Luego de realizar varios allanamientos a las oficinas y a la sede de Gedelo Automotores, en Monseñor Pablo Cabrera al 6.000, y de tomar testimonios a denunciantes que se sentían estafados por la venta de autos y motos a través de las redes, la fiscal de Instrucción de Subrogancia, Daniela Maluf, imputó por asociación ilícita y estafas reiteradas a seis personas relacionadas con la firma.
La decisión de la instructora tiene que ver con 15 hechos de estafa, si bien advierten fuentes judiciales que habría otros 15 que responden a “la misma dinámica”: establecimiento de una sociedad anónima simplificada (SAS) a través de la cual se ofrecen precios atractivos de un vehículo para que las víctimas acuerden mediante un contrato electrónico con facilidades, como suscribir sólo con el DNI, acceder a cuotas y otras “ventajas”.
El director de la empresa Raúl Ariel Tobares es uno de los imputados, junto a otras cinco personas relacionadas con las actividades de venta de vehículos. Ellos son Ezequiel David Mancilla (sic), Marcos Octavio Moreno, Edgardo Víctor Luna, Karen Rocío Carrascosa Sabio y el contador Lucio Andrés Paolini, que estuvo detenido varios días por entorpecer la investigación aunque recuperó la libertad con una fianza de tres millones de pesos.
Se determinó que el contador había entregado una computadora a una vecina para evitar que le sea secuestrada ante un inminente allanamiento. La vecina también terminó imputada y el contador detenido.
El monto de la defraudación, hasta el momento, por el número de casos relevados, asciende a más de tres millones de pesos. Pero se reconoce que el perjuicio sería más grande a partir de las denuncias que siguen sumándose. También hay casos que se detectan por las quejas presentadas ante Defensa del Consumidor.
Procedimientos
Maluf inició una investigación ante la presentación de particulares de Córdoba y otras provincias que aseguran haber sido estafados con la venta de autos y motos, nuevos y usados. En dos tandas de allanamientos, la fiscalía se hizo de prueba valiosa, entre computadoras, celulares, documentación y testimonios que fueron coincidentes en cuanto a la modalidad de la presunta defraudación.
La maniobra se habría concretado -según los primeros avances de la investigación- a partir de la constitución de una sociedad anónima simplificada (SAS) que muestra un local en la vía pública -generalmente en un polo de venta de autos- y utiliza las redes sociales para publicitar la venta de autos y motos a precios sumamente ventajosos.
El mecanismo descripto indica que los adquirentes se sumaron en gran cantidad particularmente desde otras provincias. Con la suscripción de un “contrato” electrónico, se pactaba una suerte de plan de ahorro con entrega anticipada.
Pero luego de abonar una entrega y pagar cuatro cuotas, los suscriptores se sorprendían porque a la hora de entregar el vehículo los vendedores los pasaban al área de “Adjudicaciones”. En ese sector, por teléfono, les informaban varias novedades que estaban siendo consideradas, incluidos cambios en las condiciones de venta.
Según la investigación en curso, no se especificaban en ese contrato datos elementales de los vehículos (como el modelo exacto) y se prometían condiciones de venta tentadoras: precios muy acomodados, plazos de financiación de acuerdo a la posibilidad del cliente y tasas de interés muy bajas, del orden de entre el 6 y el 12 por ciento anual. La entrega rápida, la suscripción sólo con DNI y otras “ventajas” seducían a los clientes que, en su mayoría, no serían de alto poder adquisitivo.
Pero cuando llegaba el momento de la entrega, desde “Adjudicación” el comprador se enteraba que lo que le habían informado antes era muy distinto. Lo que soñaban recibir era un modelo de vehículo mucho más caro: el valor, su financiación y tasas de interés muy por encima de los guarismos del mercado financiero, superiores al ciento por ciento anual.
En ese momento se daban cuenta de que seguir pagando ese plan era “muy desventajoso”, contrariamente a lo que habían supuesto. Fuentes de la investigación sostienen que no había cláusula de rescisión, por lo que tampoco era posible reclamar lo pagado hasta el momento de la sorpresa.
Tras la toma de testimonios y el comienzo del análisis de un cúmulo de pruebas muy elevado, la fiscal Maluf se decidió por las imputaciones.
Muchos de los denunciantes están representados por los abogados Ignacio Arrigoni y Diego Sánchez Freytes, con 20 clientes que ya declararon y otro colectivo similar que presentarán próximamente.
Arrigoni estima que los montos que han perdido por adherir a estos contratos engañosos oscilan entre los 30 mil y los 300 mil pesos por cada uno de ellos.
Sánchez Freytes describe uno de los puntos centrales de la estafa: “La clave es tener un flujo de ingresos por el que se captan clientes que luego terminan por renunciar al plan voluntariamente”.
“Incumplimiento contractual”
Como es habitual en este tipo de situaciones, desde las defensas se argumenta que no se trató de una estafa si no de un “incumplimiento de contrato”. Así lo sostiene el abogado Tomás Aramayo, quien sostiene que esto suele suceder en las concesionarias de automóviles.
El letrado admite que “el error está en los vendedores que no especificaron que la cuota no era fija sino variable”. Pero se queja porque los denunciantes rechazaron una negociación y discrepa con la fiscal porque imputó sin permitir esas tratativas.
Con la calificación legal de asociación ilícita adjudicada a sus clientes, según el abogado Aramayo ya no pueden negociar y acordar el pago del dinero que se cobró a los clientes. “Tenemos que lograr que la fiscalía cambie la calificación para que podamos negociar y poder pagar”, sostuvo quien asesora a la firma Gedelo Automotores.
