Ileana Benedito, jueza Penal Juvenil de Tercera Nominación, autorizó como una medida urgente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a colocar una tobillera electrónica a MSM al adolescente de 15 años que ya motivó 19 intervenciones policiales, judiciales y de la propia secretaría gubernamental. Lo hizo por tres meses y con la posibilidad de que este permiso sea revocado con anticipación “en caso de ser necesario”, precisa el oficio.
Le colocarán la tobillera a MSM en las próximas horas, apenas el Servicio Penitenciario compruebe las condiciones de conectividad y otras cuestiones técnicas de funcionamiento del aparato.
La habilitación llegó tras la insistencia de Senaf luego de que otra jueza Penal Juvenil se declarara incompetente y mandara a los tribunales de Niñez y Familia el pedido.
En esta nueva nota, Senaf le pedía a Benedito que vuelva a tomar intervención “en la necesidad urgente de que otorgue autorización a los fines de que al adolescente de referencia se lo coloque un dispositivo dual, el cual va a estar monitoreado de manera regular y constante por el Ministerio de Justicia , a través del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba”.
Hasta aquí, esto era copie y pegue del primer pedido, no rechazado pero sí eludido por la jueza Daniela Bianciotti. “Desde esta secretaría queremos dejar en claro que la medida solicitada es una medida de control exhaustiva, en el marco de las directivas impuestas por V.S. (vuestra señoría) de disponer una medida de restricción de acercamiento (entre otras) del adolescente al Barrio Marqués de Sobremonte”, dice el nuevo texto de la Senaf.
En otras palabras, lo que pidió la Provincia a la jueza Benedito es que si ordenó una restricción, habilite alguna forma de cumplir esa indicación. No se conocen aún los fundamentos con los que Benedito accedió al pedido, pero lo hizo.
La habilitación del uso de la tobillera culmina, por ahora, con un nuevo capítulo a la historia que comenzó este martes con la noticia que MSM, el adolescente de 15 años que durante 2024 obligó a 19 intervenciones policiales, judiciales y de la Senaf por faltas y delitos, fue nuevamente detenido porque se fue de la residencia en la que tiene que residir, fuera del área de exclusión de barrio Marqués Anexo.
El mismo lunes el Ministerio de Desarrollo Humano, que comanda Liliana Montero, pidió que se le coloque una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, y la Justicia Penal Juvenil, en el turno de Bianciotti, no lo habilitó por entender que se debía involucrar a la Justicia de Menores y Familia.
La Senaf pidió la autorización para colocar “un dispositivo dual”, que es como se conoce técnicamente a las tobilleras electrónicas. La jueza se declaró incompetente y derivó el pedido al sistema de protección de derechos. La explicación que ofrecieron fuentes judiciales es que en este caso MSM no cometió ningún delito, por lo que no corresponde que decida sobre él Penal Juvenil.
Montero dijo a La Voz que solicitó este permiso “para cumplir una de las indicaciones que dio Penal Juvenil, que es la restricción de acercamiento a un barrio de Córdoba” y entendió que una tobillera es un dispositivo de control, no de coerción, como parece entender la Justicia.
El adolescente está alojado en un dispositivo especial de la Senaf en una ciudad del Gran Córdoba. A pesar de que ya se difundió por otros medios su locación, la indicación para este tipo de casos es no precisarlo.
En ese lugar -donde MSM pasó 15 días sin incidentes- tiene acceso a acompañamiento terapéutico personalizado y un espacio de escucha y reflexión orientado al consumo problemático de sustancias. También tiene acceso a actividades como taller de panificación, huerta orgánica y actividades externas obligatorias con acompañamiento de personal asignado (como retomar su escolaridad.
Además, cuenta con monitoreo regular permanente por parte de la policía de la provincia de Córdoba. “No obstante todas las medidas enunciadas, se ha retirado sin autorización de este lugar , siendo nuevamente aprehendido a la brevedad”, admitió la Senaf.
“Teniendo que estamos frente a un adolescente con manejo autónomo, que se expone constantemente a situaciones de riesgo, sin toma de dimensión de lo que podría ocasionar para si y para terceros, es que solicitamos esta medida innovativa de seguridad, para realizar un control más exhaustivo del mismo”, fundamentaron desde el ministerio.
Como Desarrollo Humano no dispone de estos dispositivos, Senaf detalló que se solicitó al Ministerio de Justicia su provisión.
Para Montero, una tobillera podría actuar, también, como un elemento simbólico. Un recordatorio en el cuerpo de un límite. “Lo voy a decir antes que como ministra, como psicóloga: este chico está todo el tiempo tratando de romper el límite”, consideró.
La jueza Bianciotti respondió declarándose incompetente. Y remitió el pedido de la Senaf al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, que es el “competente para realizar el control de legalidad de esas medidas”. Según fundamentó la jueza, “los jueces de Niñez, Adolescencia y Familia son competentes para conocer y resolver en las medidas de coerción indispensables, a requerimiento del órgano administrativo de protección, para hacer efectivas las medidas excepcionales que hubiere dispuesto”.
MSM obligó a una nueva intervención de la Policía luego de retirarse junto a otros tres adolescentes -dos de 16 y uno de 17- del establecimiento el lunes por la mañana. Tres de los jóvenes fueron detectados y regresados al organismo, pero no el cuarto.
Ante la falta de respuestas judiciales, Senaf pidió y desde el lunes a la noche ya cuenta con custodia policial permanente en la residencia. Si bien técnicamente no está privado de su libertad, MSM tampoco puede moverse con total autonomía puesto que está bajo el cuidado y la responsabilidad del Estado, que a su vez tiene que garantizar una orden de restricción de acercamiento a un determinado territorio: el barrio Marqués Anexo, de donde es oriundo el joven.
Para la fiscal de Penal Juvenil María Soledad Carlino -quien no interviene en la causa-, el dispositivo dual es una herramienta “alternativa” que no es coercitiva y podría ser útil para un caso complejo con este. “No equivale a una privación de la libertad y sí es un mecanismo más de control”, valoró la funcionaria judicial en una entrevista con Canal 12.
El nuevo ida y vuelta con la Justicia provincial fue la continuidad de otro intercambio que se dio cuando Senaf solicitó que la Justicia habilitara como medida “excepcionalísima” la posibilidad de alojar al joven bautizado con alias épicos en un dispositivo en el que “su externación no sea voluntaria”.
En esa resolución, la jueza Benedito ratificó que no existe en la legislación vigente ninguna excepción que justifique el encierro de un menor de 16 años y, por lo tanto, no punible. Y entre sus fundamentos, citó una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del 29 de octubre, en la que reitera lo que ya viene opinando desde 2021 y que en este caso, en el análisis de la situación de otro chico de 15 años, vuelve a decir que no hay ningún margen para tratar a un adolescente no punible en un régimen de privación de la libertad.
Por este caso, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil, para ofrecer a los jueces las herramientas que afirman no tener a fin de habilitar una medida excepcional para un caso excepcional, como es el del chico de 15 años.
Este proyecto contendrá la posibilidad de utilizar dispositivos duales para casos complejos, como una instancia previa a la medida excepcionalísima de institucionalización en espacios cerrados, que se reservará siempre como última carta.
