Con jurados populares, el 19 de noviembre la Cámara del Crimen número 1 de Río Cuarto comenzará a juzgar a los presuntos asesinos de Claudio Lorenzo Torres (43), conocido como “el zar de la droga”.
El hecho fue investigado por el fiscal Fernando Moine. Los sospechosos de haber matado a Torres son tres integrantes de su banda: Cristian Fabián Ortiz, Mariano Martín Rivarola, Jonathan Daniel Palacios, y Néstor Nicolás Robledo ( ligado al clan de “Los Monos”, de Rosario). Están imputados por homicidio doblemente calificado, por precio o promesa remuneratoria, y por alevosía.
Torres, alias “El lecayo”, fue prácticamente fusilado en la puerta de su casa. El homicidio fue perpetrado el 16 de enero del 2019, poco después de las 20, en Laprida al 1264, barrio Fénix.
En un Audi TT, Torres acababa de llegar de Buenos Aires con su amigo, Gabriel Bossi. Ni bien se bajó del coche, recibió una ráfaga de disparos calibre 9 mm y 11.25. Falleció horas después en el hospital San Antonio de Padua. También resultó con algunas heridas menores un hermanastro suyo, que justo llegaba a la vivienda.
Torres estaba siendo investigado por la Justicia Federal desde el 2014, pero esa noche no lo estaban vigilando. Una semana después del crimen, el juez federal Carlos Ochoa ordenó 50 allanamientos por narcolavado.
Con el correr de los días, decidió 26 imputaciones y 16 detenciones, entre ellas las de un jefe de Policía de la Provincia: Gustavo Oyarzábal. Era justamente quien estaba a cargo de la investigación del homicidio de Torres. Allí se desató el “narcoescándalo de Río Cuarto”.
Tras millonarios secuestros de vehículos de alta gama, escuchas, pericias, y hasta amenazas al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la causa llegó al Tribunal Oral Federal (TOF 2) . Allí, finalmente, cambió la carátula. El caso federal terminó con un juicio abreviado, en el 2022. A los socios de Torres: Bossi, Ortiz, y Mariano Rivarola les dieron penas cercanas a los cinco años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, cometido con habitualidad. La mayoría de los demás imputados quedó en libertad.
A un año del crimen, familiares de Torres lanzaron sospechas contra el poder policial y político. “Fue una traición (…) Lo mataron para que no hable (…) Se sabía que iba a caer preso y había gente que podría verse perjudicada”, apuntaron.
¿Qué hipótesis investigó la Justicia?
Para la acusación, el contexto “mafioso” del iter criminis se evidenció desde los albores de la investigación, tanto por las actividades criminales a las que se dedicaban Torres, familiares y amigos, como por la modalidad del homicidio.
El fiscal Moine concluyó que el asesinato obedeció a “desavenencias en la compra y venta de estupefacientes”, entre Torres, Mariano Rivarola, Cristian Ortiz y “el círculo” de Rosario. Por entrecruzamientos telefónicos y otros indicios, interpretó que el crimen, “se concretó con un aporte de la banda narco criminal Los Monos”.
Según la investigación, “todo se habría originado por un problema con un cargamento de droga escondido en una quinta”, de un supuesto amigo del jefe policial Gustavo Oyarzábal. Más de un año antes del crimen, los estupefacientes habrían llegado a Río Cuarto en un camión con postes de madera del Norte. Se habla de dos o tres mil kilos de droga. Supuestamente, parte de la sustancia debía ser pasada a una tercera persona y Torres habría omitido esa entrega.
De acuerdo al relato de un testigo, que luego se desdijo parcialmente, Ortiz y Rivarola “estaban enojados con Torres por un faltante de 250 kilos de marihuana”, proveniente de Paraguay. “Ortiz le había advertido a Claudio que esto no iba a quedar así” y, en el velorio de Torres “se comentó que Rivarola había pagado a los sicarios que lo mataron”, dijo un ex integrante de la banda.
Entre los posibles móviles del crimen, la investigación descartó una traición de Gabriel Bossi. También rechazó la posibilidad de que Torres tuviera problemas económicos por los negocios con los autos y las versiones, originadas en la cárcel, sobre un conflicto con “los hermanos Escudero” o problemas en sus relaciones de pareja.
Según revela el expediente, hasta el 2009 Torres se dedicaba a regentear mujeres que se dedicaban a la prostitución. En tanto, en los últimos meses de su vida, se había acercado a la religión y planificaba casarse.
Como prueba de la profesionalidad en la planificación y ejecución del crimen del “zar”, la acusación señala que, once días antes, fue amenazado el Jefe de Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien investigaba a Torres por orden del juez federal.
En el mensaje anónimo llegado a su celular, decían saber que había procedimientos planificados para febrero y, advertían que, si los llevaban a cabo, iban a “arremeter contra todos”.
Para Moine, si no fuera por ese mensaje intimidante, todo el equipo de la PSA hubiera estado apostado en cercanías del domicilio de Torres, vigilando en busca de pruebas de su accionar. “Esa amenaza no fue casual, todo indica que formó parte del plan homicida”, sostuvo el fiscal.
Con todo, la acusación concluye que el homicidio de Torres fue materializado por encargo de Mariano Martín Rivarola y Cristián Fabián Ortiz quienes “en represalia por un faltante de droga”, planificaron darle muerte. Para ello, aprovecharon los contactos de Ortiz y Palacios con la reconocida banda narco-criminal de Rosario “Los Monos”.
En la elevación a juicio se concluye que el aporte de la banda rosarina le permitió a los autores intelectuales “concertar un plan sólido y delegar la ejecución material del homicidio en al menos cuatro profesionales (sicarios), entre los que se encuentran Jonathan Daniel Palacios y Néstor Nicolás Robledo y otros dos, hasta el momento no identificados”.
