A las 6.52 exactamente del 16 de abril de 2024, la cámara captó el principio del vaciamiento de la financiera ilegal BFA Inversiones y Finanzas SA de Marcos Juárez. Durante 10 frenéticas horas, un “desfile” de personas se llevó bultos, cajas, mochilas, computadoras y maletines ante el inminente allanamiento de la Justicia federal.
Los “vaciadores” no contaron o no advirtieron meticulosamente la existencia de una modesta cámara blanca perteneciente a un local comercial ubicado frente a la “cueva”. No solo todos los movimientos quedaron registrados sino que las imágenes fueron incorporadas a la causa penal como pruebas incriminatorias en contra de varios imputados, a quienes les habrían filtrado “el dato” de que los allanarían.
La investigación por asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada a cargo de la fiscal federal de Bell Ville, María Miguel Carmona, y el juez Sergio Pinto, tuvo en los últimos días un avance importante.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó los procesamientos de Adrián Marcelo Brussino, Antonio Alejandro Margherit (esos dos con preventiva) y su hijo Juan Antonio Alberto Margherit, Martín Sebastián Campana “Pichi” de Paul, Gabriel Fernando Melano, Yanina Paola Cuniberti y Laura Andrea Reinaudi.
Los vocales también revocaron los procesamientos (por encubrimiento) del contador Hernán Hugo Escudero, Yanina Paola Isla, la abogada Paulina Soledad Freytes y el contador Marcos Gastón Grasso y dictaron la falta de mérito para profundizar la pesquisa sobre sus eventuales roles.
Sospechas y millones en Marcos Juárez
La fiscal comenzó a investigar el accionar de BFA a partir de la denuncia anónima presentada ante la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (ex-Afip, hoy Arca) respecto de información clave.
Los datos apuntaban a BFA como una “cueva” ubicada en pleno centro de Marcos Juárez, y a su supuesto “financista”, “mentor” o “socio encubridor”, según el juez Pinto: Brussino, un productor agropecuario y dueño de la aceitera PRO-LEO SRL (continuadora de Proleo SA), de Leones. La firma habría realizado el 98% de las ventas a las otras compañías del empresario, aunque no habrían sido reales por su incapacidad operativa.
De acuerdo con la denuncia, el productor tenía participación también en Agropecuaria Santa María SRL y Agro SM SAS (estás últimas dos, con su esposa, Reinaudi, supuesta “socia” en las firmas), y obtenía dólares de Chile para “operar” en Marcos Juárez, Villa María y Mendoza. La ex-Afip detectó inconsistencias en la situación tributaria de los imputados y las firmas asociadas a ellos.
Pero no fue la única sospecha: el denunciante anónimo dijo que solía ver frecuentemente a diversas personas extraer fondos de bancos y llevarlos, en bolsos, a BFA. Esa habría sido parte de la mecánica que la que la “cueva” habría utilizado para fondearse.
Entre junio de 2022 y abril de 2024, los procesados habrían realizado operatorias ilegales desde BFA. A pesar de estar habilitada por el Banco Central a ofrecer créditos, como “otros proveedores no financieros”, en la praxis habría sido una “cueva”: desde la captación de depósitos a plazo, préstamos, servicio de cajas de seguridad, compraventa de dólares, mutuos, cambio de cheques y operaciones con cereales “en negro”.
El caso recuerda a la falsa financiera CBI Cordubensis SA, que realizó operaciones de intermediación financiera ilegales entre 2012 y 2014y a otras que, con posterioridad, se conocieron en Córdoba.
“Se me venció ahí un documento y lo quisiera renovar. ¿Puedo agregar algo?”, planteó un cliente de BFA. “Hasta un ‘palo’ ($ 1 millón) te puedo tomar”, le dijeron desde la “cueva”. El fisco descubrió una posible doble facturación (una real y la otra simulada).
Para la fiscal, Brussino se habría erigido como el “financista” de BFA, mientras que los Margherit y Campana de Paul eran los titulares de la financiera. Estos últimos también habrían sido responsables de la empresa MCM SRL (con el fideicomiso Las Palmeras como integrante), dedicada a fertilizantes. De allí habrían conseguido otros ingresos marginales luego canalizados a la operatoria económica de BFA.
Los investigadores detectaron que el contador Escudero aparecía siempre como el “poderdante” de varias de las compañías de Brussino, que habrían efectuado posibles defraudaciones contra el fisco.
Para el juez, Brussino (habría tenido injerencia en el Fideicomiso Familia Brussino y Brussino Agropecuaria SRL) y el contador Margherit (p) (de la firma Profarm) tenían un claro vínculo. “Un socio mío tiene una fabriquita en Leones: el Adrián Brussino”, se escuchó al empresario en una de las intervenciones. La “fabriquita” habría sido PRO-LEO.
