El fiscal de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de las sedes judiciales de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje, Raúl Ramírez, fue imputado el viernes pasado por el juez de Control N° 3, Agustín Cafferata, en el marco de la investigación por la supuesta desaparición de droga de un destacamento en Cruz del Eje.
La imputación que pesa ahora sobre Ramirez es por los presuntos delitos de “incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, Encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos y abuso de autoridad”.
La información fue confirmada este lunes por fuentes judiciales, quienes reconocieron que el juez hizo lugar al requerimiento del fiscal Juan Pablo Klinger, quien tiene a su cargo la causa por la desaparición del cargamento.
En grado de sospecha, Klinger estableció que Ramírez había formado parte de un concierto de voluntades delictivas, porque habría tomado conocimiento sobre la desaparición de 350 gramos de cocaína y de 158 gramos de marihuana y no habría perseguido ese delito.
Al tener fueros por ser funcionario de la Justicia, Klinger no lo puede investigar. Por eso la fiscalía le requirió al juez de control que realice los procedimientos.
En los próximos días, Ramírez deberá sentarse frente al juez y acceder a la etapa indagatoria, donde podrá dar explicaciones sobre las acusaciones que se le endilgan.
Las justificaciones de Klinger se basan en que luego de analizar la evidencia recabada pudo concluir que hay razones para sospechar que el funcionario, junto su secretario, Patricio Bazán, y al jefe de la brigada de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola (ambos ya imputados y en libertad), habrían tomado conocimiento de la sustracción de los estupefacientes secuestrados.
Pese a saberlo, explicaron fuentes allegadas a la investigación, habrían evitado la persecución y la penalización de este acto.
Dicho de otro modo: se habrían quedado con la información y no habrían individualizado a los autores de ese delito, siempre según las fuentes de la causa.
Por ahora, y pese a los intentos de La Voz, no se conoce versión alguna del fiscal Ramírez.
El procedimiento
Como se dijo, el imputado no puede ser investigado por otro fiscal por tener este mismo rango. Así que cuando Klinger avanzó en su investigación, le requirió a Cafferata –quien mantiene un estricto hermetismo– proseguir con la investigación.
El juez hizo lo que el fiscal había previsto: imputó a Ramírez, que ahora tendrá la posibilidad de explicar lo que sucedió con la presunta desaparición de la droga.
Fuentes de la investigación aseguran que entre Bazán y Ramírez había diálogos constantes sobre el cargamento que había desaparecido.
Siempre según lo revelado por fuentes de la investigación, Bazán habría recibido órdenes directas de parte de Ramírez sobre lo que debía hacer con Oyola, a quien le habían entregado los cargamentos.
Entre los tres, según los pesquisas, habrían acordado cómo hacer para que el hecho no se hiciera público y habrían decidido “no investigar para que no pasara a mayores”.
Cuando el Ramírez sea indagado, Cafferata tendrá que decidir si debe ser, o no, investigado. En caso de que decida continuar con el proceso, deberá solicitar el allanamiento de inmunidad ante la Legislatura.
Una vez cumplido con ese procedimiento, la causa volverá a manos de Klinger, que deberá realizar las acusaciones pertinentes.
La investigación
La investigación liderada por el fiscal Klinger desde febrero surgió a raíz de la desaparición de un cargamento de cocaína y marihuana que había sido incautado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Fue Adrián Salcedo, jefe de la FPA, quien descubrió una discrepancia entre los inventarios oficiales y las cantidades de droga bajo custodia de la fiscalía. Este hallazgo lo llevó a presentar una denuncia que generó una sacudida en la estructura interna de su fuerza.
De acuerdo con las indagaciones, altos mandos policiales y algunos subordinados empleaban los estupefacientes incautados como moneda de cambio con informantes, conocidos como “buchones”. Estos civiles ofrecían datos útiles para identificar a traficantes de droga, recibiendo a cambio porciones de los cargamentos decomisados.
El caso derivó en una doble imputación. Por un lado, el secretario de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y el exjefe de la Brigada de Investigaciones de la FPA en esa misma localidad, Mauricio Oyola, fueron acusados por los delitos de violación culposa de pruebas, encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y abuso de autoridad.
Por otro lado, se dictaron órdenes de detención contra Néstor Márquez, quien dirigía la brigada de Deán Funes en el momento de los hechos y luego pasó a Cruz del Eje, y contra el agente Raúl Moreno. Asimismo, quedaron implicados los integrantes de la brigada de Cruz del Eje: Sergio Ruiz, quien era segundo jefe del pelotón, su hermano Eduardo Ruiz y otros dos agentes, Luis Benavídez e Isidro Rivero. También fueron detenidos dos civiles vinculados como informantes.
A todos ellos se les imputó el delito de asociación ilícita en calidad de miembros, y a dos se les añadió el cargo de entrega agravada de estupefacientes, dado su rol como funcionarios encargados de combatir el narcotráfico bajo la ley 23.737.
El fiscal dictó prisión preventiva para los 10 acusados. Una de las personas detenidas admitió formar parte de la asociación ilícita, mientras que otros implicados han solicitado ampliar sus declaraciones, según fuentes cercanas a la causa.
