Mientras se aguarda que avance la etapa indagatoria a los nueve imputados por “tortura seguida de muerte” en la causa que investiga el fallecimiento en la cárcel de Bouwer de César Moreno (50), el villamariense que habría tenido un brote psicótico en la ciudad de Córdoba durante un viaje relámpago y protagonizó un altercado en una panadería de barrio Nueva Córdoba, zona céntrica de la ciudad Capital, surgen nuevos testimonios sobre las horas previas al funesto desenlace.
Según pudo reconstruir La Voz en base a relatos de fuentes que pidieron estricta reserva de su identidad, una vez que Moreno fue reducido por la Policía de Córdoba y detenido en las adyacencias del centro comercial Paseo Buen Pastor, fue ingresado a la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA).
Allí, siempre según estos testimonios, el hombre habría presentado resistencia al ser ingresado a una celda.
“Se agarró de los barrotes que tiene la reja de entrada al pabellón Gris de la UCA, donde estuvo detenido unos días (del 14 al 16 de septiembre). No dejaba pasar a nadie. Nadie podía entrar ni salir del pasillo porque el hombre estaba aferrado y no se soltaba”, comenzó relatando un testigo ocasional.
Luego de ello, al ver que Moreno no cedía en su actitud, un grupo de guardias habrían tomado la decisión de intervenir.
“Lo rodearon entre cinco guardias y empezaron a pegarle en las manos. Le pegaron un montón, porque él no se soltaba. Tanto le pegaron que las manos les quedaron hinchadas. Cuando pudieron desprenderlo, lo metieron en el baño del pabellón y lo golpearon”, dijo el testigo que prefirió el anonimato.
“Mientras estaba agarrado a los barrotes, Moreno gritaba y les decía a los guardias que lo soltaran y que los ‘iba a cagar matando’. Estaba fuera de sí, como atravesando un ataque de locura. Y eso molestó a los guardias del pabellón”, comentó la misma fuente.
Otra información que fue vertida por el fiscal Rubén Caro, que atendió el caso desde que Moreno protagonizó el altercado en la panadería hasta que se anunció su muerte, cuatro días más tarde, asegura que el hombre, en un rapto de irracionalidad, clavó una lapicera en el labio de un operador del SPC en la UCA.
Esto habría sucedido al ingreso del establecimiento penitenciario, cuando los guardias intentaban recibir el procedimiento policial y poner a Moreno bajo detención.
Consultados sobre las agresiones que podría haber sufrido la víctima, desde el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) prefirieron no hacer declaraciones al respecto para “no ventilar detalles” que pertenecen al expediente. Sí se ratificó la información aportada por el interventor del SPC, Gustavo Vidal Lascano, quien había afirmado, sobre la base de un documento médico forense, que Moreno había ingresado a Bouwer con golpes, escoriaciones y lesiones.
No obstante, el fiscal a cargo de la causa, José Alberto Mana, puso el foco de la investigación en las medidas de sujeción que se produjeron dos días después, en la cárcel de máxima seguridad.
Por estas acciones tiene a nueve imputados por “tortura seguida de muerte” que aún no han sido citados a indagatorias. Desde el entorno de los acusados esperaban ser citados durante la semana pasada. Ahora creen que la cita será en la próxima semana.
En la fiscalía rige un estricto silencio. No obstante este hermetismo, investigadores ligados a la causa deslizaron que uno de los motivos por los cuales se estarían demorando las indagatorias podría ser una lista de nuevos imputados.
Más allá de estas especulaciones, laderos del fiscal Mana afirmaron que trabajan concentrados con las pruebas hasta ahora recogidas. Que ese trabajo es arduo y que por ende podría demorarse aún más la indagatoria.
Sin embargo, nadie se atreve a negar que pudieran ocurrir nuevos allanamientos y nuevas detenciones.
Hasta el momento, los nueve imputados son: el alcalde mayor de Bouwer, Pablo Luján; los guardias Mariano Santucho, Leonel Vaquel, Nicolás Cebrero, Roberto Molina, Lucas Argüello y Néstor Bazán (quien se encontraba en situación pasiva); más el médico de guardia, Ignacio Eduardo Segovia, que fue el que recibió a Moreno, y la médica psiquiatra, Ana Laura Grassi.
Hay expectativas por lo que podría declarar Grassi, fuentes vinculadas al funcionamiento del SPC aseguraron que la psiquiatra solicitó el “traslado urgente” de Moreno al verlo en condiciones que no eran adecuadas para continuar alojado en Bouwer. La profesional habría solicitado, y luego insistido, con que el preso fuera trasladado al CPA, solicitud que nunca se cumplió.
Renuncia de médicos y servicio de atención afectado
Luego de la detención del médico de guardia y de la psiquiatra, una cantidad de médicos hasta ahora no confirmada oficialmente renunció a su puesto de trabajo en el SPC.
Fuentes extraoficiales aseguraron que en total fueron 12 médicos los que pusieron su firma de renuncia, lo que habría dejado gravemente resentida la atención de los internos.
Además, se detalló que el SPC recurrió a la contratación de una empresa privada de prestaciones (Vittal). “Esa empresa manda paramédicos con una tablet colgada en el cuello. Los paramédicos se entrevistan con los internos y los médicos dan las indicaciones formales, pero no entran a la cárcel”, advirtieron fuentes ligadas a la función penitenciaria.
Esas mismas voces dijeron que a menudo se producen, dentro de los pabellones, peleas entre los presos. “Cuando hay una pelea, que son bastante cotidianas, los médicos tienen que actuar de inmediato porque sino se puede poner en peligro la vida de alguno de ellos”, explicaron
Consultados sobre esta situación, desde el SPC confirmaron que “fue parte del servicio que se subcontrató”. “Había médicos y también paramédicos que hacían esta función y de a poco se van incorporando médicos”, detallaron.
A su vez, aseguraron que la semana próxima se regularizará completamente la suplantación de los médicos que habían renunciado.
El caso
César Moreno (50) había viajado a Córdoba, desde su ciudad natal de Villa María, el pasado 14 de septiembre. Acompañaba a un amigo que debía realizar un trámite en la ciudad Capital y no había dado a su entorno familiar demasiados detalles sobre el viaje. Según Soledad González, su exesposa, con quien mantenía una excelente relación, el hombre estaba atravesando una crisis producto de su enfermedad psiquiátrica desatendida.
Al despedirse de su amigo entró a una panadería de la calle San Lorenzo al 70, en el barrio de Nueva Córdoba, zona céntrica de la ciudad. Allí no habría respetado la fila y habría protagonizado un altercado. Según fuentes policiales, agredió a tres empleados y rompió una balanza digital.
Para sus familiares, era impropio en él una conducta violenta o agresiva. “A lo sumo gritaba si alguien no entendía lo que estaba diciendo, cuando tenía algún brote psicótico como el que seguramente estaba teniendo”, dijo sobre los hechos González.
Finalmente, fue detenido y trasladado a la UCA, desde donde el 16 de septiembre fue enviado hacia la cárcel de Bouwer. Allí se ordenó la sujeción del preso y el 18 de septiembre sufrió un paro cardiorespiratorio del que nunca pudo recuperarse.
El abogado que representa a la familia, Alejandro Pérez Moreno, definió el caso como un hecho de “violencia institucional” y alertó que van a ir “hasta las últimas instancias”.
