Un doble “no” de la Cámara Federal de Córdoba en menos de un mes. Los jueces revocaron la exención de prisión de uno de los empresarios imputados, que explotaban algunas franquicias de las heladerías Cremolatti y Creambury, en una causa en la que se los investiga por presunta asociación ilícita fiscal, evasión y lavado de activos. Recientemente, los camaristas rechazaron la devolución de un Volkswagen Passat 2.0 TSI DSG secuestrado a otros dos de los acusados.
La causa, bajo investigación del fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, comenzó hace varios meses cuando imputó a 13 personas, entre ellas, a los empresarios Germán Rocca, Joaquín Rocca y Marcos Javier Baldovino. Los acusó de haber liderado una supuesta banda que habría perpetrado varios delitos.
Quizás el nombre de Baldovino –licenciado en Diseño Gráfico y comerciante– suene con mayor fuerza a raíz del romance que mantuvo con la famosa bailarina Noelia Marzol, reciente campeona del ciclo La Academia (El Trece).
La acusación contra las franquicias
Las maniobras se habrían producido desde el período fiscal 2016, cuando los Rocca y Baldovino presuntamente montaron una asociación ilícita fiscal para obtener una mayor rentabilidad económica. Así, habrían ocultado la verdadera dimensión de su actividad comercial (las franquicias de Cremolatti y de Creambury) y la cantidad de empleados contratados a través de cinco aparentes maniobras.
La hipótesis del fiscal apunta a que habrían dispuesto la creación de siete empresas, entre sociedades anónimas (SA) y sociedades por acciones simplificadas (SAS) (Pullman SA, Amsa SA, Eletea 1086 SA, Suertudo SA, Mopa 1086 SA, Wadiya SAS, Andalao SA y Noplag SAS), para concretar operatorias sospechosas.
A su vez, habrían abierto distintas franquicias de Cremolatti, de Creambury y de Panicafé en la ciudad de Córdoba, habilitándolas, presuntamente, a nombre de las personas jurídicas mencionadas anteriormente y de algunas personas físicas. La particularidad habría radicado en que ninguna de ellas habría tenido la capacidad económica, patrimonial y financiera para desarrollar esas actividades.
El fiscal sospecha, también, que algunos empleados no habrían sido debidamente registrados ante los organismos oficiales, y sobre aquellos que sí habrían registrado se informaban remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil.
La cuarta maniobra habría consistido en no pagar, o en hacerlo sólo de forma parcial, las deudas impositivas o previsionales –dispuestas por la Afip– de las empresas, dejando luego inactivas las firmas involucradas para crear nuevas empresas y continuar con su actividad comercial, como en los casos de Pullman SA, Amsa SA, LTA SA, Suertudo SA y Mopa 1086 SA.
Por otro lado, habrían solicitado a sus empleados no registrados que gestionaran el ingreso familiar de emergencia (IFE), ante la imposibilidad de tramitar la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por las restricciones dispuestas por el Gobierno por la pandemia. Luego les habrían restado el beneficio de los sueldos.
Para poder concretar las supuestas maniobras, los Rocca y Baldovino constituyeron algunas firmas integrándolas ellos mismos: Dunk SA (los Rocca como socios), Mopa 1086 SA (Baldovino y Germán Rocca como socios) y Andalao SA (Baldovino y Germán Rocca como socios).
También se habrían valido de distintas personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentra Maximiliano Camacho (habría constituido Pullman con Lucía Mors). El imputado habría realizado las gestiones para que la firma fuera administrada por distintas personas vinculadas a Rocca y a Baldovino. Ellos habrían ocultado formalmente su carácter de propietarios y dado las directivas sobre el manejo de sus fondos.
Oscar Emmanuel Rossi habría constituido Eletea 1086 y LTA con Esteban Gonzalo Poffo, y junto con Eric Alejandro Scurta, Suertudo SA (para que las empresas fueran presuntamente administradas por Rocca y Baldovino). A su vez, María Luz Gómez habría constituido Norplag con Germán Rocca y acordado con Roca y Baldovino inscribir a su nombre la sucursal Cremolatti de bulevar San Juan 511.
