Los vocales del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) de Córdoba analizan el pedido de excarcelación o, eventualmente, la prisión domiciliaria, para Julio César Ramírez (33) quien habría sido condenado con la utilización de prueba inválida para ser declarado partícipe secundario del secuestro seguido de muerte de Santiago Aguilera (17), en agosto de 2022 en Villa Dolores.
La decisión del tribunal que lo condenó, integrado por los jueces Cristina Giordano (presidenta), Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu debe ser tomada en los próximos días luego de la petición efectuada este miércoles en audiencia especial por el defensor oficial Jorge Perano.
Luego de que este funcionario requiriera un régimen de encierro diferente para el condenado, debido a su deterioro emocional, psicológico y psiquiátrico, surgió hace un par de semanas la novedad de que la prueba con la que se lo incriminó sería inválida.
Se le reprochó a Ramírez haber ingresado al Gmail de Santiago mientras este estaba cautivo. Pero el fiscal Maximiliano Hairabedian -que continúa ahora con la investigación en busca de los ejecutores del crimen- comunicó que el acceso a la cuenta no era por parte de Ramírez sino de otra persona. Un empleado del primer instructor de la causa, Enrique Senestrari, habría reconocido haber sido él quien entró con su computadora e hizo el take-out que se le adjudicó al condenado de manera indebida.
Sumando esto último, Perano ahora pide no sólo un régimen de detención domiciliario sino, directamente, la excarcelación de quien estaría “mal condenado”.
El error fue advertido recién después de que la condena fuera confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Ahora, la defensa busca un remedio a la situación desesperante de la salud anímica y mental de un hombre que tiene el deseo de quitarse la vida para no causar más pesares a su familia. Durante el juicio murió su padre, tras la condena se suicidó un hermano, otro hermano o hermana habría intentado lo mismo y otro hermano dejó la escuela. Esa desintegración familiar hace que Ramírez desee no causar más preocupación y busque terminar con su vida, relató el defensor.
En la audiencia Perano comentó que esta familia reside en Villa Dolores, donde algunos vecinos les gritan “asesinos” y les apedrean la casa.
“Está absolutamente confirmado que la prueba contra Ramírez no existe; no hay prueba de cargo que indique que haya participado”, sostuvo el defensor oficial.
Luego, continuó Perano: “Es un hecho horroroso lo que está sufriendo la familia de Santiago, pero también es horroroso lo que está sufriendo Ramírez”.
El funcionario judicial sostuvo que la sentencia condenatoria no está firme, como tampoco la decisión de Casación. Su pedido de excarcelación es para que su cliente no deba esperar meses a una revisión que se haría al casar (horizontalmente) la decisión en otra sala del mismo tribunal de alzada.
Descartando cualquier peligro de fuga, ya que en mitad del proceso estuvo libre y siempre estuvo sometido a derecho, Perano pidió que el TOF3 le otorgue la excarcelación o, en subsidio, la prisión domiciliaria, siempre hasta tanto el tribunal superior resuelva la situación.
El “condenado” con una prueba que no era incriminatoria para él, es hipoacúsico y tiene un retraso mental entre leve y moderado. Apenas terminó segundo grado del primario, firma con su pulgar y se lo considera semianalfabeto. Pocos creen que haya tenido las habilidades técnicas para realizar lo que le adjudican.
Provisto de auriculares para seguir el debate y con dificultades en el habla, Ramírez permaneció en calma mientras las partes alegaban sobre su suerte.
Respuesta de los acusadores
Los acusadores no coincidieron con Perano, indicando que no es en esta instancia donde se debe resolver lo que Casación ya confirmó. Tanto el querellante (apoderado de los padres de la víctima) Alejandro Dragotto, como el fiscal general Carlos Gonella, argumentaron en contra de la excarcelación y también de la domiciliaria.
En lo que se diferenció Dragotto con el fiscal Gonella fue en cargar las tintas sobre Senestrari, como responsable de esta situación que lleva a la duda de la prueba. El penalista criticó la “negligencia imperdonable de la fiscalía” de instrucción que llevó como investigador a “personal que no estaba capacitado”, en referencia al empleado que sí ingresó a la cuenta de Gmail.
Ataque a Senestrari
Más temprano, Dragotto ya había cargado contra Senestrari en declaraciones al ciclo Panero al aire en las que sostuvo que “todo el andamiaje jurídico en contra de Ramírez se basa en esa prueba”, lo que calificó como “una negligencia”.
Sobre las cuentas pendientes de este fiscal ante la Justicia por su actuación en la investigación del secuestro seguido de muerte, el abogado se refirió a su imputación de “omisión de los deberes de funcionario público” y a la inminente indagatoria.
En este tramo, Dragotto denunció que Senestrari estuvo reunido recientemente con el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, precisamente quien debe tomarle la indagatoria. Indicó que la reunión fue esta semana en privado en el despacho del magistrado.
“¿Qué tiene que ir a hacer un fiscal que está imputado para ir a hablar con el juez, sin la presencia de su defensor, sin la presencia de la contraparte?”, se preguntó el querellante de la familia Aguilera.
“Hoy el fiscal (Senestrari) está imputado, hoy fue a hablar con el juez que lleva su causa”, concluyó Dragotto.
