La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua contra Julieta Bonanno (36), culpable de haber contratado al sicario que asesinó al narcotraficante mejicano Alexander Naged Ramírez y a su hijo John Naged en junio de 2018, en un departamento del barrio porteño de Belgrano.
El fallo, de casi 200 páginas, fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Walter Magnone, quienes rechazaron los planteos de nulidad presentados por la defensa.
Con esta decisión, a Bonanno solo le queda la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, la condena aún no está firme y el tribunal oral no realizó el cómputo de pena, por lo que no se determinó una eventual fecha de salida en libertad, un horizonte que, según fuentes judiciales, se proyecta en décadas.
Bonanno permanece detenida en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentra alojada en el pabellón 29 del Módulo Residencial II, publicó el diari Clarín.
De acuerdo con informes penitenciarios, presenta una conducta ejemplar, aunque su concepto es regular en relación con los tratamientos carcelarios. Asiste a sesiones de terapia, no es considerada peligrosa y trabaja tres veces por semana en el lavadero del penal. En 2025 se inscribió en carreras de auxiliar en recursos humanos y marketing, y completó el primer cuatrimestre de la primera.
La causa del doble crimen
La condena original fue dictada en mayo de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 8, que la consideró responsable de haber organizado el ataque ocurrido la tarde del 4 de junio de 2018 en un departamento de la avenida Cabildo al 2600. En ese lugar fueron asesinados a balazos Naged Ramírez, de 59 años, y su hijo John, de 30. Bonanno se encontraba en el departamento y sobrevivió al ataque.
En el juicio se acreditó que Bonanno era la abogada defensora de Naged Ramírez en la causa conocida como “Bobinas Blancas”, vinculada al intento de contrabando de casi dos toneladas de cocaína hacia Canadá y Europa.
Peritajes realizados sobre su teléfono celular permitieron reconstruir comunicaciones previas al doble crimen y establecer que el ataque habría sido planificado con antelación, incluso con intentos fallidos durante mayo de 2018. Parte de esas gestiones se habrían realizado mientras la acusada se encontraba de vacaciones en Punta Cana.
Según la investigación judicial, Naged Ramírez habría sido eliminado por decisión de personas vinculadas al narcotráfico internacional, presuntamente las mismas que le habían enviado dinero desde México durante el trámite de la causa “Bobinas Blancas”.
En ese contexto aparece la figura de una mujer mejicana apodada “La Tía”, con quien Bonanno mantenía contacto telefónico y que, de acuerdo con el expediente, le daba instrucciones y le giraba dinero a través de intermediarios financieros.
Pese a la confirmación de la condena, varios aspectos centrales del caso siguen sin resolverse. El sicario que ejecutó el ataque quedó registrado por cámaras de seguridad del edificio, pero nunca fue identificado.
Tampoco se determinó de manera concluyente quién ordenó los homicidios ni quién los financió. Bonanno fue condenada como coautora, lo que implica la participación de otras personas aún no identificadas.
Los fiscales del juicio, Marcelo Colombo y Miguel Yivoff, remitieron un informe con puntos pendientes al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y al fiscal Sebastián Bringas. Tras una serie de resoluciones sobre competencia, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención de la fiscalía.
Antes del juicio, los investigadores lograron acceder a información adicional de los teléfonos iPhone de Bonanno mediante el software Cellebrite, cuya actualización permitió recuperar datos que no habían podido ser analizados previamente.
Los fiscales no descartan que nuevas herramientas tecnológicas permitan, en el futuro, obtener información relevante que contribuya a esclarecer las responsabilidades restantes.
Mientras tanto, la sentencia contra Bonanno quedó ratificada y el expediente continúa abierto en sus tramos pendientes, con interrogantes clave aún sin respuesta sobre uno de los casos más resonantes del crimen organizado en la ciudad de Buenos Aires.
