Alta jugada la de Martín Llaryora. Nada como convocar a un opositor que se cansó de enrostrarle al oficialismo, durante años, todo lo que se venía haciendo mal en gestión, para que tome las riendas de algo llamado seguridad. Alta apuesta la del gobernador.
Y alto desafío el de Juan Pablo Quinteros el de haber escuchado ese ofrecimiento, haber tomado aquel café con Llaryora y haber aceptado el desafío de domar y manejar algo llamado la Policía de la Provincia de Córdoba.
Hablamos de una fuerza de seguridad civil que, con 40 años de democracia encima, tiene los lazos resquebrajados con la sociedad. En parte porque no hizo ni hace bien su trabajo de proteger; en parte porque tuvo y tiene delincuentes vestidos de azul allí adentro; tercero, por los innumerables excesos de toda calaña cometidos, algunos heredados de la dictadura, otros aprendidos en la democracia.
Quinteros, un funcionario con conocimiento del delito tras su paso por la Justicia, está haciendo pie de a poco en el Ejecutivo provincial.
Se rodeó de un equipo propio de técnicos de confianza (muchos con conocimiento) y está delineando cómo será su Policía. Un poco por decisión propia, otro poco por disposiciones de arriba en el Panal, está armando la fuerza de azul que deberá manejar y controlar los próximos tiempos.
Sabido es que toda Policía tiene un jefe/a de azul, pero necesita de una conducción política. Si eso no es así, el barco se hunde. Ya pasó.
Quinteros y equipo tienen un serio problema: estamos frente a una curva (en realidad, venimos de curva en curva) y venimos fuerte.
Esa curva está representada por una inseguridad que viene escalando en la Capital y en el interior provincial; un narco que no deja de extenderse como hongo por los barrios de la ciudad de Córdoba y otras zonas de la provincia, y una violencia urbana que se expande y destroza familias con tanta arma de fuego suelta y que nadie controla.
El nuevo equipo de Seguridad, que viene a reemplazar el fiasco del plan anterior, se centrará en tres ejes: intentar empatarle al delito; enfrentar al narco (Llaryora anunció crear más fiscalías de narcomenudeo), y apoyarse en guardias municipales y privados que contarán con armas no letales: las pistolas lanzacápsulas de gas. Esos guardias serán convocados porque no hay policías suficientes.
Y ahí está un gran problema. Esas armas no letales están hoy en manos de la Policía. La idea es que esos implementos también pasen a ser portados por civiles que supuestamente (y eso promete la futura ley) estarán capacitados.
Todos estos largos años hemos visto y padecido la mala (por no decir pésima) formación policial en el manejo, en el uso y en el cuidado del armamento y demás pertrechos, como chalecos antibalas.
Qué decir de los casos de “gatillo fácil” y de las armas que terminaron en manos de la delincuencia común.
El lunes pasado, unos pibes borrachos con aires de hampones robaron un patrullero de una comisaría y lo chocaron en un pueblo del sur cordobés. Uno se escapó corriendo por un campo.
¿Quiénes y cómo portarán las armas no letales? ¿Quién preparará y cómo a los guardias que gatillen? ¿Cómo se hará para que esas armas no terminen en manos de delincuentes? ¿Cómo hacer para que policías y guardias trabajen en conjunto y bien? ¿Cómo hacer para que todo no termine en un nuevo anuncio más que fracasa?
Varios desafíos tienen Quinteros y su equipo. La curva está próxima y seguimos manejando en quinta.
Para peor, los tiempos que estamos atravesando parecen una olla a presión a fuego constante.
