Tras el giro inesperado que dio la causa por el crimen de Susana Montoya (74), que llevó a uno de sus hijos tras las rejas, este lunes el fiscal del caso, Juan Pablo Klinger, aceptó como querellante al hermano del presunto asesino.
Se trata de Ricardo Albareda, uno de los tres hijos de la víctima, que habría tenido un importante protagonismo para la orientación de las investigaciones, a pesar de su escasa aparición pública.
La descendencia de Montoya se completa con la hermana de Ricardo, que en el pasado se quitó la vida, y Fernando Albareda, hoy imputado por homicidio calificado por el vínculo, al ser el principal sospechoso, según la Justicia, del crimen de su propia madre.
Fue de la boca del propio Ricardo que en la fiscalía sonó por primera vez el nombre de Fernando como responsable, a pocas horas de conocerse el fallecimiento de la víctima. Y si bien se estima que el crimen se produjo el jueves 1° de agosto, entre las 20.30 y las 23, en barrio Ampliación Poeta Lugones, zona norte de la ciudad de Córdoba, Ricardo recién pudo hablar un día más tarde, cuando el fiscal comenzó a ordenar las primeras actuaciones.
Dijo, ante la presencia de Klinger, que el asesino “podía ser cualquiera”, antes de soltar el nombre de pila de su hermano. Finalmente el fiscal decidió aceptar la solicitud interpuesta por Ricardo a través del abogado que lo asiste, Juan Pablo Bastos, y se convirtió en querellante.
Las sospechas del hombre, lejos de atenuarse, se fueron intensificando con el paso de los días. Y si bien en la actualidad está a completo resguardo, y busca evitar cualquier declaración sobre la causa, su letrado dijo que se encuentra “satisfecho” con la tarea de investigación que encabeza Klinger.
“Está convencido de que Fernando Albareda fue el responsable del hecho. Pudo reconstruir todo: lo primero que observó cuando llegó al domicilio, donde faltaban cosas muy puntuales y estaba cerrada una persiana que nunca se cerraba”, dijo Bastos.
Tampoco creyó, contó el abogado, en que hubieran indicios de una amenaza de una “situación de persecución política” contra Fernando. Pero además, Ricardo le confió que Fernando siempre estuvo “muy interesado en cobrar una suma de dinero”.
“Tenía una gran expectativa por cobrar el monto de la reparación histórica que le correspondía a la familia por el padre desaparecido durante la dictadura, porque creía que había sido el único que hizo algo por esa causa”, puntualizó el abogado.
Luego dejó trascender que en la intimidad de la familia se produjeron, en el pasado, algunos episodios de violencia. En todos los casos, siempre según las versiones provenientes del entorno de Ricardo, estos actos fueron provocados por Fernando hacia sus hermanos o su madre. El viernes pasado, Ricardo protagonizó una reunión con el fiscal a pedido de su abogado. Lo miró al fiscal y volvió a reiterar su posición: “Fue Fernando”, dijo.
Ricardo y su primera sospecha
Cuando Ricardo habló de su hermano Fernando y pidió que lo investiguen hubo entre los pesquisas miradas de extrañeza. Dijo, casi textual: No descarten a mi hermano como el posible responsable del crimen. El fiscal –cuentan quienes vieron la escena– hizo un gesto de preocupación y puso ambas manos sobre su escritorio macizo.
Había visto desde el comienzo que faltaban objetos muy particulares en el domicilio, que sólo tenían valor para Fernando. Además, cree que su hermano había cerrado una persiana. Era una costumbre del acusado que la víctima no solía imitar.
Las conjeturas de Ricardo luego se fueron confirmando, con el avance de las investigaciones, en una lista cada vez más larga de corroboraciones que apuntalan la acusación del fiscal contra Fernando Albareda.
Como una de las claves más impactantes de esta causa se encuentra el hecho de que las puertas del domicilio familiar, ubicado en la calle Caminos al 3800, no habían sido forzadas. Los investigadores creen que la mujer le abrió la puerta al asesino, porque lo conocía, o que se trató de alguien que contaba con las llaves del hogar.
