La situación de inseguridad que atraviesan los choferes de transporte por aplicación en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba se convirtió en una problemática compleja por la repetición de robos a Uber y a Didi, un fenómeno persistente y de alto impacto social que llegó para quedarse, según lo definen los investigadores que persiguen esta modalidad delictiva.
Por ello se explica que hasta la actualidad haya una sumatoria de 59 detenciones, con procesos judiciales abiertos y una vigilancia casi extrema.
En el cuadrante sudeste hay cinco barrios azotados por una modalidad ya conocida: Villa Inés, Maldonado, Campo de la Rivera, Müller, Renacimiento, y se extiende hasta afectar también a Colonia Lola y Miralta.
“Nos citan en un punto de la ciudad, por lo general céntrico, pero ‘nos encañonan’ en barrio Maldonado”, contaron las víctimas a La Voz, que se mantienen comunicados entre sí a través de un grupo de WhatsApp.
El caso más reciente ocurrió en los últimos días: tres personas mayores de edad fueron detenidas en barrio Maldonado, bajo el cargo de asociación ilícita, en el marco de una serie de robos a choferes de Uber y Didi.
Los operativos fueron el resultado de una larga tarea de inteligencia, de acuerdo a lo informado por fuentes con acceso a la causa, cuando los investigadores detectaron que los sospechosos reunían más de un caso de robo violento contra los conductores de aplicaciones.
La fiscalía busca determinar si la secuencia de robos en los que habrían sido protagonistas los detenidos tienen, o no, relación con otra cantidad de robos que siguen en revisión.
Vale remarcar que el complejo entramado delictivo pone en riesgo la vida de los conductores: los robos son violentos y la mayoría de las veces hay heridos.
El trabajo también se resiente: los ladrones se llevan los autos, los celulares, las billeteras. En definitiva, los delincuentes se llevan todo lo que pueden y los que pierden son los que conducen para Uber, Didi, taxis y remises, que deben suspender sus actividades hasta que recuperan las pérdidas materiales, cuando pueden hacerlo.
Y si bien en los grupos de WhatsApp de los conductores advierten que hubo un freno en los últimos meses, una especie de descenso en la intensidad y la repetición de los hechos, también aseguran que no una reducción total.
No obstante, reconocen que la respuesta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de las plataformas privadas fue decisiva. En ese sentido, desde el organismo informaron que hubo estrategias integradas y múltiples allanamientos que llevaron a la seguidilla de detenciones.
Una zona crítica para los robos a Uber y a Didi
La zona comprendida por una amplia franja del sudeste capitalino conforma un corredor que inicia en la cabecera sudeste de la avenida Costanera Sur y supera la avenida Circunvalación.
Bordea el Río Suquía, en una combinación de áreas urbanas que incluye áreas con alta densidad poblacional, otros asentamientos precarios y hasta sectores más despoblados.
Allí, donde las luces son tenues o están apagadas, los conductores sufren sus penurias: “No te das cuenta porque te van llevando. Te dicen que van a un centro médico, o a un negocio, y te van llevando hacia lugares que no conocés. Ahí te roban”, comentaron los choferes.
Al frente de las investigaciones se encuentra la fiscal Florencia Espósito, a cargo de la fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 5.
Desde allí se desplegaron diversas líneas de acción judicial que no solo apuntaron a esclarecer hechos individuales, sino a desarticular las organizaciones criminales que se benefician del robo sistemático a trabajadores del transporte urbano.
La dimensión del fenómeno llevó a que, en junio de 2023, se active el “Plan de Gestión Territorial del Conflicto Penal”.
Este dispositivo permitió identificar el área más afectada, donde se concentraba una cantidad significativa de hechos delictivos contra choferes.
La modalidad de los robos a Uber y a Didi y la persecución
El Plan de Gestión Territorial permitió perseguir el delito con una estrategia definida y con una fiscalía plenamente dedicada. Así se pudo establecer que la modalidad de robos era generalizada y estaba en ascenso.
