A 15 años del homicidio de Nora Dalmasso (51) la Justicia dio el primer paso para juzgar al presunto autor intelectual del crimen: el viudo Marcelo Macarrón. El juicio está previsto para el 14 de marzo y este viernes comenzó el proceso de selección de los jurados populares que se sumarán a los jueces técnicos de la Cámara del Crimen número 1.
Hace una semana se hizo un sorteo electrónico de 48 ciudadanos. De ese total, 24 fueron convocados este viernes y 24 fueron citados para el lunes. La audiencia de selección se presume será extensa, por eso se realiza en dos instancias.
La expectativa está centrada en el accionar de la defensa. Las partes (defensa y fiscal) pueden interrogar a los posibles jurados para determinar si tienen ya una opinión formada del caso y eventualmente, recusarlos, si existe fundado peligro de parcialidad.
Además, existe la posibilidad de recusar a un miembro del jurado “sin causa”, todo con el fin de aumentar la percepción del acusado respecto a un tribunal justamente seleccionado.
Lo primero que se les preguntó a los convocados es si tienen algún vínculo de importancia con el imputado, el defensor o los jueces. Este puede constituir un motivo de inhibición, que los deja fuera del caso.
El rol de jurado es una carga pública, pero los sorteados pueden excusarse por razones de enfermedad, o en caso de que la asistencia al proceso (que insumirá varios meses) les cause un daño a su patrimonio.
Los jueces legos deben prestar juramento; no pueden manifestar sus opiniones personales acerca del juicio en el que están interviniendo ni a parientes, ni a terceros, ni en las redes sociales. Está legislado que deben evitar la búsqueda de información sobre el caso, no deben leer artículos periodísticos y deben denunciar ante el Tribunal, cualquier tipo de presiones, influencias o inducciones que reciban, en forma directa o indirecta.
Premura y prejuicios
El abogado Marcelo Brito remarcó que su cliente, Marcelo Macarrón, no interpuso resistencias judiciales y decidió sentarse en el banquillo de los acusados, “para terminar de una vez por todas con este tema que fue un drama en su vida”. “Cuanto antes queremos el juicio”, dijo.
Se espera que el jurado popular no llegue con una opinión formada al juicio, sino que edifique su convicción a partir de los testimonios y las pruebas que se ventilen durante el debate (y no puede preguntar, sólo observar).
Brito admitió que los jurados pueden tener prejuicios sobre el caso y que “el juicio mediático va a continuar, inevitablemente”. “En este sistema de jurados, no se puede soslayar, hay que apelar a la buena fe de la persona que ha sido honrada para juzgar, junto a un tribunal técnico, a otra persona”, expresó.
Informó que, para la recusación sin causa (solo pueden desafectar a un jurado así), las partes tienen un término de tres días a partir de confeccionada la lista de jurados.
En tanto, en la recusación con causa, si el hecho invocado surgió audiencia de selección, el recusante tiene 24 horas para plantearla. Pero, puede suceder que, con posterioridad a la conformación de la lista, las partes conozcan un hecho, incluso durante el juicio, que implique un motivo de recusación (como haber prejuzgado en forma pública, o cualquier otro impedimento que afecte su imparcialidad).
La Provincia de Córdoba fue la primera en implementar juicios con jurados populares en el país. La experiencia, en 1998 era “atenuada”, con dos escabinos sumados a los integrantes de una cámara. En el 2005, a partir de la ley 9182 se comenzó a aplicar el jurado “mixto”, en el que a los tres jueces técnicos se le suman 12 populares, 8 titulares y cuatro suplentes.
Los suplentes también deben estar presentes en todas las audiencias, para que conozcan todo lo ocurrido en el juicio, en caso de que les toque hacer un reemplazo.
¿Quiénes sí? ¿Quiénes no?
La decisión de incorporar a jueces sin formación jurídica fue pensada por los legisladores “como un medio de participación ciudadana y democratización de la Justicia de Córdoba”. El rol de los jurados populares es clave: definen si una persona es inocente o culpable. Los jueces técnicos, además, resuelven la cantidad de años de condena que eventualmente corresponde. Pero en el caso de Macarrón, el delito que se le imputa: homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y precio o promesa remuneratoria, tiene pena de prisión perpetua.
El sorteo de jurados se hace entre todos los ciudadanos empadronados de la Provincia (una nómina de unos13 mil por año). En el juicio de Río Cuarto intervienen los domiciliados en la correspondiente circunscripción. Deben tener entre 25 y 65 años, educación básica obligatoria y aptitud física y psíquica.
Están inhabilitados para ser jurados quienes participen o desempeñen cargos públicos en los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tanto en el orden nacional cuanto en el provincial y municipal. Tampoco pueden ejercer ese rol los funcionarios de la administración, de las entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, Caja de Jubilaciones, Apross, Lotería, Banco de Córdoba, Epec u otras entidades o en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o el poder de decisión.
La extensa lista también se depura porque los seleccionados no pueden ser autoridades directivas de partidos políticos, ni escribanos, abogados, o procuradores. También le está vedada la posibilidad de ser jurados a los condenados, a los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, a los ministros de culto y defensores del Pueblo, entre otros.
