Susana Montoya, la mujer de 74 años que fue víctima de un brutal crimen el jueves 1° de agosto, estaba en su domicilio de barrio Ampliación Poeta Lugones cuando vio entrar a su hijo Fernando Albareda (53) por la puerta principal.
El reloj marcaba las 20.30 en el domicilio de la calle Miguel Andrés Caminos al 3800, zona norte de la ciudad de Córdoba, y ella se predisponía a echar los restos de la cena a sus perros.
La mujer intercambió dos palabras con el hijo y cuando encaró de espaldas hacia el patio, atravesó la puerta y –según fuentes de la investigación– Albareda tomó una soga y la estranguló por la espalda.
La víctima cayó dura. No pudo gritar. No se pudo defender. Pero para el hijo no había sido suficiente.
Con su madre en el suelo, primero le pegó un ladrillazo en la cabeza, según reconstruyeron los pesquisas, y luego dio otro golpazo con un pedazo de bloque de cemento.
El primer impacto, con un ladrillo, fue en el parietal izquierdo de la indefensa mujer. Y el segundo, en el costado derecho de la cabeza.
De acuerdo con trascendidos de la tarea forense, se puede presumir que el asesino también tomó un palo de escoba y con eso le partió la frente a su víctima.
Al cabo de unos minutos, el atacante intentó clavarle un cuchillo en el cuello, dijeron fuentes del caso.
También juntó hojas secas de un árbol y tapó la cara de Montoya. “Eso es señal de vergüenza”, dirían fuentes de la investigación.
Habrá mirado durante unos minutos el cuerpo inerte de la madre, pero como si tuviera un claro y mayor propósito, caminó hacia el dormitorio, juntó dos lápices de labios y escribió un mensaje en la pared.
“Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, dejó grabado antes de tirar los dos tubos labiales hacia un costado.
Todo el recorrido se pudo proyectar, según los cuerpos investigativos, gracias a una gran cantidad de pruebas que ya obran en manos del fiscal de la causa, Juan Pablo Klinger, quien cubierto por un celoso hermetismo ordenó la detención e imputó a Albareda por “homicidio calificado por el vínculo”.
De mantenerse esta figura y de comprobarse los hechos tal cual son presupuestos por los investigadores, a Albareda podría caberle una pena de reclusión perpetua.
En este punto corresponde aclarar que la familia Albareda denunció ante la Justicia numerosas amenazas desde el inicio de la causa por la desaparición del subcomisario de la Policía de Córdoba, Ricardo Fermín Albareda, durante la última dictadura militar argentina. Se trata del esposo de Montoya y del padre de Fernando.
El caso fue objeto de una reparación histórica del legajo del policía. En sus papeles aparecía que se había ido de la fuerza, pero en verdad había muerto en funciones, por haber sido desaparecido, torturado y asesinado en el año 1979. Por esa reparación de legajo policial (y no por su condición de víctima de la dictadura), la mujer y los hijos iban a cobrar una cifra millonaria.
Ahora, la suma que debía ser pagada a la viuda quedará repartida entre los tres hijos (una hermana de Albareda se quitó la vida).
Por esto mismo, el presunto mensaje intimidatorio que apareció en la pared tras el crimen de Montoya, y que se volvería objeto de repudio por parte de organizaciones de derechos humanos, causó una gran conmoción.
Albareda, quien ahora permanece detenido, sostuvo desde el primer minuto que su madre, a quien había encontrado sin vida en el patio del domicilio, había sido víctima de “fuerzas oscuras” que anidaban en el seno de la Policía de Córdoba.
Este móvil aparentemente asentado en el odio fue perdiendo fuerza con el paso de los días. Al cabo de una semana, y tras la detención de Albareda, su situación procesal está “sumamente comprometida”, según evalúan fuentes del caso.
En cambio, para el abogado Claudio Juárez Centeno, que representa a quien para la Justicia es el principal sospechoso del hecho, la investigación podría estar sesgada, teniendo en cuenta que los cuerpos investigativos están integrados por policías.
Según esta hipótesis, existe un pacto de silencio y de complicidad para desviar las culpas hacia Albareda y librar de penas a un posible grupo parapolicial que pudiera haber cometido un ataque de odio.
El letrado aseguró que este viernes pudo reunirse con el imputado en la cárcel de Bouwer, que está en buenas condiciones y que mantiene su postura de inocencia.
Juntos pudieron reconstruir los pasos que habría dado Albareda la noche del jueves 1°, cuando –según la versión del acusado– salió de su casa a visitar a un socio cuyo domicilio está ubicado en barrio Marqués de Sobremonte, zona norte de la ciudad de Córdoba.
Si bien la barriada mencionada por el abogado está situada en un punto próximo al lugar del crimen, desde la defensa aseguraron que tienen elementos para reconstruir el camino que habría realizado el hijo de Montoya hasta la casa de su socio, y de regreso a su hogar, entre las 20 y las 22.30.
Las pruebas que complican a Albareda
Antes de caer preso, Albareda había denunciado, el viernes 2 de agosto, la muerte de su madre. Fue citado por el fiscal de la causa, Juan Pablo Klinger, pudo declarar e incluso fue aceptado como querellante.
Pero con el paso de las horas, la fiscalía citó a Ricardo Albareda, el hermano del imputado, que vive en el mismo domicilio de Montoya.
