La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la falta de mérito de dos ingenieros civiles y del responsable administrativo de la Unidad Turística de Embalse, imputados por incendio culposo agravado, debido a la horrenda muerte de un obrero en uno de los hoteles, en 2021.
Los vocales Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Abel Sánchez Torres declararon mal concedidas las apelaciones de Joaquín Daniele Alonso, Rubén Carmelo Abate y Walter Hadel Salazar, y revocaron las faltas de mérito de los tres, dictadas por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, en mayo de 2024.
El trágico incendio en un hotel de Embalse
El incendio se produjo la tarde del 8 de diciembre de 2021 en el comedor y la cocina del hotel 4, uno de los siete que con el que cuenta el complejo estatal.
De acuerdo con el relato de los hechos realizado por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, el fuego no pudo ser apagado inmediatamente con los elementos con los que contaba el personal que se encontraba en el lugar.
Las llamas se propagaron y tomaron grandes dimensiones, hasta que pudieron ser sofocadas gracias a la intervención de varias dotaciones de bomberos.
Pero el peor saldo fue la confirmación, horas después, de la muerte de un trabajador, Claudio Alejandro Díaz (41), quien, junto con otros dos (entre ellos, Emanuel Amaya), realizaban una conexión eléctrica en el entrepiso de la cocina, lugar dificultoso para su desplazamiento.
Debido a la gran cantidad de humo, Amaya cayó al vacío, no así Díaz, quien quedó atrapado en ese entrepiso y murió horrendamente calcinado.
A Zalazar, como secretario de Seguridad e Higiene de la Dirección Nacional de Turismo Social, Unidad de Embalse, se le atribuyó haber actuado en forma negligente por inobservancia de los deberes a su cargo relacionados con el control del cumplimiento de la contratación (licitación pública) de la empresa Mafalda Construcciones.
La licitación consistía en la refacción del hotel 4, obra que, de acuerdo con la acusación, se llevaba a cabo en “condiciones precarias” de higiene y seguridad (sin matafuegos ni agua, entre otras falencias).
Muy cerca del lugar donde comenzó el incendio se encontraba una gran cantidad de mobiliarios y de colchones ubicados en el comedor, cuya estructura contenía cabreada de madera y revestimientos del mismo material. Todo hizo que aumentara las condiciones de la propagación del fuego, provocando la destrucción de la cocina y de parte del comedor, así como el fallecimiento de Díaz por una insuficiencia cardiorrespiratoria.
“Es evidente que los encartados (imputados) debían velar por la seguridad e higiene de la obra. No obstante omitieron controlar las medidas de seguridad necesarias, permitieron y/o consintieron que las refacciones se desarrollen en las condiciones precitadas”, indicó el fiscal, quien les endilgó a los ingenieros de Mafalda, Daniele Alonso y Abate, una presunta negligencia en su accionar.
Sin embargo, el juez les dictó la falta de mérito (estadio procesal intermedio, ya que el material probatorio no alcanza para ordenar los sobreseimientos ni los procesamientos) porque, desde su óptica, no pudo determinarse aún de forma fehaciente la causa de origen del incendio.
Al respecto, indicó que esa circunstancia será clave para dilucidar la responsabilidad de los acusados. Entendió que luego de un análisis de las pruebas no existían motivos ni fundamentos suficientes procesarlos como así tampoco sobreseerlos, debido a que subsistían cuestiones de importancia que la instrucción aún no esclareció.
Y enumeró medidas necesarias que debían conocerse para el esclarecimiento del hecho, como la determinación de la actuación de los imputados en la adopción de las medidas de seguridad exigidas; si el inicio del fuego pudo haber sido accidental o intencional; si en el lugar siniestrado se encontraban los elementos que podrían haber ocasionado el incendio inicial de los colchones; y la higiene y seguridad frente a un hecho de esa naturaleza.
El defensor oficial Juan Pulcini (por Daniele Alonso y Abate) y la defensora oficial María Luz Felipe (por Salazar) apelaron la falta de mérito por considerar que los tres debían haber sido sobreseídos por su no responsabilidad.
