Fernando Albareda (53), militante de la agrupación Hijos Córdoba, fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo en la causa que investiga el asesinato de su propia madre, Susana Montoya.
Juan Pablo Bastos, abogado de Ricardo Albareda, indicó que pidieron a la Justicia ser “querellantes de la causa”. El letrado consideró que desde el primer día, Ricardo tuvo “sosprechas” sobre lo que había ocurrido.
“Declaró en (la División) Homicidios ese viernes y planteó su idea, su insistente sospecha en contra de Fernando, ahí estuvo a disposición de la investigación a la espera de un desenlace que es el que fue”, agregó Bastos en declaraciones a Mitre y Cadena 3.
“El dato que generó mucho rechazo en la intimidad de la familia fue lo sucedido en el sepelio donde se montó toda una actividad política que nada tenía que ver con la personalidad de su madre, todo esto fue incrementando la sospecha que claramente se lo puso en conocimiento”, agregó Bastos.
“Acompañado por los organismos de los DDHH, activistas reconocidos, solo su asistencia se justificaba por este pseudoargumento que Fernando estaba siendo amenazado”, en referencia a las supuestas amenazas de muerte contra el miembro de Hijos.
“También por esta maniobra burda de querer manipular la investigación alegando circunstancias de persecución política. Y por el último el montaje que se llevó a cabo”, indicó.
Además agregó que el “dato significativo que deviene de la personalidad de Fernando es la codicia, por el dinero, la expectativa de querer percibir de forma única la indemnización mencionada en este proceso”. En ese sentido, consideró que Fernando esgrimía que él debía cobrar el 100% de la indemnización millonaria por la desaparición de su padre.
Cómo detuvieron a Fernando Alvareda
“Lo detuvieron en la calle, y cuando le dijeron que tenían una orden de detención en su contra se entregó mansamente como quien estaba esperando que le llegara la hora”, confió una fuente cercana a la investigación.
Albareda había sostenido en repetidas oportunidades que él, su familia y su madre eran objeto de amenazas por parte de terceros, a raíz de un dinero que iban a cobrar por la desaparición del exsubcomisario de la Policía de Córdoba, que fue secuestrado durante la última dictadura militar argentina, Ricardo Fermín Albareda.
Sin embargo, el fiscal del caso, Juan Pablo Klinger, reunió “un compendio contundente de pruebas”, según lo definieron los laderos del fiscal, entre las cuales se destaca la autopsia, registros telefónicos, imágenes tomadas por cámaras de video e incluso un informe tipográfico que habrían hecho dudar desde un principio sobre la veracidad las amenazas denunciadas por el ahora imputado.
Los resultados de la autopsia
Las conclusiones preliminares de la autopsia sobre el cuerpo de Susana Montoya, de 74 años, la mujer asesinada en su casa de barrio Ampliación Poeta Lugones, establecieron que han confluido un traumatismo de cráneo y la asfixia mecánica por estrangulamiento como causas de su fallecimiento, según informaron fuentes de la investigación.
Susana Montoya fue asesinada entre el jueves por la noche y la mañana del viernes. Susana es la viuda de un exsubcomisario de la Policía de Córdoba que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar argentina, Ricardo Fermín Albareda.
Se trata de la mujer de 74 años que estaba casada con un policía que también fue militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Por la desaparición del militante fue condenado el genocida Luciano Benjamín Menéndez.
Su hijo Fernando, militante de Hijos y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, había dicho que él mismo la había encontrado en el patio ya muerta.
Desde el entorno familiar pidieron que “se investigue a todo el mundo”. En este sentido, no ocultaron la sorpresa por la difusión que tuvo una medida de reparación que implicaba el pago de una cifra millonaria por los salarios caídos del policía desaparecido. Los beneficiarios de este pago, de unos 74 millones de pesos, eran la viuda y Fernando, que son quienes llevaron adelante el reclamo de restitución del legajo.
Uno de los puntos que más llama la atención en la investigación es que no se forzaron aberturas para el ingreso. La puerta de rejas de ingreso fue abierta, presuntamente por la propia víctima. “Susana tiene que haberle franqueado el paso a alguien, porque sino no se entiende cómo podrían haber ingresado al domicilio sin forzar las cerraduras”, afirman desde la familia.