Pero también los habría unido BFA, ya que Brussino habría fungido como “financista” de la “cueva” con poder de decisión, al igual que Margherit (p) y Campana de Paul. “Cada dos por tres, me pela. Me acorta un poquito lo que puedo vender”, dijo “Pichi” en una de las intervenciones sobre Brussino, en referencia a que este habría llevado adelante grandes operaciones con dólares mediante BFA.
Las escuchas confirmaron además que tanto Margherit (p) y Campana de Paul, como Brussino, tenían un rol en BFA. “Con Martín, con ‘el Pichi’, tenemos dos empresas: una es la financiera BFA, en la que está al frente él, y la otra es una empresa de agro en la que estoy al frente”.
Brussino le dijo a su “mano derecha”, Cuniberti, que iría a BFA a retirar “5″, presumiblemente $ 5 millones o trasladar allí “15 ‘palos’”. Brussino fue captado ingresando y saliendo de la financiera, al igual que Margherit (p), en movimientos que habrían sido habituales.
En otros diálogos, se mencionaron movimientos de abultadas cifras, operaciones con cheques por más de $ 100 millones, compra de vehículos por $ 50 millones; compraventa de terrenos; derivación de clientes a la “cueva”; compraventa de divisas; maniobras “en negro”, “sin papeles” y “sin facturar” (presunta evasión); posible tráfico de influencias y pagos de coimas.
El productor habría, incluso, dado órdenes a los empleados de BFA sobre las operatorias y habría contado con la colaboración de su esposa.
Son múltiples los llamados por compraventa de dólares a cotizaciones no oficiales (blue) en las que habrían intervenido no solo Brussino, sino además Margherit (p), Campana de Paul y Melano. Para el juez Margherit (h), como representante legal y socio de BFA, no podía desconocer las operatorias durante los casi dos años que la “cueva” funcionó.
“Brussino, Antonio Margherit, Campana de Paul, Melano, Cuniberti, Juan Margherit y Reinaudi, de común acuerdo y con un aporte personal de cada miembro, habrían conformado un grupo delictivo organizado, obrando con funciones definidas”, advirtió la camarista Montesi al procesarlos tras las apelaciones de las defensas.
Así es que, Brussino, Margherit (p) y Campana de Paul habrían actuado como jefes de la asociación ilícita porque “dirigían y coordinaban la operatoria” de la financiera, según la vocal. En un peldaño inferior, Melano, Cuniberti y Reinaudi habrían sido “colaboradores”, al igual que Margherit (h) (se modificó a integrante de la banda).
En simultáneo a las maniobras en Marcos Juárez, habrían operado además con la financiera Cocos Capital, Buenos Aires.
La inesperada cámara que registró el vaciamiento de la “cueva”
El 18 de abril de 2024, el juez ordenó múltiples allanamientos tanto en BFA (con la apertura masiva de 326 cajas de seguridad, algo inédito, ante la imposibilidad de identificar a quiénes pertenecían) como en los domicilios de los imputados. Se decomisaron U$S 1.820.900 y $ 1.180.700.
Sin embargo, los procesados fueron alertados sobre los operativos unos ocho días antes, en una gravísima filtración que está aún bajo investigación.
Aunque inicialmente se mencionó que el auditor independiente de BFA y “ponderante” de las empresas de Brussino, Escudero, habría sido el “receptor” de la información sensible de los allanamientos y se la habría transmitido a los empleados de su estudio contable (Isla, Freytes y Grasso), la Cámara (por mayoría) revocó ahora los procesamientos por encubrimiento.
Los camaristas Liliana Navarro y Eduardo Ávalos sostuvieron que no hay pruebas de que hayan sido ellos quienes advirtieron a los investigados del allanamiento, sobre todo porque Escudero recibió esa información casi un año antes del operativo (la vocal Montesi opinó, por el contrario, que sí había pruebas). De ese modo, dictaron la falta de mérito y ordenaron al juez profundizar la investigación para determinar si fueron o no ellos efectivamente los responsables.
Advertidos de alguna forma, varios imputados habrían hecho desaparecer un importante caudal probatorio dos días antes de que el juez firmara la orden para los allanamientos. Cuando los efectivos llegaron a BFA no había nada: ni documentación ni los CPU de las PC que arrojaran pistas sobre el funcionamiento de la “cueva”.
De las 12 cámaras de BFA, sugestivamente solo funcionaba solo una. No obstante, una inadvertida la cámara del comercio de enfrente, los investigadores pudieron observar que durante 10 horas, los Margherit, Campana de Paul, Melano, Ferreyra (empleados de BFA) y otras personas no identificadas fueron filmadas cuando vaciaban las oficinas en un verdadero “desfile” de cajas, mochilas, maletines y PC “fugadas”.
