Los fiscales formalizaron el viernes la investigación preparatoria contra el exmilitar boliviano de 57 años, sindicado como el piloto de la avioneta que el miércoles aterrizó en un área rural de Andino con 475 kilos de cocaína, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Rosario, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El imputado, identificado como Oscar Armando C.H, coronel retirado de Bolivia, fue trasladado a los Tribunales Federales de Rosario, donde se formalizó la investigación preparatoria en una audiencia en la que intervino el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Al formalizar la investigación, el Ministerio Público calificó el hecho atribuido al imputado como contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, rutas aéreas no autorizadas y lugares clandestinos de aterrizaje en concurso ideal con transporte ilegal de material estupefaciente, en carácter de autor. En la audiencia, además, el magistrado hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado, por el término de 90 días.
“Maniobra de tráfico trasnacional”
Al comunicar la imputación y narrar la secuencia del ingreso ilegal no autorizado de la avioneta al territorio argentino con la carga citada, el titular de la delegación regional noroeste de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal Matías Scilabra, advirtió en la audiencia que se trató de “una maniobra de tráfico de estupefacientes trasnacional con la probable participación de otras personas de nacionalidad boliviana y argentinas aún no identificadas”. Además, indicó que la aeronave tenía la matrícula adulterada.
El funcionario también detalló las circunstancias anormales en las que fue individualizado Oscar Armando C.H, cuando se ocultaba en la barranca del río Carcarañá y fue identificado y detenido, luego de que un vecino lo divisara y llamara a los bomberos y a la policía porque pensaba que estaba en riesgo de caer al agua.
Por su parte, el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt hizo un repaso de las medidas que se tomaron en cuanto tomó conocimiento del hecho la Sede Fiscal Descentralizada, como el análisis del material estupefaciente. Los funcionarios además citaron las evidencias que se acumularon hasta el momento, como el secuestro de la avioneta, de la droga, el croquis del lugar de aterrizaje y documentación personal del imputado.
Al aclarar que se notificó al consulado de Bolivia sobre la situación legal del imputado, los fiscales enumeraron medidas pendientes, como la declaración de testigos, el requerimiento al Gobierno boliviano para que informe antecedentes penales o si tiene causas abiertas en aquel país, los bienes muebles e inmuebles que posee, el reporte satelital con posicionamiento global para determinar la ruta que hizo la aeronave desde Bolivia antes de aterrizar en Andino y el relevamiento de los planes de vuelo de la aeronave desde 2015 a la fecha.
En relación a terceras personas que pudieran estar involucradas como apoyo en tierra para el desembarco de la droga, el fiscal Bernhardt indicó que se solicitaron informes a distintas empresas titulares de antenas de telefonía celular para obtener los impactos de llamadas o mensajes entrantes y salientes en un determinado sector y rango horario.
Peligro de fuga
Al fundamentar el pedido de la preventiva por 90 días para el piloto, los fiscales expusieron que se cumplen los requisitos, porque se evidencia peligro de fuga ante la gravedad y circunstancias especiales del hecho que demuestran la posibilidad de acceder a recursos.
También, que se trata de un militar retirado, que no tiene arraigo en el país, y según informes de Migraciones, nunca ingresó oficialmente a la Argentina. Además, si bien se guardan los informes oficiales, subrayaron que en Bolivia aparentemente tiene una causa abierta por un hecho de homicidio que aún no tuvo resolución.
El fiscal Scilabra finalmente expuso la calificación legal preliminar de la maniobra contemplada en los artículos 864 inciso “a”; 865 inciso “e” y 866 del Código Aduanero.
90 días en preventiva
El juez Rodríguez Da Cruz cedió luego la palabra al abogado defensor particular, Hugo Leguizamón, que no se opuso al encuadre legal escogido por los representantes del MPF, y tampoco puso reparos al pedido de la preventiva. Por otra parte, indicó que el imputado hacía reserva de declarar en instancias posteriores.
Finalmente, el magistrado dio por formalizada la investigación y ordenó la prisión preventiva del ciudadano boliviano por el plazo solicitado, es decir 90 días, con vencimiento el 27 de enero de 2025.
