El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo de Jaime Díaz Gavier, sobreseyó a Pablo Guillermo Rueda y Joaquín Héctor Eleazar Becerra, imputados por las actividades ilegales de la financiera ilegal más “chica” de Villa Belgrano, tras el pago de U$S 200 mil y el secuestro de U$S 218 mil, un lote y lingotes de oro como reparación del perjuicio.
La novedad se conoce cuando, paralelamente, en poco más de un mes el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) de Córdoba comenzará a juzgar las presuntas irregularidades cometidas en la financiera “madre” que funcionaba en el complejo Vistalba Mall.
En el tramo de la financiera “grande”, conocido en el ámbito judicial como “la causa de los chetos”, por el perfil de los integrantes y los clientes de la firma, el fiscal federal de Córdoba capital, Carlos María Casas Nóblega, realizó la investigación y el juez federal N° 2 del mismo fuero, Alejandro Sánchez Freytes, elevó el expediente a juicio.
Están acusados Martín Azar (45) y Diego Sebastián Sánchez (46), los padres del primero, el excamarista Miguel Ángel “Mili” Azar (73), y la exfuncionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) María Isabel Valoni (65); la exesposa de Martín, Agustina Cherro de Miguel (33) y la exesposa de Sánchez, Melina Marisa Manelli (46). También se sentarán en el banquillo María del Milagro Martínez (42), Jorge Mario Novaro (45) y Nicolás “Chino” Ferrer Juárez (46).
La causa de Villa Belgrano estalló cuando, en 2020, el entonces fiscal federal Gustavo Vidal Lascano solicitó múltiples allanamientos a las financieras y los domicilios por supuestas intermediación ilegal y lavado.
Financiera “chica”
A 250 metros del complejo Vistalba Mall, en Jacobo Joule 5353, de barrio Villa Belgrano, en el norte de Córdoba capital, funcionaba la financiera “chica”, a cargo de Rueda y Becerra, según la acusación de Casas Nóblega (reemplazante de Vidal Lascano).
En 2017, Rueda y Becerra montaron la “cueva” en la oficina 108, del primer piso. Allí, según la acusación, habrían realizado múltiples operaciones ilegales, desde la captación de fondos de terceros en moneda extranjera y nacional, y préstamos con fondos de terceros hasta operaciones de caución, descuento de cheques y compraventa de moneda extranjera.
El fiscal sostuvo que ambos desde 2012 y 2014 ya habían participado en operatorias de intermediación financiera ilícitas, lo que facilitó luego el funcionamiento de la financiera “chica”.
A Rueda le achacó haber lavado dinero mediante la firma de dos contratos de comisión ganadera con la empresa Campos de la Cruz SRL, conviniendo integrar $ 662 mil para obtener un rédito económico por la inversión. Los investigadores encontraron una incongruencia entre las operaciones y la situación patrimonial declarada ante la Afip de Rueda como monotributista “categoría F”, por lo que el instructor le adjudicó haber conseguido los fondos de maniobras ilegales.
Rueda y Becerra también habrían blanqueado fondos con la compra de un departamento en barrio Marqués de Sobremonte, por $ 1,4 millones. Luego, el inmueble fue enajenado por U$S 42.285. Los pesquisas detectaron inconsistencias con sus patrimonios.
No fue la única sospecha, ya que Rueda habría lavado más dinero con la adquisición de un lote de terreno en la Estancia El Terrón por U$S 30 mil. Llamó la atención la dimensión: 1.000 metros cuadrados en Mendiolaza. Meses después, Rueda y Becerra compraron cinco lotes en el barrio Numa Nuevo Malagueño por U$S 90 mil en cuotas.
Fueron imputados por intermediación financiera no autorizada y lavado.
El defensor de ambos, Tristán Gavier, solicitó la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio. Ofrecieron U$S 200 mil a favor del Estado nacional: U$S 140 mil por parte de Rueda y U$S 60 mil por el de Becerra.
El fiscal consideró procedente la propuesta y acordó con la defensa los bienes que debían decomisarse, dejando a consideración del Tribunal N° 1 el destino de los fondos.
Dinero para hospitales e instituciones públicas
El juez Díaz Gavier consideró razonable el ofrecimiento por equiparable al daño. Hizo lugar a la reparación integral del perjuicio y ordenó el pago de los U$S 200 mil, más todo lo secuestrado en su momento: U$S 218.294, $10.375.016, el lote de 1.000 metros cuadrados en Mendiolaza (quedó a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado), cinco lingotes de oro, 2.265 euros y 50 libras esterlinas.
El magistrado dispuso que se entregaran U$S 200 mil al Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba (con destino a políticas orientadas a jóvenes en conflicto con la ley penal); U$S 100 mil a la Municipalidad de Córdoba, y U$S 60 mil al Hospital Nacional de Clínicas.
También ordenó que U$S 30 mil se enviaran al Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología; U$S 28.294 a la Maternidad provincial, y $10.375.016, más la conversión a pesos de 2.265 euros y 50 libras esterlinas a la Fundación Caritas Córdoba. Y los lingotes, al Banco Central.
