A siete años de haber firmado el boleto de compraventa por un departamento y dos locales comerciales, un damnificado por el abandono en la construcción del emprendimiento Love, de la desarrollista Inverco, solicitó y logró que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 39A pusiera en marcha la liquidación del fideicomiso.
Este es un proceso civil. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, detuvo el año pasado al directivo de Inverco Santiago Carranza, al contador Luis Emilio Barac, a la escribana Silvia Adriana del Valle Olocco y a dos personas relacionadas con la propiedad de la tierra, Juan Arcadio Rearte y Elsa Gloria Giordano, viuda del antiguo propietario del predio, Humberto Alejandro López, por asociación ilícita y estafas reiteradas.
Según la investigación penal, cada damnificado habría depositado al menos U$S 60 mil por cada unidad que se levantaría en un predio de 2,5 hectáreas en una de las mejores ubicaciones de Córdoba –nudo vial El Tropezón–, con cinco torres elevadas con al menos 990 departamentos, 130 mil metros cuadrados cubiertos, 170 oficinas, 580 cocheras, un supermercado de 1.500 metros de superficie, 12 mil metros cuadrados en locales comerciales dispuestos en un shopping center, un hotel de cuatro estrellas con 70 habitaciones y hasta un cine.
La apertura del proceso de liquidación –que es similar a una quiebra– fue decidida a partir de la presentación de Alberto Martín Serantes, quien en 2017 compró un departamento y dos locales comerciales al fideicomiso y frente al incumplimiento de todos los plazos de obra solicitó que la Justicia liquidara los bienes puestos en garantía por el instrumento jurídico.
En concreto, lo que pidió el damnificado es “la liquidación judicial por insuficiencia de los bienes para atender a las obligaciones contraídas en la ejecución del contrato y evidente estado de cesación de pagos”.
El Juzgado concedió este pedido, luego de una compleja investigación de la madeja de contratos y cesiones que integran el fideicomiso, cuyo fin último, entendió el juez, no podía ser otro que la concreción del desarrollo inmobiliario prometido.
Los damnificados tienen hasta el 31 de agosto para presentarse ante el organismo liquidador y certificar sus acreencias. Ese día se podrá conocer cuántos son los perjudicados por la maniobra y cuáles fueron los montos que aportaron cada uno, así hayan cancelado en forma total o en parte la compra de departamentos o de locales comerciales.
En la Justicia esperan un gran número de presentaciones, puesto que por la causa penal ya se conoce que son numerosos los damnificados. En esta instancia también pueden certificar acreencias Afip, Dirección General de Rentas y la Municipalidad de Córdoba.
El único bien que tiene el fideicomiso es el terreno ubicado en el cruce de las avenidas Cárcano y Colón, donde aún hoy lo único que hay es un esqueleto de hormigón y un predio abandonado.
Salvo que aparezca un inversor que quisiera hacerse cargo de las deudas y continuar con el desarrollo, tras la determinación del pasivo, se ordenaría el remate por subasta electrónica del inmueble y con lo que se obtenga se comenzará a pagar a los afectados, en la proporción que lo que se obtenga de esa venta alcance a cubrir de cada uno.
Al menos 80 damnificados
“En el grupo de WhatsApp que tenemos damnificados de las más variadas procedencias hay al menos 80 perjudicados. Hay gente de Córdoba, pero también de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, porque esta gente hizo publicidad engañosa en todo el país”, contó a La Voz Juan Manuel Lozita, quien compró dos departamentos en cuotas a Inverco.
“Algunos pocos compraron con precio especial en pozo, al inicio de la obra, poniendo todo el capital, el resto pagamos en cuotas, que iban creciendo todo el tiempo, hasta que la loza se paró en el cuarto piso y empezamos a preguntar qué pasa, por qué se había detenido. Y las respuestas eran siempre dilaciones: que la Municipalidad, que la crisis económica, que esto, que lo otro. Tuvimos una infinidad de reuniones. Cuando cerraron las oficinas que estaban en barrio General Paz ya no tuvimos más contacto y ahí es cuando interviene el fiscal Gavier”, relató Lozita.
Un convenio trunco: la ciudad de Córdoba, otra perjudicada
Se da una situación particular con el municipio capitalino, puesto que el emprendimiento Love, de Inverco, firmó en 2014 un convenio urbanístico que sólo se cumplió en una primera etapa. La desarrollista se había comprometido a ejecutar en dos tramos la repavimentación del Camino a Chacra de la Merced, como contraparte por la autorización de distintas excepciones al Código de Edificación.
La comisión mixta para la revisión de convenios urbanísticos creada durante la actual conformación del Concejo Deliberante capitalino concluyó que este convenio urbanístico “ratificado por ordenanza N° 12.371 no ha sido cumplido en la integración del beneficio para el municipio por parte de la iniciadora (Inverco SA). Respecto a las obras comprometidas correspondientes a la repavimentación camino a Chacra de la Merced, etapa I y II, existe entonces cumplimiento, fuera de los plazos, de la primera etapa (por un monto de $ 7.336.765,30), pero no se verifica cumplimiento alguno de las obras previstas para la segunda etapa”.
El incumplimiento, incluso, fue en la presentación de plano. Una respuesta a la Justicia desde las áreas técnicas municipales dio cuenta de que el emprendimiento “no cuenta con planos presentados, habiéndose emplazado por cédula de infracción y/o notificación el 12/06/2015, ordenando la paralización de los trabajos en obra, por no contar con permiso de edificación correspondiente, no habiendo recibido hasta la fecha presentación alguna de planos”.
