El presunto narcotraficante Leonardo “Leo” Tripi fue baleado este martes por la tarde en la ciudad de Rosario antes de que cinco policías sean imputados por “plantar” tres armas que usaron en atentados y amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a un miembro de la banda de Tripi, a quien los agentes querían perjudicar para liberar el territorio y que desembarcara otro grupo narco que, según se sospecha, habría financiado la maniobra ilegal de los efectivos.
“Leo” Tripi se encontraba en la zona de barrio Fonavi, en la zona oeste de Rosario, cuando habría sido atacado por dos jóvenes en moto. Lo acribillaron de varios disparos y sus familiares lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde entró en grave estado de salud.
El hecho provocó conmoción entre los allegados a la familia y amigos, entre ellos, Alexis Michell, el hombre al que los policías le “plantaron” las armas. Según señaló la abogada Elma Zapata a La Nación, que ejerce la defensa de Michell, la familia se negó a ingresar al programa de protección de testigos, que implica para la víctima varias restricciones en su manera de vivir.
Trama turbia en Rosario
El diario porteño indicó que para entender la trama que tiene como protagonistas al clan Tripi y a cinco agentes de la Policía hay que remontarse al 30 de enero pasado, cuando Michell, que se trasladaba en una Toyota Hilux, fue detenido por la policía tras haber visto en un bar el partido entre Newell’s y Lanús junto a “Leo” Tripi.
La versión “oficial” que se difundió en ese momento apuntaba a que los efectivos secuestraron dentro de la camioneta tres pistolas calibre 9 mm, .40 mm y .380 mm. También incautaron un cartón con un mensaje que decía: “TOE (Tropa de Operaciones Especiales) dejen de joder porque ni Pullaro los va a salvar”.
La acusación contra Michell fue la de participar en un ataque a balazos a la sede de esa fuerza de elite el 20 de enero pasado, en un lugar que queda muy cerca de la zona donde viven los Tripi. Pero todo era falso, de acuerdo con lo informado por La Nación.
El relato detallado que contó Michell al fiscal Franco Carbone terminó por convencerlo. Él dijo que los policías lo pararon primero en pasaje Acuña entre Rouillón y Pedro Lino Funes. Los agentes revisaron la camioneta y no encontraron nada.
Pero Michell tenía olor a alcohol y le dijeron que debía ir hasta 27 de Febrero y Rouillón, donde iban a hacerle un test de alcoholemia. Era todo mentira, según la abogada Zapata. Lo siguieron dos móviles del Comando Radioeléctrico y en el trayecto se subió un policía en la camioneta. A Michell le llamó la atención el despliegue si era solo por un control de alcoholemia. Pensó que lo querían coimear, pero era más grave la situación.
En 27 de Febrero y Rouillón paró la camioneta y los policías comenzaron a revisarla otra vez. Uno se acercó y le dijo: “Mirá lo que te dejaron en la chata”. Era un bolso donde había tres armas. Luego fue esposado y detenido, y estuvo 15 días preso.
Según advirtieron las fuentes judiciales, el acusado argumentó en la audiencia judicial, que se hizo luego, que las armas las había plantado la Policía. De todos modos fue imputado. Pero en la investigación judicial comenzó a florecer la hipótesis de que lo que decía este hombre podría tener asidero. A Zapata le llamó la atención que cuando declaró su cliente en el Centro de Justicia Penal fuera incesante la presencia de policías que entraban y salían de la sala.
Para el fiscal Carbone los policías plantaron las armas para involucrar en el hecho a una banda rival. No aportó detalles de qué grupo criminal sería el que tramó esta maniobra con los efectivos del Comando Radioeléctrico, que serán imputados por “encubrimiento”. El fiscal aún no tiene en claro si los policías también participaron de los ataques en los que se usaron esas armas. En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que los agentes no habrían disparado ni organizado los atentados.
Posteriormente, los cinco policías fueron detenidos, uno de ellos, Marcos Martín Molina, en Villa Yacanto Córdoba.
