El llamado lo sorprendió. Mientras se encontraba trabajando en Río Cuarto, desde una empresa de créditos le informaron que para otorgarle el préstamo que había solicitado debía presentarse con el DNI nuevo.
Rápidamente, el hombre le respondió que él no había solicitado ningún crédito. Para zanjar la cuestión, la compañía le pidió que se apersonara en el local crediticio. El episodio desencadenó una denuncia en la Policía y una investigación penal por falsificación de documento público en contra de Gabriel Alejandro Olmedo.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, lo procesó en 2017, y ahora la Sala A de la Cámara de Apelaciones confirmó la medida.
DNI “verde”
La mañana del 2 de octubre de 2015, la víctima recibió el llamado de Crédito Argentino para terminar con los últimos trámites del préstamo que había “solicitado”.
Tras advertir a la empresa que no había gestionado ningún crédito, fue hasta la firma, que le informó que días antes una persona se había presentado en Centro Motos para comprar un vehículo.
El personal de ese comercio envió la documentación a Crédito… para solicitar el préstamo. Se cree que el interesado (el presunto estafador) se presentó con el nombre del denunciante y exhibió una fotocopia del resumen de una tarjeta de crédito, las fotocopias del DNI de tapa verde y una copia del recibo de sueldo de una compañía.
Al ver la fotocopia de ese DNI, el denunciante se percató de que la foto de no era la suya, como tampoco el resto de la documentación a su nombre.
Durante la investigación, la Policía logró dar con el supuesto timador, quien se identificó como Olmedo. Sugestivamente, tenía en su poder un carné de conducir, recibos de sueldo, un contrato de locación, un resumen de tarjeta y un informe del Banco Central, todo a nombre del denunciante, y el mentado DNI “verde”, también con el nombre del damnificado.
Tras la imputación y el posterior procesamiento, la defensa de Olmedo apeló. Sostuvo que Olmedo habría presentado en Crédito las copias del DNI “verde” (falso), que para el momento del hecho ya era obsoleto.
En ese sentido, argumentó que el DNI apócrifo no era susceptible de afectar o poner en riesgo el bien jurídico ni engañar a terceros, y concluyó que el documento era tan burdamente falso que era identificable a simple vista para cualquiera.
De esta forma, solicitó el sobreseimiento por considerar que la conducta que se le había endilgado no encuadraba en una figura legal.
Qué dijo la Cámara
Al analizar la disyuntiva, el camarista Eduardo Ávalos valoró el resultado del peritaje del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que concluyó que el DNI “verde” era efectivamente trucho, pero que se encontraba habilitado para ser utilizado al tiempo del hecho (en 2015, cuando el canje obligatorio de todos los documentos de confección manual expiró en 2017).
“Al tener vigencia el documento al momento del hecho, tuvo trascendencia legal, por lo que (…) acredita la tipicidad del hecho al lesionar el bien jurídico tutelado, que es la fe pública”, advirtió el camarista.
De esta manera, “se puede inferir –continuó– que el documento que habría falsificado el imputado era idóneo para acreditar la identidad de la persona”. Para Ávalos, no sólo se probó que el DNI era “apto”, sino que desechó el planteo de Olmedo de que la falsificación era incapaz de engañar, resultando así “atípica (no encuadrar en un tipo penal de delito) la falsificación”.
Pero remarcó que la empleada de Crédito…, al recibir la documentación sobre el préstamo que Olmedo habría querido sacar haciéndose pasar por el denunciante, no habría advertido a simple vista (en la fotocopia) la anomalía del DNI “verde”.
Luego, al verificar que había un nuevo DNI a nombre de quien quería ser el tomador del préstamo (Olmedo simulando ser la víctima), la trabajadora llamó al denunciante al creer que se trataba del legítimo interesado para que se presentara con el documento nuevo.
El camarista, asimismo, también alertó que entre la documentación secuestrada a Olmedo se encontraron solicitudes de crédito con otras dos empresas y documentación a nombre del damnificado, “por lo que se presumiría la intención que habría tenido de utilizar nuevamente el DNI apócrifo”.
“La prueba valorada permite tener por acreditado que el documento de identidad que el prevenido tenía en su poder –cuya fotocopia entregó a fin de adquirir un crédito–, además de ser vigente al tiempo de la supuesta comisión del hecho, era falsificado. Y su falsedad no era de una ineficacia o ineptitud tal que lo hiciera rechazable por ser manifiesta y absoluta”, señaló Ávalos.
“Un documento –al igual que el papel moneda– deja de ser aceptable por terceros indeterminados cuando, por su inidoneidad absoluta, impide que la gente deposite en él la creencia de autenticidad”, siguió.
“Dicha confianza no se pierde cuando la idoneidad es relativa. No obstante, la falsedad pudiera ser descubierta por expertos”, cerró. Con el voto de su par, Graciela Montensi, en el mismo sentido, confirmaron el procesamiento de Olmedo.
