Los pesares del condenado a 12 años de prisión Julio César “Kury” Ramírez (33) podrían cesar en caso de comprobarse todo lo que se viene barajando durante la última semana: habrían usado prueba falsa para incriminarlo y no tendría relación ni con el secuestro ni con el asesinato de Santiago Aguilera Allende (17) en agosto de 2022 en Villa Dolores.
El 3 de junio pasado, el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba (TOF3) halló responsable de encubrimiento del secuestro seguido de muerte a Ramírez, y lo absolvió del delito de robo. Pero pocos meses después, en resolución expeditiva, la Cámara Federal de Casación Penal lo consideró partícipe secundario del secuestro y elevó su condena a 12 años de prisión.
En estas dos instancias, el “entregador” del joven a los autores materiales del crimen, Walter Ezequiel Gil (25), recibió condena de prisión perpetua como autor responsable de “secuestro extorsivo triplemente agravado, por la pluralidad de intervinientes, por haber causado a la víctima lesiones graves y gravísimas, y por haber causado la muerte intencional de la víctima” (primer hecho), en concurso real con “robo” (segundo).
Se plantean las dudas
Esa confirmación del tribunal de alzada parece haber disparado un cuestionamiento a la validez de la prueba clave que incriminó a Ramírez: el ingreso a la cuenta de Gmail de Santiago Aguilera Allende durante su cautiverio, antes de su muerte.
En el juicio, el defensor oficial de Ramírez, Jorge Perano, había cuestionado la validez de esa evidencia, al punto que llevó a la audiencia a una perito que sostuvo que ese ingreso (para hacer un take-out a fin de obtener un back up de la cuenta) no había sido realizado desde el celular de la víctima (que se creía que Ramírez había manipulado) sino desde una computadora. El teléfono móvil nunca apareció y la computadora en cuestión con el IP correspondiente no se halló en aquel momento.
Ahora, se descubrió que ese ingreso a la cuenta fue realizada nada menos que por un instructor judicial con su computadora, perteneciente a la fiscalía de Enrique Senestrari que se hizo presente en Villa Dolores los días cruciales entre el secuestro y el asesinato.
El IP con terminación “195″ ubicaba a Ramírez como el supuesto autor de esa operación pero, recién después de la condena, “alguien” advirtió que ese número también pertenecía a una computadora usada por los investigadores.
La cooperativa que presta servicios de Internet en Villa Dolores asigna a numerosos usuarios la terminación “195″ y esa identificación también correspondía nada menos que al hotel donde estuvieron alojados Senestrari y los investigadores judiciales y policiales.
Llevados a Ramírez por algunos supuestos delitos menores en los que podría haber estado involucrado, más el “aporte” de alguna persona que actuó como testigo de identidad reservada, le cayeron a su casa y lo interrogaron sobre todo lo relacionado al secuestro, el celular y otras cuestiones. En sede policial le exhibieron fotografías y, acaso confundido, “reconoció” algo que no entendió demasiado. Las condiciones intelectuales del detenido le jugaron en contra.
Ramírez tiene diversas condiciones especiales en su salud y personalidad: es hipoacúsico neurológico, tiene dificultades en el habla y manifiesta problemas intelectuales de moderados a leves. Su escolaridad no pasa de segundo grado del primario.
La instrucción siguió adelante y continuó con el “error sistémico” que por arrastre deja expuestos a muchos con su cuota parte de responsabilidad. Senestrari envió la causa a juicio y Ramírez fue condenado con una prueba que estaba viciada.
Llegó la condena del TOF 3, a Perano nadie le dio validez con sus argumentos, el expediente subió a Casación Penal y no hubo variación al considerar lo que se había actuado y desoyendo lo que la Defensa Pública manifestaba: además de confirmarse la condena, se agravó la pena para Ramírez.
Se descubre la falsa prueba
Hace unos meses Senestrari fue desplazado de la causa por falta de objetividad y el expediente pasó a manos de su par Maximiliano Hairabedian que ahora se ocupa de cuatro detenidos que podrían ser los autores materiales del crimen de Santiago. Para esta nota no fue posible hacer contacto con este instructor.
