La jueza de Control y Faltas N° 2 de Córdoba María Laura Baralle sobreseyó a Carlos Eduardo Fioramonti y a Marisa Esther Quevedo, quienes estaban imputados por amenazas de muerte al viceintendente Daniel Passerini y a su familia a través de un mensaje de WhatsApp.
Al no poder establecer certeza a favor ni en contra de la acusación, ni tampoco poder incorporar más prueba que resuelva ese estado, la jueza Baralle dictó un sobreseimiento por la “duda insuperable”.
El hecho descripto en la acusación señalaba que el 1 de julio de 2020, a las 22.18, desde el departamento ubicado en la planta baja de la torre 4 de Montevideo 2.377 (barrio Alto Alberdi) Fioramonti y Quevedo habrían usado desde un celular LG con un chip sin registro de usuario, con el wi fi de ese domicilio, para enviar un mensaje intimidatorio de WhatsApp al viceintendente Passerini.
Ese mensaje de texto decía: “Yo quedo en la calle y vas a quedar sin hijo o sin madre, vas a llorar lo que yo lloro hdmp te voy a matar un hijo cuídate sé dónde vivís. Lo vas a llorar”.
Los acusados fueron asistidos por los defensores Miguel Juárez Villanueva (Fioramonti) y José Freytes (Quevedo), quienes argumentaron en contra de la participación de ambos en este hecho.
En sus consideraciones, la jueza Baralle sostiene que “no se ha logrado acreditar con probabilidad que hayan sido Carlos Fioramonti y Marisa Quevedo quienes remitieron el mensaje amenazante, y no otras personas de su entorno familiar o compañeros de trabajo”.
La magistrada agrega en favor de los imputados que ninguno de los dos tenían riesgo de perder su trabajo: Fioramonti era trabajador de planta permanente desde hacía años, con excelentes calificaciones, mientras que Quevedo era contratada, pero acababa de ser confirmada en su cargo.
En otro párrafo de su resolución conocida esta semana, Baralle indica que “tampoco se comprobó que ellos hayan permitido a sabiendas el uso de la red de wi fi de su domicilio para que alguien más enviara la amenaza”.
También se comprobó que Quevedo había estado hablando con su hija al momento de transmitirse el texto de la amenaza, mientras que se estableció que Fioramonti, la única vez que se comunicó con Passerini fue para felicitarlo.
La instrucción a cargo del fiscal José Bringas indicaba como probable que “en el marco del (gremio municipal) Suoem se podría haber obtenido el teléfono y una SIM card correspondiente a una línea sin registrar, la que luego se utilizó para realizar la amenaza”. Pero la jueza dice que no se colectó ninguna prueba que apoye esto.
De esta manera -continúa Baralle-, no se ha logrado acreditar con probabilidad la intervención de Quevedo y/o Fioramonti en el hecho”, y agrega: “Y ya no se avizora la posibilidad de hacerlo”.
Con relación al “estado de duda insuperable”, la magistrada sostiene: “No estamos ante un supuesto en el cual quedan algunos detalles o precisiones que aclarar, o deslindar alguna actividad que realizó alguna persona y otra no”. Y concluye: “Por el contrario, estamos ante una duda que se asienta sobre el punto neurálgico de la atribución: la intervención de cada sujeto en el plan criminal”.
Más adelante, Baralle reitera que “respecto de la posibilidad de que la persona que la envió se quede sin trabajo, no tiene vinculación con la situación laboral de Fioramonti, empleado de planta permanente; y tampoco con Quevedo, quien, días antes de la amenaza, había tenido conocimiento de que su vínculo laboral persistiría”.
La conclusión de la jueza indica “que si bien los aspectos aludidos contribuyeron a sostener una sospecha inicial, no permiten respaldarla con probabilidad positiva”.
Por todo esto, Baralle indica que ambos acusados deben ser sobreseídos “por la duda insuperable” del delito de amenazas agravadas por el anonimato.
Apelarán la medida
En diálogo con LaVoz, el abogado de Passerini, Gabriel Martín, aseguró que presentarán un recurso de apelación.
“Consideramos que es un resolución que no tiene fundamentos, que es bastante endeble y alejada de las constancias de la causa y de la investigación penal preparatoria del fiscal José Bringas”, dijo.
En la causa, aún están vigentes los plazos para apelación y se estima que la fiscalía también iría a la Cámara de Acusación.
