Tal vez suene a oxímoron, pero hay trabajadores judiciales que se consideran “pobres” por no alcanzar sus salarios el mínimo para no percibirse de esa manera. En la última semana terminó de estallar en los Tribunales provinciales una realidad que venía gestándose desde fines de 2024, cuando un grupo de empleados no jerárquicos comenzó a reclamar por el escaso nivel de sus sueldos.
En general, se entiende que los agentes de la Justicia están entre aquellos asalariados que tienen cierto privilegio, por tener ingresos más altos. No es para objetarlo ni para nivelar para abajo, porque los salarios deben ser dignos, mucho más si se consideran los méritos que tienen los integrantes de la Justicia.
El problema es que hay un segmento que está un escalón muy por debajo del resto. Quienes no son funcionarios o magistrados perciben sueldos que en su mayoría no se acerca al millón de pesos. En las últimas protestas se indicó que el piso de los ingresantes es de unos 700 mil pesos y que algunos que acumulan cierta antigüedad no se separan mucho de ese piso. Lo que más les duele es que varios de ellos tienen su título de grado inmovilizado, porque si son judiciales no pueden ejercer como abogados.
Desde la década pasada parece haber quedado en el olvido el anhelo de que los salarios de los judiciales no jerárquicos se equiparen con los de la Justicia federal, donde los empleados de niveles inferiores sí tienen salarios satisfactorios. En la Justicia provincial quedaron “pegados” a los ajustes salariales de los funcionarios y magistrados, pero no en el caso de los no jerárquicos.
Los aumentos en la Justicia federal los dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también los reciben los jerárquicos provinciales.
En Tribunales provinciales, este colectivo postergado de “los de abajo” también es el más numeroso. Además, es el que depende de los reajustes que el Tribunal Superior de Justica (TSJ) consigue del Ejecutivo provincial.
También hay que decir que este colectivo es el que puede o no estar afiliado al gremio del personal no jerárquico, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). Mucho le ha costado en las últimas semanas a esta organización el reproche del movimiento de “autoconvocados” (en su mayoría, no afiliados), que en las últimas asambleas les criticó a los dirigentes sindicales que no ponen todo lo que tienen que poner para pedir aumentos.
Desde AGEPJ aclaran que llegaron a un acuerdo con el TSJ, pero que el alto cuerpo no tuvo mayor suerte con el Ejecutivo. El último aumento para estos trabajadores fue del 1,8 por ciento, lo que de inmediato fue comparado con “el valor de una docena de empanadas”.
El pasado viernes, en el acto de apertura del año judicial, los autoconvocados protestaron frente a Tribunales 1, aprovechando la presencia de los vocales del TSJ y la visita del gobernador.
Desde el gremio de trabajadores judiciales federales (UEJN) aprovechan para “invitar” a sus pares de la provincia a sumarse a sus medidas de fuerza, ya que quieren la equiparación con ellos. En ese fuero, la queja es que el actual Gobierno nacional les ha hecho perder un 28 por ciento de sus salarios.
El martes hubo paro provincial de muy alto acatamiento. Este viernes se harán asambleas y la efervescencia no parece disminuir. La espuma no tiene buen color ni tiene pinta de bajar.
