Una niña de 12 años expresó su voluntad de interrumpir el embarazo provocado por los abusos de su padre. Fue puesta bajo el sistema de protección del Estado de Santa Fe y ahora se evalúa su situación.
La niña, oriunda de la localidad de Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada contra su voluntad por una agrupación “provida” a una casa de la Asociación Civil Grávida, desde donde fue rescatada este martes.
La Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe respecto al caso dijo: “exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10″ (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento”, indicó la Campaña en un comunicado.
Este miércoles lograron internar a la niña en compañía de su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que “se tranquilice” para tomar una decisión.
Voceros del Ministerio de Salud indicaron que la infante transita el segundo trimestre del embarazo y estaría justo a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, expresó que considerando la gravedad, vulnerabilidad y complejidad que conllevaba el caso se trabajó de manera interministerial.
“Como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo” detalló.
La ministra a través de un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter expresó que “desde ese momento, se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho. En el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”.
“En este sentido, quiero destacar que sin una intervención coordinada e inmediata esto no hubiera sido posible y que esta situación expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad” apuntó Marinaro.
La funcionaria destacó que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización “provida” hacia la niña y su madre.
Interrupción del embarazo: el caso
El 19 de diciembre la niña fue llevada por su madre a un control médico en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que las dos manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.
Las autoridades sanitarias aprobaron la solicitud y fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron contra su voluntad a una casa de Santa Fe.
Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y ayer rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.
Por otro lado, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado. Horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo, se lo sentencio en una audiencia desarrollada este miércoles al mediodía en Tribunales.
