En marzo pasado, el fiscal de Instrucción Subrogante Andrés Godoy había elevado a juicio el expediente por numerosas estafas cometidas por tres empresarios cordobeses con la venta de casas prefabricadas a clientes dispersos en numerosas provincias argentinas. Ahora, estos mismos imputados han acumulado decenas casos de fraude que podrían agregarse al debate previsto en la Cámara 2ª del Crimen.
Los acusados son los empresarios Juan Manuel Carrano (36), su hermano Leandro Adolfo Carrano (34) y Gastón Exequiel Moyano (30), quienes no discutieron la decisión del fiscal y esperan el debate por 20 casos de “estafas reiteradas” (19 hechos) y “defraudación en la calidad y cantidad de las cosas” (un hecho) en concurso real.
Pero ahora la novedad es que el instructor siguió con su tarea y cerró la investigación por otros 34 hechos de estafas reiteradas y dos por defraudación en la calidad y cantidad de las cosas.
Lo más probable es que este expediente se haga uno en el mismo debate que aún está en los actos preparativos en la cámara y se haga un solo juicio. En total serían 56 hechos.
La causa fue iniciada por denuncias del querellante Carlos Nayi, que representa a 86 damnificados diseminados en distintos puntos del país (Neuquén, Salta, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, entre otros). El fiscal analiza las defraudaciones cometidas por firmas o nombres de fantasía indistintos como “New Level Constructora”, “Megaluxe Constructora” y “Luxury Constructora”, todas designaciones de mercadeo bajo un mismo responsable fiscal, Leandro Adolfo Carrano, quien en lo impositivo estaba inscripto como monotributista.
Las víctimas de la oferta incumplida residían en otras provincias y esperaron infructuosamente el envío de los camiones con la casa que habían comprado para ser armada en un terreno propio, siempre de acuerdo con la acusación de Godoy.
Según la instrucción, el ardid estafatorio incluía un ofrecimiento con aparentes bajos costos, rápida entrega, modelos personalizados, financiación a medida, como así también invocando falsamente ser fabricantes, disponer de personal especializado para la construcción de la platea de hormigón, y la instalación y armado de la vivienda bajo la modalidad “llave en mano”.
El fiscal sostiene que los acusados luego ostentaban falsamente ser responsables de un supuesto grupo empresarial conformado por esas sociedades y que habrían dado en denominar como “CRN Asociados” y “Grupo CRN Constructora”, ambos con Carrano como responsable fiscal.
Las víctimas de estas maniobras eran todos residentes en otras provincias (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Salta, entre otras), quienes abonaron sumas de dinero (en pesos y en dólares) que iban entre los 400 mil pesos y el millón de pesos, a cuenta del 60 por ciento del costo total de la casa.
Tras la transferencia bancaria de esos montos, los “empresarios” se habrían excedido en los plazos de entrega, por lo que comenzaban las supuestas prórrogas tras los reclamos y finalmente nunca concretaban lo prometido, apunta el fiscal.
“Dominio del hecho”
Godoy sostiene que, “en algunas ocasiones, los coimputados tomaron contacto directo con las operatorias comerciales y, por ende, casi no conocieron a los damnificados, pero dicha situación no es óbice para no achacarles la responsabilidad penal”.
El fiscal dice que “los tres imputados intervinieron desde el inicio en la formación de las empresas, eran sus propietarios, montaron oficinas, crearon facturas con membretes, circunstancias estas que no hacen más que demostrar que eran autores de los sucesos endilgados y que cuanto menos aparentaron una empresa a los fines de lograr la disposición patrimonial perjudicial de los damnificados”, con lo que les adjudica que “poseían el dominio del hecho”.
En tal sentido, el instructor sostiene que lograron el dominio del hecho usando “a sus empleados para cometer las estafas, quienes actuaron como meros instrumentos sin dolo”. Luego, Godoy remata: “Se valieron de sus empleados y ‘desde atrás’ dominaban la situación”.
Para el fiscal, “no se trató simplemente de la entrega de una cosa diferente de la pactada, lo que podría sólo conducir a un mero incumplimiento (de contrato) de naturaleza civil”, sino que las maniobras “fueron lo suficientemente e idóneas para lograr inducir al error a las víctimas” y que “desplegaron un engaño omisivo idóneo” para lograrlo.