Hay dos versiones sobre cómo se descubrió el error en la prueba. Una -a cargo de un activo participante de la causa- dice que Hairabedian leía la casación interpuesta por la Defensa Pública y descubrió el argumento de que el ingreso a la cuenta de correo de Santiago no era precisamente de Ramírez.
La otra versión indica que al ver las consecuencias que había tenido la casación, el empleado de la fiscalía de Senestrari (cuyo nombre se preserva) consultó en la computadora que él había utilizado en Villa Dolores en aquellos días cruciales y descubrió que el ingreso había sido a cargo de él mismo, con esa notebook que tiene el mismo final de IP y cuya hora y minutos apuntados en expediente correspondían con la operación efectuada por él. El investigador no estaría en una situación cómoda en la fiscalía de Senestrari, se habrían producido roces y estaría buscando el traslado. Por eso, decidió recurrir a otro fiscal –Hairabedian–, señalan varias fuentes del Ministerio Público que adhieren a este relato.
Como fuera, Hairabedian accedió a esa información y corroboró el error. A partir de esto, comunicó el dato al fiscal Carlos Gonella, el mismo que actuó en el juicio.
El 9 de diciembre, Gonella se dirigió al TOF3 y en un escrito informó que el 5 de diciembre recibió: “Un informe del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, cuya copia se adjunta, del que surge que, de manera reciente, un empleado de la Fiscalía Federal n°1 le informó que, en el marco de la investigación, mientras se consumaban los hechos delictivos, fue él quien ingresó a la cuenta de Gmail de la víctima Santiago Aguilera con un dispositivo electrónico de la misma fiscalía, el día 21 de agosto de 2022″.
Basta de encierro
Antes de que se conociera esta “novedad” de la última semana, el defensor Perano venía bregando para que se modificara la situación de encierro de su cliente, afectado emocionalmente por todo lo que viene sufriendo desde que fue condenado hace seis meses. Su declive físico, emocional y psicológico, más las noticias que recibe de su familia configuran un cuadro devastador para su integridad.
Durante las audiencias celebradas en el juicio en el TOF3, mientras se conocía la suerte adversa que sufría este acusado, el padre de Ramírez sufrió un infarto masivo y murió.
Pocas semanas después, su hermano mellizo se quitó la vida (según consta en un informe carcelario). Se asegura que su hermana intentó hacer lo mismo y el propio condenado habría tenido intención de tomar una actitud similar. “Ideas de muerte”, sostiene un informe psicológico del penal de Villa Dolores.
Villa Dolores es una ciudad “chica” y la situación de la familia no es cómoda toda vez que uno de sus integrantes es involucrado en el secuestro seguido de muerte de Santiago.
Por eso, Perano venía solicitando el traslado de su cliente y el cambio en sus condiciones de alojamiento. Los pedidos son acompañados de informes periciales que indican lo señalado anteriormente. En uno de los recursos elevados a la Cámara de Casación se aprecia cómo firma el condenado: con su huella digital.
En los últimos días, el defensor oficial ha solicitado al tribunal que sigue su condena, el TOF3, que le otorgue la prisión domiciliaria para revertir la delicada situación por la que atraviesa.
Ahora, ante las últimas novedades, en tanto se revise en Casación el nuevo enfoque de la prueba, Perano pedirá esta semana que se le otorgue directamente la excarcelación a Ramírez.
El defensor oficial ante Casación Penal, Guillermo Ariel Todarello, presentará una “casación horizontal” a otra sala de este tribunal para que revise otra vez el caso y esta situación particular.
Probablemente, el análisis de Casación Penal demore algunos meses, con la feria judicial de verano de por medio.
Más allá de la situación de este procesado -cuya condena no está firme-, nadie se atreve a aventurar cuáles serán las consecuencias a partir de una causa que llegó a juicio con semejante calidad de prueba, cómo no se atendió en el debate lo planteado por la defensa, qué sucedió con el análisis que hizo Casación al aumentar la pena y todo un sinnúmero de responsabilidades que arrastra este “error sistémico”, como ahora llaman en la Justicia Federal a este fenómeno.
