Sin pausa y a paso firme avanza la causa que investiga presuntas estafas adjudicadas a la joven influencer Candela Salazar (27), detenida en diciembre pasado y a la que se le adjudican hasta el momento 11 hechos en perjuicio de personas que le confiaron dinero para hacer “inversiones” con la promesa de obtener elevados rendimientos cada mes.
Este miércoles, por orden de la fiscal de la causa Lourdes Quagliatti, efectivos policiales del Departamento de Delitos Económicos concretaron un allanamiento en barrio Granja de Funes (en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba), donde terminaron deteniendo al morador de una vivienda, Agustín Barrera (27), quien estaría vinculado con las maniobras presuntamente estafatorias de Salazar.
Con la imputación de “estafas reiteradas” –aún no precisado su efectivo rol–, se le adjudica a Barrera la participación en algunos de los hechos adjudicados a la joven influencer.
Con esto, ya llegan a tres los imputados en esta causa, si bien uno de ellos no está detenido: Nicolás Gionco (27) tiene la misma imputación, pero no como autor de las estafas, sino como partícipe necesario.
A Barrera se lo señala con un rol activo en la percepción de dinero y en la elaboración y la comunicación del ardid a los clientes que terminaron sintiéndose estafados. Por el momento, él no está en todos los hechos, pero su papel en la consumación de los engaños a los “clientes” es similar al de Candela Salazar.
Diferente es la situación de Gionco, quien sólo habría estado en la captación de potenciales “inversores” a quienes recomendaba que hablaran con Candela para que ella terminara induciéndolos al presunto engaño, según refieren los investigadores. Por estos motivos, este imputado no ha sido privado de la libertad.
Los tres involucrados en esta maniobra tienen 27 años y responden a un mismo perfil socioeconómico, ya que residen en barrios contiguos del noroeste capitalino: Urca, Cerro de las Rosas y Granja de Funes.
El compromiso de Agustín Barrera surge luego de que los integrantes de la Unidad Judicial de Delitos Económicos sumaron nuevas evidencias a la causa. En un principio, surgió la responsabilidad de Salazar en las maniobras presuntamente estafatorias y no se manifestaba el nombre de Barrera.
Pero al receptarse nuevas denuncias de supuestos damnificados por las estafas, comenzó a escucharse el nombre del nuevo detenido, como activo participante en algunos de los hechos en los cuales ya estaba involucrada la influencer.
“Barrera habría participado en algunas de las estafas junto con Candela Salazar” y “habría engañado a varias personas haciéndoles creer que mediante inversiones de dinero” conseguirían “importantes intereses” del 10% al 12% mensual en dólares, “como resultado de diferentes y supuestas operaciones financieras vinculadas a criptomonedas que los detenidos decían realizar”, sostienen quienes están en contacto con la investigación.
En la próxima semana, se espera que la fiscal Quagliatti –del Distrito 2, Turno 3– convoque al detenido Barrera para tomarle declaración indagatoria sobre los hechos que pesan sobre él como acusación. Hasta este jueves, no se conocía la designación del abogado defensor del nuevo detenido.
Confirman prisión preventiva
Otro de los hechos que marcan el firme avance de esta investigación es el aval que recientemente les dio a las actuaciones de Quagliatti la jueza de Control y Faltas N° 7 Laura Baralle, quien confirmó la prisión preventiva que la instructora dictó a la imputada Salazar.
Los defensores de la influencer habían recurrido esta decisión tomada a comienzos de año, pero la jueza de garantías confirmó el 7 de marzo lo dispuesto por la fiscal, sin reproches.
De este modo, los 11 casos que involucran a la joven detenida a comienzos de diciembre cuando estaba abordando un vuelo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben una confirmación de la alzada.
No se descuenta que, en las próximas semanas, el ingreso del material que compromete a Barrera haga ampliar las acusaciones. Algunos se atreven a arriesgar que siendo ya tres los imputados, podría considerarse la posibilidad de una imputación por asociación ilícita.