La fiscalía de Espósito logró establecer que los asaltos, en su gran mayoría, son planificados y afectan en mayor medida a los conductores que trabajan de forma independiente y sin protección estructural (con aplicaciones).
Con la colaboración de todos los actores, los investigadores afirman que se afinaron los procedimientos y se elaboraron perfiles de riesgo. También, explican, se perfeccionaron las técnicas de investigación para detectar a bandas organizadas.
Este abordaje incluyó no solo a quienes perpetran el robo, sino también a quienes solicitan viajes con fines delictivos, los que reducen los elementos robados y aquellos que dominan territorialmente estas áreas en pugna constante por el control del delito.
La fiscalía de Espósito trabajó de forma coordinada con la Unidad Judicial Nº 9, la Unidad de Sustracción de Automotores, Robos y Hurtos, la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de Policía Judicial, y otros gabinetes científicos del Ministerio Público.
Además, se estableció una articulación inédita con las plataformas Uber y Didi, que ofrecieron información valiosa para prevenir ataques y perseguir penalmente a los responsables.
Voceros de Didi informaron que, desde la implementación de este esquema, los hechos reportados contra choferes “se redujeron a menos de la mitad”. Por su parte, Uber confirmó que las estadísticas delictivas en la zona “bajaron significativamente” desde que comenzó el trabajo articulado con la Justicia cordobesa.
Las cifras detrás de los robos a Uber y a Didi
El resultado de este esfuerzo se refleja en cifras concretas.
Hasta la fecha, se iniciaron 32 procesos judiciales vinculados exclusivamente a ataques contra choferes de transporte por aplicación, según detallaron desde la fiscalía.
En total, 59 personas fueron detenidas y 15 ya padecen condenadas a prisión efectiva.
Las condenas, en varios casos, superan los cinco años y se fundan en delitos graves como robo calificado con arma de fuego, asociación ilícita, encubrimiento agravado y participación de menores en hechos violentos.
Entre los casos destacados se encuentran condenas por 12 años de prisión por robo calificado por el uso de armas y varias sentencias de entre cinco y seis años por hechos similares.
La participación de menores ha sido un agravante relevante en las causas: varios adultos fueron condenados a penas más severas por haber actuado junto a menores inimputables, lo que denota un modus operandi planificado y reiterado, de acuerdo a lo que remarcan los pesquisas.
13 imputados enfrentan condenas mayores a cinco años. Algunos de estos hechos también incluyeron intimidación con armas de fuego, violencia física, y secuelas psicológicas para los conductores afectados.
Entre los 59 detenidos, varios se encuentran con prisión preventiva, otros ya fueron juzgados mediante juicios abreviados (17 casos) y una parte importante está pendiente, o por citación a juicio, .
Menores y robos a Uber y a Didi: la gran preocupación
Las investigaciones oficiales revelaron un dato que se observaba a menudo en este tipo de robos.
Hay una alta participación de menores de edad en los delitos. En muchos casos, los jóvenes actúan sin un adulto presente en el momento del hecho, lo que impide la imputación penal, aunque luego se investiguen vínculos con organizaciones que los reclutan.
En los casos en que sí hay mayores involucrados, la presencia de menores agrava la responsabilidad penal de los adultos.
Otra problemática recurrente es el perfil de las víctimas: se trata de choferes independientes, con ingresos muchas veces bajos, que se ven obligados a trabajar en zonas de riesgo para sostener a sus familias.
La exposición nocturna, la soledad del trayecto y la imprevisibilidad de los pasajeros los convierten en blanco fácil para los asaltantes, según se pudo establecer.
El MPF destacó que el objetivo de fondo es “garantizar la Justicia, llevar tranquilidad a los trabajadores y vecinos, y asegurar el acceso seguro a los servicios de transporte”.
En efecto, el impacto de esta situación afecta no sólo a los conductores, sino también a los usuarios de estas plataformas, que a veces ven restringido el servicio en determinadas zonas o en ciertos horarios.
