptados en la vieja ruta 9 en dirección a Toledo, en las cercanías del depósito.
