La Cámara Federal de Apelaciones decidió revocar la falta de mérito que se le había dictado al pastor Elías Argüello, líder de la organización religiosa “Dimensión Cielo” en San Francisco, y a otras cuatro personas por presunta “trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre”.
La decisión la había tomado, en mayo de 2021, el juez federal de Villa María Roque Rebak (subrogante en San Francisco), quien ordenó liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” en esta causa que llevó adelante la fiscal federal María Marta Schianni.
Sin embargo, con esta revocatoria, la Cámara Federal de Apelaciones le pidió al juez de instrucción que profundice la investigación y diligencie a la mayor brevedad posible las medidas probatorias.
La falta de mérito, cabe aclarar, es una situación intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento.
Es una decisión inicial que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o de su inexistencia y que, por tanto, no es conclusiva del proceso.
Estrategias para cooptar a las víctimas
Según la investigación, las supuestas víctimas fueron convencidas por Argüello y compañía mediante estrategias coercitivas para alejarlas de sus familias, despojarlas de sus bienes materiales en pos de las arcas de la organización y reducirlas a la servidumbre con el objeto de explotarlas económica y laboralmente.
Los demás sospechados en esta causa son Daiana Herrera, esposa del pastor; Ricardo Matías Mercado y Maximiliano David Mercado, ambos partícipes necesarios, y Marcos Matías Burini, considerado partícipe secundario.
Todos fueron imputados por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre) agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada la explotación, con la agravante para Argüello al ser ministro de un culto no reconocido.
Decisión judicial
El juez Rebak había considerado en su momento que no había pruebas suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer a la persona involucrada.
De esta manera, el pastor recuperó inmediatamente su libertad, la que hoy conserva.
Su decisión provocó que la fiscal Schianni, acompañada de María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex) –que colaboró con la investigación- presentara una apelación en la que controvirtieron los argumentos del magistrado.
Según la funcionaria villamariense, no se mensuraron las fuertes conclusiones de los peritos de la Dirección de Jurisdicción de Asistencia y Prevención de Trata de Personas perteneciente al Ministerio de la Mujer de Córdoba y de la Dirección de Orientación y Acompañamiento a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal nacional.
En la investigación, Schianni indicó que las seis presuntas víctimas fueron captadas por los miembros de Dimensión Cielo, que operaba en San Francisco, desde distintas partes del país “en situación de vulnerabilidad, marcada por situaciones personales de necesidad de cambio, búsqueda de sentido de vida, contención afectiva”.
A profundizar la pesquisa
Los jueces Eduardo Avalos y Liliana Navarro, de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, fundamentaron su decisión al indicar que las supuestas víctimas “se habrían encontrado en condiciones objetivas de vulnerabilidad, extremos respecto de los cuales resulta procedente efectuar un detenido análisis”.
En otra parte del texto, sostienen que conforme los lineamientos jurisprudenciales plasmados por la gran mayoría de los tribunales del país, los testimonios brindados por las supuestas víctimas del delito de trata de personas deben ser valorados y, por el contrario, se deben minimizar aspectos y contradicciones eventuales, secundarias o accidentales de los relatos efectuados.
También remarcaron que se debe enfatizar y destacar que, “en base a una prolífica experiencia tribunalicia muchos precedentes de los Tribunales Federales del país indican que, en la gran mayoría de los casos de personas victimizadas como consecuencia del delito de trata, las mismas no son conscientes de su situación de víctimas, por lo que en muchos de estos casos, además de no reconocerse como tales, resulta probable que adopten una actitud proclive a favorecer la situación procesal de los imputados”.
