El 17 de mayo pasado el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, dictó la prisión preventiva para miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), entre ellos a quien fuera su jefe máximo durante los últimos 15 años, Juan María Bouvier. Cumplidos los plazos legales, se presentó un recurso de oposición a cargo del abogado defensor del mandamás del sistema carcelario, el penalista Alejandro Pérez Moreno.
Gavier pone a la cabeza de una asociación ilícita al exhombre fuerte del SPC y reprocha a esa banda haber conformado una estructura de corrupción destinada a extorsionar a los presos con el fin de obtener dinero a partir de “favores” o “beneficios”. Para esto, se había conformado un “tarifario” con los montos a abonar por cada “servicio”, según el auto de prisión preventiva dictado a Bouvier y sus “socios”.
También se indica que se cometían abusos con el otorgamiento de certificados de cursos de capacitación para los internos de los penales, para promoverlos en su fase de resocialización y reducir las penas.
La “banda penitenciaria” era encabezada por el mandamás y por sus más inmediatos subordinados: Guadalupe Barbero (sería su pareja), Darío José Tello Pajón, Víctor Hugo Vivas, Diego Martín Ayala y Héctor Hugo Robledo.
Ahora, este lunes se presentó la oposición a la preventiva, recurso que debe ser analizado por un juez de Control.
Pérez Moreno comentó a La Voz que “en el ejercicio de la defensa técnica de Juan María Bouvier” presentó la “oposición a la prisión preventiva dictada por el fiscal Gavier”.
El penalista sostuvo que el recurso hace hincapié y pone de manifiesto que el expediente “no existe ningún tipo de elemento, ya sea directo o indirecto, para sostener que existe una organización ilícita dentro del SPC y que Bouvier haya sido el organizador o jefe”.
“No desconocemos que el mismo (Bouvier) estuvo durante 15 años al mando, fue jefe del SPC, pero durante esos 15 años compartió trabajo y recibió directivas de funcionarios de ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, durante los cuales tuvo un trabajo acorde, aceitado. y no tuvo ningún tipo de queja”. sostuvo el penalista. Por todo esto, Pérez Moreno agregó: “Por esto, se le renovó la confianza a Bouvier en cada cambio de gestión”.
También el defensor valoró a favor del exjefe penitenciario “el trabajo en forma conjunta con los jueces de ejecución penal cuyos magistrados tienen una relación más que aceitada con el SPC porque son precisamente quienes velan cómo el el trato que se debe dispensar a los internos”.
Testigos enemigos
Consultado sobre los argumentos técnicos de la oposición, Pérez Moreno indicó que pone énfasis en que ”la prueba que intenta utilizar el fiscal se apoya en cuatro o cinco testimonios de personas que hace más de 10 años, la mayoría, han dejado el SPC y a su vez tienen una marcada animadversión en contra de Bouvier”.
Añadió el penalista que esos testimonios se basan “en dichos, que solamente se limitan a manifestar que Bouvier estaba al tanto de todo y que Bouvier manejaba el servicio manu militari, pero no han presentado ninguna otra prueba que pueda sindicarlo cometiendo las acciones que el fiscal solamente sospecha e intenta fundar con estos dichos”.
En tono crítico al fiscal, Pérez Moreno sostiene al concluir su explicación: “Realmente me parece a mí que hasta es vergonzoso que se tenga privado de su libertad a un funcionario que ha cumplido leal y ejemplarmente durante 15 años con la Justicia y el Gobierno Provincial, en virtud de esta prueba que sostiene el fiscal”.
“Solamente a él le alcanza; no solamente para imputar, sino también para privar de su libertad” a Bouvier, finalizó Pérez Moreno.
