Familiares de las víctimas del siniestro vial protagonizado por Oscar González en 2022, pidieron esta semana el apartamiento de la fiscal del caso.
Fue en los tribunales de Villa Dolores, donde el juez Santiago Camogli deberá resolver ahora si Analía Gallaratto continúa o no en la causa.
“Confiamos en este juez, pero si la fiscal no es apartada, sería una muestra más de la impunidad con la que se mueven”, dijo Gustavo Álvarez, padre de Alexa, la chica de 14 años que quedó parapléjica luego del choque, producido hace tres años.
Familiares y vecinos de la zona, junto a militantes de derechos humanos, se manifestaron frente a los tribunales donde a partir de las 14 se produjo la audiencia en la que formalmente se pidió la recusación de la magistrada.
El choque fatal
El 29 de octubre de 2022, cerca de Mina Clavero, el exlegislador y exministro Oscar González, entonces titular de la Legislatura provincial, protagonizó un violento choque frontal, donde perdió la vida Alejandra Bengoa (54), y dos adolescentes quedaron con serias secuelas permanentes.
El dirigente justicialista de Villa Dolores fue imputado de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”. La causa comenzaría luego un prolongado derrotero y sigue abierta.
En julio de este año, la defensa de González ofreció una probation, que implica el pago de una cuantiosa suma a las víctimas del siniestro y a sus familiares. Estos recalcaron que se niegan a la aceptación de ese recurso. “De ninguna manera vamos a aceptar la probation, es una violación al derecho de los menores, pero además, queremos llegar al juicio de González, fue un crimen vial”, dijo Álvarez.
La audiencia para tratar ese recurso será el 20 de noviembre.
En tanto, la querella realiza esta recusación contra Gallaratto y pide contra ella un “jury” de enjuiciamiento.
“Sin objetividad”
En la audiencia, el querellante Germán Romero Marcón afirmó que existían anomalías no observadas por Gallaratto en su instrucción, y que habían sido denunciadas por la parte en 2023.
“Hubo una supuesta fraguación de documento público que habría cometido el perito oficial designado, y un posible delito de falso testimonio o de falsedad ideológica”. También recordó que habían pedido, ante la Legislatura provincial, un “jury” contra la fiscal.
Emiliano Binante, otro de los querellantes, sostuvo: “Defendimos la recusación que antes habíamos presentado por escrito, ampliamos un poco más la petición para que la fiscal Gallaratto no forme parte del debate oral y público que esperamos que se realice”.
Los querellantes destacaron diversos puntos en los que la fiscal del caso habría actuado “sin objetividad”
El letrado Lucas Cocha, representando a la familia Bengoa, participó del encuentro por teleconferencia.
Por el mismo canal lo hizo Gallaratto, fiscal de Villa Cura Brochero.
La funcionaria judicial afirmó: “Este pedido es absolutamente inadmisible, tanto formal como materialmente”. Y destacó: “Todas las actuaciones reflejan claramente cómo ha sido mi tarea durante todo el proceso, yo solamente hablo a través de mi trabajo”.
Miguel Torres fue el abogado que representó a la Procuración General de la Provincia, que está en calidad de demandada civil.
El juez Camogli debe decidir 48 horas después de la audiencia si hace lugar o no a la recusación.
“No debe apartarse”
Pedro Despouy Santoro, codefensor de González, presentó un memorial defendiendo a Gallaratto, pidiendo que se rechace su recusación.
“El pedido de la querella es inadmisible, improcedente y de naturaleza dilatoria; se realizó fuera de tiempo y sin argumentos, no hay ningún motivo legal ni hecho concreto que demuestre que la fiscal actuó con parcialidad o falta de objetividad” enfatizó el abogado. Y agregó: “La querella no busca justicia, sino demorar el proceso y presionar a la fiscal”.
Consultado sobre si el pedido de “probation” de González era tardío, Despouy Santoro aclaró: “No es extemporáneo, porque mientras no se inicie el debate, es oportuno hacerlo”.
Miguel Torres fue el abogado que representó a la Procuración General de la Provincia, que está en calidad de demandada civil.
El juez Camogli debe decidir 48 horas después de la audiencia, es decir este jueves, si hace lugar o no a la recusación.