Durante las horas en que fue fijado el crimen, Ricardo se encontraba en la ciudad de Carlos Paz. Había viajado hasta allá porque su exesposa no podía cuidar de los hijos en común.
Cuando Klinger entrevistó a Ricardo, según aseguraron fuentes de la investigación, lo primero que hizo el hombre fue orientar sus sospechas hacia su propio hermano.
Dijo querer la “mayor sanción” para el responsable del crimen de su madre.
Y además de las insinuaciones de Ricardo, el fiscal comenzó a notar algunas inconsistencias en las declaraciones de quien ahora quedó imputado como presunto autor del crimen.
Si bien Klinger mantiene un firme hermetismo desde el primer minuto de la instrucción, fuentes de la investigación aseguraron que una filmación complicó a Albareda.
En la esquina del domicilio de Montoya hay una cámara de seguridad, ubicada en un domicilio. Las imágenes captadas por el dispositivo muestran, según los pesquisas, a un hombre que camina desde ese punto y se dirige hacia la vivienda donde sucedió el horror.
Además, se vería con claridad, en esas mismas imágenes, el momento en el que el hombre baja de su vehículo. Se trataría de una camioneta que coincide con las características del vehículo de Albareda.
La filmación muestra, según los investigadores, que el hombre llega al lugar a las 20.30 y se vuelve a subir a la camioneta a las 22.30, aproximadamente. Es el rango horario en el que se fijó el crimen, según los informes forenses.
Pero, además, los pesquisas saben que la mujer de Albareda le dijo al fiscal que su marido había salido del domicilio el jueves 1° de agosto a las 20.30 para ir a cerrar un negocio con un conocido y que había regresado cerca de las 23.
En la escena del crimen, los expertos evitaron utilizar polvo para levantar huellas dactilares. Si bien esto podría haber sido beneficioso para la investigación, decidieron preservar las células epiteliales que encontraron en los lápices labiales y en distintos elementos ubicados en el domicilio.
Las células epiteliales forman los tejidos de la piel y también se encuentran en otras partes del cuerpo: recubren órganos internos, vasos sanguíneos y cavidades.
En la fiscalía creen que se trata de un material valioso para sostener el cuadro probatorio que elabora la investigación.
Donde sí usaron un sistema de recolección de huellas fue en un vaso que se encontraba en la mesa del comedor. Esa huella, adelantaron los pesquisas, coincidiría con las huellas dactilares de Albareda.
También se ordenaron una serie de análisis sobre la grafía de los mensajes intimidantes que fueron hallados en la pared del domicilio y lo mismo se hizo con dos papeles escritos, en tono de amenazas y con símbolos nazis, sobre los cuales la familia ya había hecho la denuncia en diciembre.
El resultado de estos análisis arrojó que los rasgos de los escritos son compatibles con el tipo de escritura propio de Albareda.
“El informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Albareda”, detallaron desde la fiscalía.
Unas sábanas telefónicas, es decir, los registros impresos de las llamadas y sus características técnicas que existieron entre la víctima y el presunto victimario, terminaron de cerrar las sospechas en la fiscalía.
Albareda había asegurado que el jueves a la noche tuvo una conversación telefónica con su madre, de unos 30 minutos, sobre unos dolores de cabeza que tendría la mujer.
Pero según fuentes de la investigación, los registros de las llamadas muestran dos intentos infructuosos de comunicación desde el teléfono fijo de Montoya al celular de su hijo. “Es como si hubieran marcado dos veces, pero nadie atendió; y según el rastreo de las celdas, el celular de Albareda estuvo apagado durante la ventana de tiempo en la que se produjo el crimen”, dijeron fuentes de la investigación.
El abogado Juan Pablo Bastos –representante del hermano del acusado, Ricardo Albareda– adelantó que solicitará ser incorporado a la causa como querellante y ratificó, en diálogo con la prensa, las sospechas que su representado mantuvo desde el inicio contra su propio hermano.
Vale aclarar que si bien el ahora acusado había sido aceptado como querellante en un principio, al quedar detenido y ser el principal sospechoso del crimen esta figura perdió inmediata vigencia.
La postura del Foro de Derechos Humanos de Córdoba
Desde el Foro de Derechos Humanos de Córdoba convocaron el pasado jueves a una concentración en pedido de Justicia por Susana Montoya y en apoyo a Albareda y su familia. La convocatoria se concretó antes de que se conociera la imputación y la detención del acusado.
“Nos concentramos en el Poder Judicial por Susana Montoya, esposa de Ricardo Fermín Albareda, desaparecido por la última dictadura cívico militar, asesinada la semana pasada. Sobre la detención de su hijo Fernando por decisión judicial, desde el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH insistimos en la continuidad del pedido del completo esclarecimiento de la causa y que se consideren todas las hipótesis”, expresaron.
A la par, voceros del foro plantearon que “no se ha cerrado ningún caso”. Y plantearon que la fiscalía debe explicar si descartó, y por qué lo hizo, la hipótesis sobre la implicancia de una patota policial en el crimen.
“Todo esto no tiene que tapar, o poner en un segundo plano, la responsabilidad del Gobierno provincial sobre el cuidado de Susana, desde la aparición pública de las amenazas a la familia hasta el desencadenamiento de su asesinato”, plantearon y pidieron que la investigación continúe con todas las hipótesis posibles.
