El periplo de la causa de los “Sanadores egipcios” de Villa Cura Brochero continúa centrándose cada vez con mayor claridad en el enfoque de una secta liderada por el uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz (63) junto a su esposa Carolina Laura Cannes (51) y, ahora, el hijo de ambos, Máximo Ángel Aparicio Cannes (22).
Esa organización delictiva tenía como fines la trata de personas en la finca de “Pozos Azules”, lugar donde se habrían cometido numerosos abusos en perjuicio de algunas personas manipuladas con técnicas psicológicas.
Luego de que esos miembros alienados fueron imputados por la Justicia provincial junto a los tres responsables de la secta, la intervención del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja logró dirigir la causa a la órbita federal con un enfoque de trata de personas. La posibilidad de que se enfocara correctamente el fenómeno delictivo en una causa de trata hizo pasar de manos el expediente. La trata de personas es un delito federal.
De este modo, nueve de los 11 acusados, pasaron de ser “imputados” a la condición de “víctimas”. También salieron de la cárcel y pasaron a ser tratados como personas que habían sufrido la explotación laboral de la secta y abusos sexuales de Aparicio Díaz.
Estas víctimas habían caído en las manos de esta secta que “vendía” a quienes concurrían allí la “sanación” con “terapias egipcias”.
En la Justicia provincial, la fiscal de Cura Brochero Analía Gallarato (la misma que hoy tiene las actuaciones del siniestro vial en el que está involucrado el legislador Oscar González) había elevado la causa a juicio contra la pareja Aparicio Díaz-Cannes y otras nueve personas que ahora son consideradas víctimas. Esa decisión contó con dos avales sucesivos del juez de Control José María Estigarribia y luego por el vocal de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje Javier Rojo, que actuó como Cámara de Acusación.
El pedido de inhibitoria formulado por Vaca Narvaja, a pesar de la resistencia inicial, fue resuelto a mediados de este año por el mismo juez de Control Estigarribia, quien hizo girar las actuaciones a la Justicia federal. Meses después, con la causa en sus manos, en julio pasado Vaca Narvaja liberó a “las víctimas”.
Promoción de acción
Ahora, conforme fue avanzando la instrucción, el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega pidió en los últimos días la promoción de acción penal contra Álvaro Juan Aparicio Díaz -que se hacía llamar “maestro Sahú Ari Merek”-, su pareja y el hijo de ambos.
El fiscal le requiere al juez Vaca Narvaja que instruya la causa contra estas tres personas, con la óptica de una secta que ejercía la trata de personas, con explotación laboral, ejercicio ilegal de la psicología y abusos sexuales, entre otros delitos.
En su presentación, el fiscal describe el “hecho 1°″, donde incluye trata de personas y reducción a la servidumbre en perjuicio de quienes antes estaban imputados en la provincia: Carolina Altamirano, Maximiliano Iciksonas, Liliana Dariomerlo, Flavia Stefanich, Gabriela García, Liliana Marcial, Noelia López y Verónica Floridia.
En el “hecho 2°″, sindica a la pareja como jefes de asociación ilícita y presunto ejercicio ilegal de la psicología en contra del uruguayo que decía ser psicólogo.
Los hechos “3° y 4°″ señalan al “maestro” como autor de abuso sexual simple, con dos víctimas mujeres.
El “hecho 5°” habla de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra mujer.
Finalmente, el “hecho 6°” sostiene que habría un delito de cohecho de parte de Aparicio Díaz en perjuicio de los miembros damnificados.
Casas Nóblega le pide además al juez Vaca Narvaja que indague a los tres supuestos responsables de estas actividades, lo que se concretaría durante la próxima semana en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba.
Por otra parte, el fiscal le pide al juez que mantenga la privación de la libertad de Aparicio Díaz y de Cannes, hoy los únicos detenidos.
El nuevo enfoque
En la segunda mitad de 2021 la situación de los hoy considerados víctimas era muy mala desde el punto de vista judicial. Detenidos y con imputaciones severas, ya rumbo al juicio, el defensor de una de las “involucradas” (Dariomerlo), el abogado Mario Ponce, decidió recurrir a la Justicia federal con la idea de que se trataba de un caso de trata de personas. Para él, su defendida (y varios más) eran “víctimas” al ser explotadas por su vulnerabilidad y bajo el engaño de Aparicio Díaz. El líder de la secta, entendía Ponce, se aprovechada de la sumisión que lograba de esas personas al someterlas.
La idea de este abogado tuvo buena acogida en la torre del Parque Sarmiento y pronto siguieron sus pasos otros defensores, como Carlos Hairabedian, Miguel Juárez Villanueva y Lucas de Olmos, entre otros.
En marzo, Gallarato elevó la causa a juicio, a pesar de los pedidos de la Justicia federal y los planteos a favor del enfoque global de trata de personas y de víctimas para la mayoría de los acusados.
Ponce sostiene que “el tema de las sectas es muy peligroso y difícil, porque todavía no tiene una mirada unificada”.
El abogado penalista mostró su preocupación porque a las sectas no se las ubica dentro del delito de trata, donde hay personas “reducidas a la servidumbre a través de la manipulación psicológica y por su estado de vulnerabilidad, convirtiéndolos en víctimas por sumisión y control psicológico absoluto”.
Hijos contra el padre
Entre las numerosas medidas que Casas Nóblega le solicita a Vaca Narvaja se cuenta que “se recepte declaración testimonial de Álvaro Aparicio y Nelson Gallo”, dos jóvenes que viven en España y son nada menos que el hijo y el hijastro del “maestro”, respectivamente.
Estas dos personas ya tuvieron apariciones públicas a través de los medios de comunicación cordobeses y además de suministrar detalles de la operatoria de su progenitor, dieron a entender que ellos también habían sido víctimas de los abusos de su padre o padrastro, por lo cual huyeron del país y luego se radicaron en España. En la misma situación estaría una hermana de ambos.
