El cronómetro se puso en cero.
Mientras la forzada partida de Alfonso Mosquera del Ejecutivo sigue generando eco, ya desembarcaron en sus despachos los dos nuevos funcionarios que tienen “el gran” desafío de sus carreras: manejar algo llamado “Policía” y no perder por goleada ante la delincuencia.
Por un lado, Julián López se puso el traje de ministro de Gobierno y de Seguridad de Córdoba; por el otro, Claudio Stampalija ya arrancó como su ladero en la Secretaría de Seguridad.
Llevan una semana en el campo de juego y todavía no se les conoce el plan. Tampoco, sus voces. Desde su entorno, piden más tiempo. Explican que los equipos se están armando.
El fin de semana, el gobernador Juan Schiaretti los reunió a puertas cerradas con la jefa de Policía, Liliana Zárate. La comisaria ya cumplió 25 meses en el cargo y Schiaretti le dijo que se queda.
En el encuentro, el mandatario pidió lo que pide a todos y todas: lealtad, trabajo, meterle para el mismo lado y, sobre todo, evitar escándalos.
Los interlocutores tomaron nota, aportaron ideas e intercambiaron planteos.
López llegó a su nuevo puesto con pocos pergaminos en materia de combate al delito. Claro, su gran rol será aceitar el diálogo y la relación (la plata) con los municipios.
De haber sido intendente en Melo, saltó al Ministerio de Agricultura, y de allí recaló en Justicia, donde hizo pie, aunque nunca pudo domar ni la Senaf, ni las cárceles, ni el “call center” tumbero.
Stampalija, por su parte, es un abogado y criminólogo porteño que desde hace años asesora al Ejecutivo cordobés en políticas de seguridad. Es un técnico nato, con varias bibliotecas encima.
Ahora sale a la cancha. El abogado tendrá que usar esa teoría y ejecutarla para frenar un poco la inseguridad y, a la vez, controlar a la (su) Policía.
Stampalija apostará al trabajo policial de proximidad y a un plan de acción con los consejos barriales. Insiste, desde hace años, en la participación vecinal y en el trabajo estatal en zonas vulnerables parar frenar la violencia y al narco.
Varios de sus antecesores tomaron sus ideas, pero las estrellaron.
El hombre es el ideólogo de la Policía Barrial, esa división dentro de la Policía que, tras ser presentada años atrás, hoy sobrevive diezmada.
La Barrial es un capítulo más del manual nunca escrito de los inventos policiales que lentamente desaparecen y se esfuman.
Los reemplazantes de Mosquera heredan tres claros frentes de batalla.
Primero: faltan policías. Sea por retiros, jubilaciones, licencias o sea por sanciones, la Policía se quedó sin recambio.
Hay, con viento a favor, 20 mil uniformados para la provincia; ocho mil están en Capital. De ese total, no son más de 2.500 los que patrullan, pero en turnos.
Encima, la próxima camada de suboficiales sale a la calle a fines de 2023.
Hay un plan de contingencia: convocar a quienes están con licencias y contratar a retirados. Hacen falta unos 800 uniformados. Luego, ver cuántos móviles quedan sanos. Otro dolor de cabeza.
Segundo: los malos policías. El gran lastre de la Policía en estos años es la inacabable secuencia de uniformados que caen presos por un amplio abanico de delitos.
No por nada, en este 2022 ya hubo más de 25 uniformados condenados en Córdoba. La cifra sorprenderá a fin de año.
En el primer semestre, a todo esto, ya se dictaron 218 medidas disciplinarias.
El último “poliladrón” cayó la semana pasada. Integraba una banda donde había otro que terminó abatido.
Tercero: el delito no para. En Córdoba, si bien bajan los homicidios, aumentan los robos y los hurtos. En 2021, fueron denunciados 77 mil casos en la provincia; en 2020, habían sido 67 mil.
Dicho de otra forma: de denunciar ocho robos por hora, se pasó a denunciar nueve. Y, por supuesto, no se cuentan los robos no denunciados.
La Capital es el sitio más castigado. Eso lo saben en los barrios donde, a su vez, la droga reapareció a pleno.
Mientras tanto, el “no tenemos gente” sigue siendo la respuesta más repetida de muchos comisarios en las reuniones. Las reuniones vecinales por los robos, claro.
