Tras el informe de La Voz referido al robo de casi 44 mil fojas de pruebas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en Córdoba, desde el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) se recordó que a pesar de esos faltantes, tres imputados por asociación ilícita tributaria fueron condenados con pruebas que el mismo tribunal y las partes pudieron cotejar.
La sustracción de evidencia de la Afip en un depósito del fisco ubicado en barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, fue denunciada por la propia administración nacional y trascendió durante dos juicios: “Wolfel” y “Mengo”.
El dato sobre el ingente robo pasó inadvertido mediáticamente y reflotado en el pedido que el juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, le realizó a su par del Juzgado N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, al solicitarle la declinación de su competencia (lo que aceptó) para entender en la investigación por la sustracción de pruebas en el expediente “Mengo”.
Bustos Fierro consideró que existe “conexidad” entre aquella sustracción y las otras que tiene a su cargo: la del robo de dos tablets del edificio de la Afip (secuestradas en la causa principal en la que está imputado Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros, por supuesta evasión tributaria y lavado de activos) y la del expediente “Wolfel”.
En total, fueron robadas 29.400 fojas de la causa “Mengo” y 14.500 del expediente de “Wolfel”.
En el caso de “Mengo”, la documentación que desapareció había sido ofrecida por la Afip como prueba contra una banda condenada en 2020 por asociación ilícita para evadir con comercialización de soja. El fallo luego fue confirmado por la Cámara de Casación Penal.
Sobre el caso “Wolfel”
Por su parte, y en la causa “Wolfel”, en 2021 el TOF2 condenó a Jorge Edgardo Wolfel, Víctor Hugo Iglesias y Sergio “Checho” Tovagliari por asociación ilícita tributaria. Un mes antes de que el juicio concluyera, fue la Afip la que alertó al tribunal sobre el robo de pruebas.
Rápidamente surgió el interrogante: ¿podrían apelar los defensores de los imputados en los dos juicios las condenas, de comprobarse que pudieron haber sido en parte sentenciados con pruebas físicas inexistentes en los depósitos, sólo plasmadas en informes oficiales?
Como fiscal de los dos juicios, Carlos Gonella aseguró a La Voz que las pruebas robadas sólo eran una porción de elementos que tuvo en cuenta –los otros fueron la documentación secuestrada y los testimonios de testigos– para sostener y robustecer la acusación y lograr así las condenas. Y que, a pesar de las sustracciones, existían copias certificadas de las fojas.
“No puede sustentarse la falta de prueba cuando hay un montón de otros elementos que corroboran que (los condenados) cometieron graves delitos de fraude fiscal”, precisó.
A su turno, el presidente del TOF2 aclaró a La Voz que “los planteos sobre faltantes de documentación fueron resueltos por el tribunal en audiencia oral y pública, con la intervención de todas las partes”.
Al respecto, remitió la copia del fallo en el que el juez Carlos Lascano (ya jubilado) contempló esa situación: “La ausencia de esa documentación no altera las conclusiones a las que se arribaron, las cuales están fundadas en prueba que el Tribunal y las partes pudieron cotejar”.
“La vehemente afirmación de los defensores técnicos en el sentido que en las constancias faltantes estaban las pruebas que permitían exculpar a sus pupilos procesales, es sólo una conjetura y no se explica por qué razón durante todos estos años no se indicó de qué manera toda esa documentación faltante podía justificar en derecho la actuación empresaria de sus clientes”, señaló.
