El juez federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain, será indagado el 25 de noviembre en el marco de la causa en la se lo investiga por su presunta participación en una asociación ilícita, integrada por el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, sospechada de favorecer la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024.
El funcionario judicial fue imputado por los delitos cohecho pasivo agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. En otro legajo penal conexo, hay denuncias en su contra por abuso de autoridad, lo cual motivó que la semana pasada se allanara y requisara su despacho, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La medida fue ordenada a instancia del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fiscal general Diego Velasco, y el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procelac Rosario; y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa misma oficina, Esteban Venditti.
Luego de evaluar que hay evidencia suficiente para sospechar sobre la comisión de los delitos imputados por el MPF, el Juzgado Federal N°4, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó la indagatoria del juez Salmain. No obstante, rechazó el pedido de detención formulado por los fiscales, ya que se encuentra amparado por la inmunidad de arresto establecida en la ley 25.320 de fueros, en su carácter del juez federal de la Nación.
En la misma resolución, emitida el 13 de noviembre pasado, Vera Barros notificó del llamado a las declaraciones indagatorias del escribano Busaniche, para el 26 de noviembre, y al empresario Fernando Whpei, para el 27 de noviembre. Ambos, junto al exjuez federal Marcelo Bailaque y al extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) Rosario, Carlos Vaudagna, están imputados en el entramado de extorsiones contra empresarios de Rosario.
Los delitos por los cuales serán indagados Salmain, Busaniche y Whpei, según el encuadre legal escogido por la fiscalía, se circunscriben en la participación de una asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios público, cohecho y prevaricato.
De acuerdo a la investigación, la fiscalía requirió las indagatorias al considerar que los tres “formaron pare de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal N° 1″, a cargo de Salmain.
El 10 por ciento
Según la fiscalía, “en ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen un proceso judicial para que resulte beneficiado en aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
La compleja maniobra se dio en el marco del expediente que se tramitó ante el juzgado a cargo de Salmain, y fue realizada a través de la presentación de una demanda declarativa de inconstitucionalidad, donde Attila Fideicomisos SRL, atacó las resoluciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que restringían el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) para el pago de deudas en dólares estadounidenses, contraídas con anterioridad al 1° de septiembre de 2019.
El MPF consideró que Whpei, Busaniche y Salmain “conformaron una instancia asociativa, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos hechos delictivos”. Y que, con esas conductas, “direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato”.
Asimismo, Attila solicitó como medida cautelar urgente que se le autorice a acceder al Mulc y utilizar los fondos depositados en pesos en la cuenta que el Fideicomiso Doubleblue poseía en la aplicación financiera Reba, y los que se depositen en el futuro, para adquirir dólares estadounidenses hasta completar 10 millones de dólares, y transferir esos importes a la cuenta de uno de sus acreedores: “DB ACF Netherlandsl BV”.
A cambio, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, por su colaboración como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200 mil dólares.
De acuerdo a los elementos que expusieron los fiscales, para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su despacho laboral, el 2 de octubre de 2023. En esa oportunidad, el financista le hizo entrega del escrito de presentación que realizaría, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con Busaniche.
Sucesión de decretos y resoluciones
Durante el trámite del expediente, el juez dictó resoluciones y decretos que se encuentran en el sistema de gestión judicial Lex100. El primer decreto es del 14 de noviembre 2023, donde formaliza la presentación. Luego firma otro el 22 de noviembre de 2023 donde provee la demanda.
El 27 de noviembre de 2023 hace un traslado de la demanda al BCRA. Ya el 4 de diciembre 2023 firma un decreto donde dispone que vencieron los plazos (cuestión que no había ocurrido) de contestación que le había otorgado al BCRA, y pasa el expediente a resolución.
Un día después emite una resolución a favor de la medida cautelar peticionada, donde contiene la modalidad a cumplirse, la contra cautela (caución juratoria) y la emisión de los oficios para su cumplimiento. El 6 de diciembre rechaza el recurso de revocatoria contra el libramiento de los oficios realizado por el BCRA.
Ante la presentación de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio realizado por el BCRA, y donde solicita el efecto suspensivo, el 14 de diciembre el juez dicta una resolución para rechazar el planteo, y concede la apelación con efecto devolutivo aduciendo que “no se encuentran comprendidos en el supuesto del artículo 13 de la ley 26.854”.
Como consecuencia de la corrida bancaria del 13 de diciembre de 2023 y no conformes Salmain y Busaniche con el porcentaje solicitado al principio de la maniobra, se produjo una ruptura que culminó con amenazas de denuncias penales contra Whpei. Ello sucedió un tiempo después con la remisión del expediente por parte de Salmain al MPF, donde denuncia el delito de estafa procesal respecto de las actuaciones de Attila SRL.
Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, por su colaboración como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200 mil dólares.
Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la resolución dictada el 1° de marzo de 2024, sostuvo que “las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”.
Con sustento en esa cronología, el MPF consideró que Whpei, Busaniche y Salmain “conformaron una instancia asociativa, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos hechos delictivos”.
Y que, con esas conductas, “direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato. Estos últimos de plena autoría del magistrado, y como partícipes necesarios Whpei y Busaniche”.
Abuso de autoridad y gravedad institucional
Salmain también sumó un legajo donde se lo investiga por una posible situación de abuso de autoridad, instancia en la que interviene el fiscal general con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, y el y las fiscales coadyuvantes Andrés Montefeltro, Soledad García y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario.
En ese marco, a solicitud de la fiscalía y tras la autorización del juez de Garantías Román Lanzón, el miércoles de la semana pasada se concretaron una serie de medidas jurisdiccionales, como el allanamiento del despacho de Salmain, donde se secuestró documentación relacionada con el caso, computadoras, se realizó la requisa personal, y se le secuestró el teléfono celular.
También se inspeccionó el vehículo oficial asignado al magistrado y el de los agentes policiales que se desempeñen como su custodia. Según los fiscales, se investiga al juez por “un hecho de gravedad institucional” en relación a “un hecho de abuso de autoridad, por haber utilizado su investidura para obtener información en relación al caso que lo vincula a las maniobras junto a Busaniche y Whpei”.
En concreto, el 20 de octubre de 2025 compareció ante el Juzgado Federal N° 4 y solicitó el acceso a la causa, lo cual le fue denegada por un inconveniente en el sistema Lex100.
En ese marco, y haciendo abuso de sus funciones y atribuciones, un día después, Salmain envió un oficio al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su carácter de juez federal. Allí, aclara que ese oficio está enviado en relación a la medida judicial llevada a cabo por personal de la fuerza el 17 de octubre de 2025, cuando se procedió al secuestro de su teléfono celular, y a la requisa del vehículo particular.
