Que cada uno haga lo que le corresponde en el lugar que le toca sería una de las consignas más elementales para que las instituciones funcionen de la mejor manera. Pero si además de falencias que pueden enmarcarse dentro de la negligencia o la ineficiencia, los agentes aprovechan la posición de privilegio que tienen para sacar provecho personal, la lesión al colectivo resulta inmensa.
Lo que se está descubriendo con el escándalo de corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), principalmente por el accionar de sus funcionarios, habla a las claras de mucho más que una falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público. Una mirada más acertada nos muestra que quienes al parecer se involucraron en estas maniobras se habrían aprovechado de cargos públicos para exigir a otros dinero, dádivas y hasta un asado para beneficio personal.
Sin considerar el papel que pudiera haberles tocado en estas maniobras a abogados y particulares que habrían oficiado de intermediarios, la investigación indica que un lugar esencial en la maquinaria de corrupción les correspondió a los funcionarios públicos que, lejos de cumplir con su deber, se aprovecharon de su jerarquía para idear un mecanismo que benefició su situación personal en perjuicio de la seguridad carcelaria y del bien público.
Las acusaciones tienen comprometidos a altos jefes de la fuerza de seguridad que se sitúan como líderes de una asociación ilícita que desatiende sus funciones o se aprovecha de ellas para exigir a presos y familiares el cobro de peajes, con el fin supuesto de mejorarles la situación en el tratamiento penitenciario o en las condiciones de alojamiento en los penales cordobeses.
Hasta ahora, han caído al menos cinco funcionarios de primer nivel: uno de los subdirectores de la principal cárcel de Córdoba -la de Bouwer-, las tres máximas autoridades del penal de Villa María y ahora un funcionario del área central del SPC.
Ante semejante desconcierto institucional, queda como alivio y último resguardo que la denuncia inicial de todas estas maniobras estuvo a cargo del propio SPC, que en junio pasado hizo la presentación para iniciar las investigaciones. También que haya sido el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad el que haya comunicado a la Justicia las conclusiones de su investigación respecto del recientemente detenido Darío Tello Pajón.
