Cinco años después de la muerte de diez residentes en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, tras un masivo brote de Covid-19, se dará a conocer el veredicto en una causa que sentó un precedente en la fiscalización de este tipo de instituciones. El caso, ocurrido en abril de 2020 al inicio de la pandemia, expuso graves irregularidades y una situación de abandono.
Cronología de una tragedia anunciada
La situación en el geriátrico Apart Los Incas, situado en Avenida de los Incas y Zapiola, fue denunciada por Sergio Federovisky a mediados de abril de 2020, quien alertó sobre un estado de “abandono total”. La denuncia inicial detalló una situación alarmante durante un fin de semana: no hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado presente. En su lugar, sólo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de residentes.
Esta falta de supervisión y personal adecuado llevó a una masiva propagación del coronavirus entre los residentes. A pesar de que las denuncias se fueron acumulando, las medidas llegaron tarde. El geriátrico fue evacuado recién el 21 de abril de 2020. Lamentablemente, de las 19 personas que vivían en el lugar, diez fallecieron a causa del brote de Covid-19.
El juicio y los seis imputados
El juicio por este caso “bisagra” comenzó el pasado 19 de mayo en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.
La causa tiene seis imputados principales: los cuatro dueños del geriátrico, responsables de la administración del lugar: los matrimonios Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, y Luis Daniel Megyes y Alicia Haydee Allegue. Además, la directora médica del geriátrico, Carla Raffo y la ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Trunzo.
Las parejas propietarias y la directora médica están imputadas por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias. En cuanto a Paula Trunzo, quien tenía el deber de fiscalizar los geriátricos como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Durante el debate judicial, se presentó documentación que evidenció una serie de irregularidades que ya existían antes de la pandemia. Entre estas las historias clínicas sin actualizar; residentes sin control médico adecuado y también empleados presionados a trabajar incluso con síntomas compatibles con Covid-19.
Pedidos de penas y posibles absoluciones
En sus alegatos, la fiscalía y las querellas solicitaron diferentes penas para los imputados, además de la inhabilitación en todos los casos:
- Para Luis Daniel Megyes: entre tres y ocho años de prisión.
- Para Hugo Visca y Carla Raffo: entre tres y seis años de cárcel.
- Para Daniela Alejandra Gonzalo y Alicia Haydee Allegue: tres años de cárcel.
Sorprendentemente, para la ex funcionaria porteña Paula Trunzo, la fiscalía y otras querellas pidieron su absolución. Según el abogado Ignacio Trimarco, representante de varios familiares de las víctimas, esto se debe a que “la legislación que existía en ese momento no la habilitaba a tomar acción más allá de la que hizo”.
Por su parte, las defensas de todos los acusados solicitaron la absolución de sus clientes, argumentando una situación de “fuerza mayor” debido a la naturaleza global de la pandemia.
Un caso “bisagra” que cambió la normativa
Ignacio Trimarco considera que este es un “caso bisagra” para la Argentina. Afirmó que a raíz de esta tragedia, “se modificaron las leyes y protocolos de inspecciones en los geriátricos, que antes eran muy laxas, y se endurecieron los controles y las penas para quienes no cumplan”. La expectativa ahora se centra en el veredicto, que no sólo determinará la responsabilidad de los implicados, sino que también reafirmará el camino hacia una mayor protección de los adultos mayores en instituciones de cuidado.
