Finalizó en Villa María el segundo juicio a una banda criminal que operó hasta 2014 vendiendo autos robados en las localidades cordobesas de Oliva y Oncativo.
En la Cámara del Crimen villamariense, siete personas fueron condenadas, entre ellas cuatro efectivos policiales, por formar parte de una organización que adulteraba vehículos sustraídos en Córdoba capital para venderlos como si fueran legales.
Este segundo proceso judicial se concretó tras el rechazo de pedidos de suspensión de juicio a prueba que habían planteado parte de los 16 imputados en la causa.
Los restantes ya habían sido condenados en el primer juicio realizado en noviembre de 2019.
Así operaba la banda de autos robados
Según determinó la investigación impulsada en su momento por la fiscal Mónica Biandrate, la organización recibía vehículos robados en Córdoba, los ocultaba por un tiempo (“enfriaba”), les colocaba patentes duplicadas y falsificaba documentación para revenderlos como si se tratara de unidades provenientes de depósitos judiciales.
Los nuevos condenados: policías y empresarios
Entre los nuevos condenados se encuentra el policía retirado Claudio González (50), con domicilio en Villa María, quien reconoció haber comprado un vehículo robado. Fue sentenciado a tres años de prisión condicional e inhabilitado por un año para ejercer cargos públicos.
También fueron juzgados dos civiles: Carlos Orellano (64), de Oncativo, y su yerno Alejandro Ostorero (56), empresario radicado en Toledo.
Ambos confesaron haber recibido y vendido al menos seis vehículos con documentación falsa. Recibieron tres años de prisión en suspenso y deberán realizar tareas comunitarias en el hospital Emilio Vidal Abal de Oliva.
Otro de los policías condenados fue Mariano Santillán (47), quien aún prestaba servicios en Manfredi al momento del juicio. Se lo vinculó con la compra de una Surán robada y con la advertencia telefónica a otro miembro de la banda sobre allanamientos inminentes.
Intento de coima y más condenas
Uno de los hechos más llamativos fue el intento de extorsión ocurrido en 2016. Por este caso fueron condenados el policía retirado Claudio Martínez, el policía en funciones Jorge Suárez y el tarotista Mario Salugo.
Martínez y Suárez confesaron haber pedido dinero para “arreglar” el supuesto problema con el auto robado. Recibieron penas condicionales de tres años, además de cinco años de inhabilitación para cargos públicos.
Salugo, por su parte, aseguró que solo acompañó a los policías y desconocía sus intenciones. Sin embargo, fue condenado a tres años de prisión efectiva, debido a que ya tenía antecedentes penales por violencia de género.
Un largo proceso judicial con dos juicios y múltiples condenados
El primer juicio comenzó el 11 de noviembre de 2019 y sentó en el banquillo a ocho de los 16 imputados.
La principal acusada fue Silvia Bogaert, señalada como la jefa de la organización. La acompañaron varios civiles y dos policías, quienes fueron sentenciados por receptación y encubrimiento agravado.
En esa ocasión, los policías David Cánova y Nancy García recibieron las penas más altas: 4 años y 6 meses y 3 años y 8 meses, respectivamente.
Los ocho acusados restantes, que habían solicitado la suspensión del juicio a prueba, finalmente fueron juzgados en este segundo proceso, ahora culminado.
El único que no compareció fue el policía Sergio Espósito, quien presentó certificado médico.
Su situación procesal aún debe resolverse en una audiencia pendiente. Por eso fueron siente los condenados ahora.
Participación judicial y jurado popular
En esta segunda instancia, el tribunal fue conformado por la jueza de Control Soledad Dottori y los camaristas de Río Tercero Marcelo Ramognino (presidente) y José Argüello, ya que los integrantes de la Cámara del Crimen de Villa María habían participado en el juicio anterior.
El fiscal de Cámara fue Francisco Márquez, acompañado por la secretaria Gabriela Sanz.
Dado que entre los acusados había miembros de las fuerzas de seguridad, el proceso se desarrolló con jurados populares.
Así, tras una década de proceso judicial, la Justicia terminó de condenar a la totalidad de los integrantes de esta organización delictiva que operó en el corazón del interior provincial, con vínculos policiales y maniobras sistemáticas de fraude en la compraventa de vehículos.
Toda la banda:
Rubén Alberto Arce: 3 años de prisión.
Silvia Andrea Bogaert: 3 años de prisión.
Nelson Oscar Bracamonte: 3 años de prisión.
David Omar Cánovas, policía: 4 años y 6 meses de prisión.
David Ezequiel Flores: 3 años de prisión.
Nancy María de Lourdes García, policía: 3 años y 8 meses de prisión.
Carlos Iván Silva: 3 años de prisión.
Mario Alberto Soria: 3 años de prisión.
Jorge Esteban Suárez, policía: 3 años de prisión condicional, más 5 años de inhabilitación y 96 horas de trabajos comunitarios en el Hospital Emilio Vidal Abal, de Oliva.
Mario Salugo: 3 años de prisión (tenía condena anterior por violencia de género).
Claudio Martín González, policía: 3 años de prisión condicional, más un año de inhabilitación.
Claudio Alejandro Martínez, policía: 3 años de prisión condicional, más 5 años de inhabilitación y 96 horas de trabajos comunitarios en el Hospital Emilio Vidal Abal, de Oliva..
Carlos Antonio Orellano: 3 años de prisión en suspenso, más 96 horas de trabajos comunitarios en el Hospital Emilio Vidal Abal, de Oliva.
Alejandro Javier Ostorero: 3 años de prisión en suspenso, más 96 horas de trabajos comunitarios en el Hospital Emilio Vidal Abal, de Oliva.
Mariano Matías Pablo Santillán, policía: 3 años de prisión condicional, más un año de inhabilitación.
Sergio Adrián Espósito, policía: juicio pendiente.