La nómina de sospechosos investigada por el fiscal se extendió a Franco Sebastián Sosa, quien habría constituido Wadiya con Germán Rocca, mientras que Rosa Marta Micoli habría constituido con Roxana Soledad Corral la firma Amsa (en los dos casos, para que las empresas fueran supuestamente manejadas por Rocca y Baldovino)
Por su parte, Mauro Ezequiel Falvo, en su carácter de contador de Eletea, Mopa, Wadiya y Dunk, y representante ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Amsa, Suertudo, Norplag, Andalao, Gómez, Rossi, Scurta, Germán Rocca y Sosa, habría asesorado a Rocca y a Baldovino para supuestamente realizar las maniobras anteriores.
Además, su rol habría incluido la coordinación de las presentaciones fiscales de las personas físicas y jurídicas.
¿Evasión?
Como parte de la plataforma acusatoria, el fiscal también achacó a los Rocca y al exnovio de Marzol haber evadido los aportes a la seguridad social de los períodos fiscales enero de 2018 y febrero de 2021. De acuerdo con la acusación, habrían ocultado la verdadera dimensión de la actividad comercial abonando salarios inferiores al haber mínimo, absteniéndose así de registrar la totalidad de relaciones laborales generadas.
De este modo, habrían omitido ingresar al fisco aportes por al menos 13,3 millones de pesos, aunque su exactitud deberá ser precisada aún. Esas circunstancias fueron advertidas a partir de una denuncia periodística del sitio ADN, que alertó sobre las gestiones de los empleados para obtener el IFE.
La sombra del lavado
Baldovino quedó bajo sospecha por haber presuntamente introducido al circuito económico legal parte de los activos provenientes de las maniobras presumiblemente delictivas, con el objetivo de darles apariencia de licitud.
La principal operación de lavado habría sido la compraventa de bienes muebles, que habría adquirido o transferido ocultando su participación mediante Colectivo 60, una SAS constituida por él en abril de 2019.
Así, el empresario habría puesto en circulación (dándole un “ropaje” legal) al menos 1,2 millones de pesos con la adquisición de una camioneta Volkswagen Amarok (inscripta a nombre de Colectivo 60).
Todos los imputados fueron acusados de haber conformado la asociación ilícita fiscal, pero con una estratificación en la cabeza de los Rocca y Baldovino como presuntos organizadores. A estos últimos, el fiscal le sumó la figura de evasión y, particularmente a Baldovino, la de lavado agravado (por la utilización de una persona de existencia ideal).
Con posterioridad, Senestrari amplió la imputación contra los Rocca y Micoli por presunto lavado: Germán habría blanqueado dinero al poner en circulación 1,8 millones de pesos con la compra de dos motos: una Ducati Supersport S (inscripta a su nombre en febrero de 2020, valuada por entonces en 1,4 millones de pesos) y una Ducatti Hyperstrada (también registrada a su nombre en julio de 2016), por 384 mil pesos.
Por su parte, Joaquín y Micoli habrían perpetrado el blanqueo al adquirir el Passat modelo 2017 (a nombre de ambos, en junio de 2017) por 930 mil pesos.
Las últimas novedades llegaron de la Sala B de la Cámara Federal: en noviembre, revocó la exención de prisión de Baldovino, concedida por el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro. Los camaristas sostuvieron la existencia de “riesgo procesal”, ya que Baldovino –según sostuvo Senestrari– brindó un domicilio falso, con lo cual frustró un allanamiento en su inmueble, lo que desvió la investigación.
La Sala B, por otro lado, revocó este jueves la resolución del juez de concederle a Joaquín y a Micoli el Passat secuestrado en la localidad de Canals (el vehículo podría estar vinculado con las maniobras, como instrumento o producto de los supuestos delitos).
Con la última ampliación, hace pocos días fueron tomadas las nuevas indagatorias a los imputados.
