La Provincia llamó a subasta para proveer un servicio de detección de celulares, una tecnología aún no presente en el país que se sirve de la colocación de una antena hiperpotente que detecta todos los equipos prendidos, identifica sus números de identificación y permite solicitar el bloqueo al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las empresas telefónicas.
Uno de los objetos más preciados en la cárcel es el teléfono celular. Están prohibidos, pero se ha detectado que ingresan ocultos en las ropas o en los paquetes de las visitas, son lanzados con gigantescas gomeras, arrojados por encima de las paredes o alambrados o entregados con drones. Incluso se los vio entrar mezclados en la provisión de carnes y otros alimentos, en connivencia con personal penitenciario, en un caso que se hizo muy conocido al ser descubierto durante la intervención del Servicio Penitenciario (SPC), apenas fue destituido y detenido su jefe durante 15 años, Juan María Bouvier.
Debe haber muchas otras estrategias para hacerlos ingresar, porque periódicamente se informa del hallazgo en requisas de aparatos. En una de las causas que investiga la corrupción penitenciaria el eje está en el negocio del ingreso de aparatos telefónicos a los pabellones, por lo que han sido imputados varios agentes del servicio.
La clave de la tecnología con la que el Ministerio de Justicia busca equipar a las cárceles es el monitoreo, relevamiento y detección de teléfonos móviles. Con esta herramienta, aseguran, se podrá “ejecutar con certeza la detección y recopilación de los equipos celulares que se encuentren dentro de los establecimientos penitenciarios, conjuntamente con la entrega de los respectivos reportes de actividad”. Permitirá saber dónde está escondido un teléfono, cuándo se usó y por cuánto tiempo.
El ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, afirma que es un sistema complementario al del bloqueo de señal. “Los dispositivos de inhibición no están demostrando 100 por ciento de efectividad, por las dificulantes que tenemos por las denuncias ante el Enacom, de aquellos sectores vecinos a los establecimientos que nos piden que bajemos la potencia del inhibidor”, señala.
La licitación es por 12 meses, se va contratar como un servicio y lo va a operar la empresa que gane el concurso de precios y condiciones.
“El sistema detecta y recopila los Imei que estén en el establecimiento. Los Imei son un código único internacional que tiene cada chip y cada teléfono, que al detectarse se vuelcan en una computadora y a un sistema y se puede filtrar si se trata de un equipo autorizado, como el de un docente o un médico del penal, o no. Y si es un aparato no autorizado se comunica al Enacom, a las telcos y a la fiscalía y a los juzgados de ejecución correspondientes, para que esos teléfonos sean incorporados a la black list”, detalló el ministro.
Ingresar en la black list anula el teléfono. Ya no puede operar en ningún lugar del mundo.
“Lo vamos a contratar con la posibilidad de que pueda ser móvil, para probarlo en todos los establecimientos penitenciarios. Esta tecnología todavía no existe en Argentina. El nuestro será el primer servicio penitenciario del país que lo va a tener y en la conversación que tuvimos con la ministra (Patricia) Bullrich nos manifestó que va a seguir de cerca nuestra experiencia para llevarlo a las cárceles federales”, relató López.
Si el sistema resulta ser eficiente y seguro, se van a comprar equipos para que queden instalados en forma definitiva.
La subasta prevé que estén operativos los sistemas en los 90 días posteriores a la orden de compra. En un cálculo de tiempos optimista, eso daría para el primer trimestre del año próximo.
El llamado a la subasta electrónica fue publicado este jueves y tiene un presupuesto oficial de $ 597.300.000,00 por el período de 12 meses, con opción a prórroga.