La hipótesis de un crimen que se había ejecutado desde el círculo íntimo se fue abonando a partir de este hallazgo, que también fue remarcado por Fernando Albareda en entrevistas que ofreció a la prensa a horas de producirse el asesinato.
Por eso el comienzo de la pesquisa no fue nada fácil, según reconocen los laderos de Klinger, quien mantiene un estricto hermetismo para respetar el secreto de sumario. La dificultad, dicen por lo bajo, se dio así porque el propio Albareda se hizo presente en la escena del crimen el día viernes.
Llamó al 911 y le dijo a la Policía de Córdoba que había subido por una tapia, había visto a su madre en el piso, y luego encontró carteles con amenazas, tras constatar que Montoya no presentaba signos vitales.
Pistas falsas y pistas firmes
En este punto vale recordar que el ahora imputado venía denunciado desde diciembre que él y su familia habían sido objeto de amedrentamientos. Montoya es viuda del subcomisario desaparecido durante la última dictadura, Ricardo Fermín Albareda. El año pasado el Gobierno de Córdoba había informado que se iba a realizar una “reparación histórica” al legajo del policía desaparecido y asesinado durante el gobierno militar.
Como en su hoja de servicios constaba que no había vuelto a trabajar, como si hubiera renunciado por sus propios medios, esa información debió ser reemplazada por la realidad: sufrió una baja mientras prestaba servicios para la fuerza. Por eso, a su familia le corresponde recibir una cifra millonaria, que también fue divulgada por las autoridades y que nunca fue cobrada.
Esa suma, con la muerte de Montoya, ahora se iba a dividir entre los dos hermanos y los hijos de la hermana, ya que el monto correspondiente a la hija mujer pasa a sus descendientes, dado que falleció. En Tribunales creen que en la repartija del dinero podría residir el verdadero móvil del crimen.
Albareda dijo, desde un comienzo, que las pintadas que vio en la pared de la casa de su madre, al pie de su cadáver y hechas con lápices labiales, provenían de los asesinos. Y mencionó, además, que en la Policía continúan activas “fuerzas oscuras” porque aún no se realizó una “depuración” desde la dictadura. Le atribuyó a estas “patotas” la responsabilidad del crimen.
Sin embargo, la hipótesis de un asesinato por encargo, o ejecutado por un grupo parapolicial, fue perdiendo peso con el paso de las horas.
Allí emergió otro de los detalles de gran impacto: la fiscalía informó que un estudio reveló compatibilidad con los trazos de Albareda y la grafía (la forma de las letras) de los mensajes intimidatorios del 8 de diciembre y los hallados en la pared, al pie del cadáver de Montoya. Las amenazas no serían tales, sino que se trataría de pistas distractivas, creen en Tribunales.
Entonces los investigadores comenzaron a suponer que el escrito hallado en la escena del crimen (“Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”), habría sido escrito por el propio Fernando Albareda.
Luego se obtuvo una tanda de imágenes que por estas horas el fiscal del caso continúa contrastando. En una de ellas, tomadas por una cámara de seguridad de una vivienda próxima a la casa de Montoya, se ve la camioneta de Albareda estacionada en las proximidades de la vivienda durante la ventana de tiempo en la que los forenses determinaron que se produjo la muerte de la víctima.
Finalmente, los propios testimonios del ahora acusado, y los que ofreció su círculo íntimo, tampoco ayudaron. Ya sea por inconsistencia o porque no pudieron ser contrastados con los hechos, según reveló a este medio una fuente, las declaraciones ante el fiscal y ante la prensa complicaron la situación procesal del hijo de la víctima.
Por eso Klinger, que además ordenó un muestreo profundo de restos de células en la casa de Montoya y en ambos lápices labiales con los que el asesino había escrito su mensaje de odio, cree en la buena salud de su investigación y avanzaría en los próximos días con la etapa indagatoria, donde Fernando podrá, ya en condición de imputado, declarar su verdad.