El fiscal Cabanillas, a su turno, se agravió por entender que el juez valoró de manera incompleta, imprecisa y genérica la prueba, lo que derivó en falta de fundamentación. Para el acusador, sí quedó acreditada la existencia del hecho y la participación de los imputados, por lo que solicitó a la Cámara la revocación de la falta de mérito y los procesamientos.
Fallo de la Cámara Federal de Córdoba
La autora del primer voto, la camarista Montesi, y sus pares declararon mal concedidos las apelaciones y revocaron las faltas de mérito. “El instructor ha brindado los argumentos para la justificación de su razonamiento, sin perjuicio que este no sea compartido por el apelante. La resolución reúne todos y cada uno de los requisitos formales y sustanciales que la califican como un acto jurisdiccional válido, habiéndose brindado fundamentos en apoyo de lo decidido”, indicó Montesi.
Respecto a la cuestionada resolución del juez –la falta de mérito–, la vocal indicó que no debía “perderse de vista que a los imputados se les atribuye responsabilidad en el hecho, por el presunto incumplimiento de las normas de seguridad e higiene por las que debían velar”.
“De tal modo, si bien resulta de suma utilidad conocer el origen del foco ígneo, entiendo que ello no constituye el núcleo de la imputación ni el eje central de valoración para establecer el mérito, sino que se advierten otras líneas de análisis y aspectos de la investigación trascendentes para determinar la responsabilidad de los encartados”, razonó.
Montesi indicó que el análisis del juez para disponer la falta de mérito era “limitado e incompleto”, por lo que era “prematuro” y correspondía ser revocada. Asimismo, señaló que el estado probatorio de la causa impedía resolver la situación de los imputados porque debían ordenarse más medidas como, por ejemplo, la necesidad de precisar en qué consistía la correcta adopción de las normas vigentes en higiene y seguridad previstas en la licitación.
A modo ilustrativo, la camarista planteó que, de acuerdo con testimonios, si bien no habría existido instalación eléctrica en el hotel siniestrado -–porque se estaba renovando–, sí se utilizaban prolongadores desde un tablero externo, lo que permitía realizar algunas tareas que requerían electricidad. “Nada se ha analizado y precisado acerca de si esas conexiones cumplían con los reglamentos o normas en lo relativo a seguridad eléctrica”, advirtió.
Además, le recordó al magistrado que tampoco había evaluado la supuesta falta de previsión de elementos para mitigar incendios. “Ni se valoró lo informado en el punto por Adrián Mellano, proveedor de los mismos, quien indicó haberlos depositado –a requerimiento del encargado de la Unidad Turística– en el depósito de suministros de la Unidad Turística de Embalse, aclarando también que la empresa que él dirige no estuvo contratada para la colocación de los mismos ni para la supervisión técnica de los inmuebles donde debían colocarse”, mencionó Montesi.
“Todos estos aspectos atinentes al cumplimiento o no de las normas de higiene y seguridad y la extensión de las atribuciones de cada uno de los encartados para velar por las mismas resultan dirimentes para deslindar su responsabilidad”, indicó.
La vocal además resaltó “demoras injustificadas y falta de diligenciamiento de medidas de prueba”, ya que ciertas medidas probatorias propuestas por el fiscal recién fueron facilitadas, tras un nuevo pedido, casi ocho meses después.
Dentro de tales medidas, el juez ordenó receptar ampliaciones de testimoniales a cuatro testigos por “establecer a la brevedad”, aunque esas actuaciones no se fijaron. Tampoco se respondieron oficios librados a las empresas Codyar y Mafalda y a la Unión de Empleados de la Construcción Argentina (Uocra), pese haber sido reiterados en agosto de 2024. No se respondieron ni se repitieron bajo apercibimiento, entre otras medidas sin avance.
En razón de que no se agotó todo el caudal probatorio ni la producción de más medidas es que el dictado de falta de mérito, para la Cámara, fue “apresurado”. Los vocales le ordenaron al juez que acelerara la causa.
