Bajo una identidad falsa, Patricia del Pilar Levy se mantuvo prófuga durante casi 10 años. A un año y tres meses de la prescripción del delito de trata por el que se la buscaba, cayó detenida en Uruguay en septiembre y fue extraditada a Córdoba dos meses después.
“Pato” era la última pieza que faltaba en el rompecabezas acusatorio del fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari. Está imputada por presunta trata de personas con fines de explotación sexual en Córdoba y Rosario.
En 2016, el Tribunal Oral N° 2 había sentenciado a su expareja, el chileno Claudio Antonio Santibáñez Ulloa (a cuatro años y ocho meses de prisión), y el fotógrafo Jaime Alberto Arrieta (a dos años y medio) como cómplices –necesario y no necesario, respectivamente– del delito de rufianería.
Tres años más tarde fueron condenados Malvina Soledad Serrano y Luis Alejandro González por promoción y facilitación de la prostitución ajena.
Las sospechas contra Levy
La causa comenzó cuando en septiembre de 2012 una mujer denunció ante la Justicia federal que su hija había sido captada por una supuesta red de trata que la había llevado a Chile. El fiscal pudo determinar que una mujer de nombre “Pato” le habría ofrecido el trabajo a la joven en el país trasandino.
A partir del teléfono de “Pato”, obtenido a través de una conocida de la hermana de la presunta víctima, los investigadores pudieron establecer que el titular de la línea era Santibáñez Ulloa (un administrador de empresas recibido en la Universidad Católica de Chile), pareja de Levy por entonces.
La presunta explotadora habría ocupado un rol central en la supuesta trata, ya que habría controlado los “servicios” sexuales de las víctimas en los departamentos donde al parecer las hacía figurar como locadoras, lucrando con la actividad. El “campo geográfico” que habría explotado no sólo habría sido en la ciudad de Córdoba sino que habría traspuesto los límites provinciales, con “base” en Rosario también.
Para el fiscal, desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2014, Levy explotó a mujeres utilizando dos departamentos situados en General Artigas al 230 de barrio Centro (Córdoba) y un inmueble en Rosario. En total, habría explotado a diez mujeres con la connivencia y participación de Santibáñez Ulloa.
“Pato” se habría encargado de ofrecer los “servicios” de las mujeres a través de una web de Córdoba aportando los teléfonos que ella manejaba para atender a los clientes, haciéndose pasar, incluso, por alguna de las jóvenes para concertar los encuentros.
Para mantener el control, Levy las habría sometido a constantes presiones, abusando de su sumisión por su imperiosa necesidad de trabajar, descontándoles dinero de sus “pases” para pagar el alquiler de los departamentos.
Para obtener un rendimiento económico, les habría ofrecido cocaína o éxtasis no solo con la finalidad de que las víctimas pudieran “soportar” jornadas con mayor cantidad de “clientes”, sino también para proveerles a ellos.
Santibáñez Ulloa era el responsable de retirar al final de cada jornada la recaudación y llevar a las víctimas que quedaran “trabajando” hasta tarde a sus casas, asegurándose que nadie se fuera con el dinero de los “pases”. También se habría encargado de comprar pasajes para las mujeres enviadas presuntamente a Rosario, confirmando que subieran a los colectivos y llegaran a destino.
Con los fondos, Levy habría coordinado los encuentros de las víctimas con Arrieta, quien era el encargado de tomarles a las víctimas las fotos y/o filmarlas en domicilios particulares o en lugares convenidos para luego editarlos en su estudio.
Posteriormente, el contenido era subido a la web (de otro hombre) para la cual trabajaba como fotógrafo.
Levy también habría contado con la colaboración de Jesús Nahuel Lavandaio (absuelto), propietario de esta última web y de otra que habría funcionado en otra provincia sureña.
Por su parte, en el caso de González y su novia Serrano, la Justicia no pudo establecer que hubieran integrado una red de trata (endilgada a Levy) o mantenido algún tipo de contacto con ella, Santibáñez Ulloa y Arrieta (además de fotógrafo, estudiante de Psicología).
Levy habría publicado los “servicios” sexuales de mujeres de Rosario en sexyvip (fuera de servicio), pero, al mismo tiempo, habría buscado otro sitio para publicar.
Una mujer le dio el número de teléfono de González para ofertar los “servicios” en portaldiosas, pero nunca habría llegado a concretarse el vínculo.
Paralelamente, se probó en el juicio de 2019 que Serrano ayudó a su novio, González, al aceptar registrar el dominio portaldiosas (inhabilitada). Así, González se encargaba de tomar fotos y generar el contenido pornográfico en su departamento para luego publicitar la oferta sexual de jóvenes (que no pudieron ser identificadas), lo que lo llevó a consumar la promoción y facilitación a la prostitución.
La situación de Levy
La imputada fue extraditada desde Uruguay en noviembre. Fue indagada por el Juzgado N° 1, de Ricardo Bustos Fierro. Desde el estudio de Nicolás Ruades, abogado defensor de Levy, señalaron a La Voz que la imputada negó la acusación original por trata.
También esperan que se diligencien algunas medidas probatorias a fines de que se resuelva su situación procesal, ya que recién ahora puede ejercer su defensa.
Entre quienes apuntaron contra Levy estuvo una mujer, luego sobreseída, quien además de prestar “servicios” sexuales en el lugar, habría ejercido funciones de encargada, controlando los ingresos y egresos de los clientes, cobrando los “pases” y rindiéndole cuentas de todo lo que sucedía en los departamentos regularmente.
De las escuchas surgió que “Pato” le habría ordenado que les exigiera a las víctimas una cierta cantidad de “pases” amenazándolas con buscar a otras mujeres que quisieran “trabajar y que no le hicieran perder dinero”, pese a las manifestaciones de dolencia o agotamiento de las jóvenes, demoras en atender a clientes o que ellos no aceptaran el “servicio” por no gustarle la chica asignada.
Para el fiscal, la entonces imputada habría actuado así por la extorsión que Levy le habría aplicado. De acuerdo con su declaración, Levy la maltrató, extorsionó y amenazó para que prestara servicios sexuales y manejara los teléfonos en los departamentos.
En el expediente se mencionó que la habría extorsionado con un boleto de compraventa de una casa firmado ante un escribano con el fin de que pagara las cuotas del inmueble donde residía con sus hijos bajo la amenaza de tener que irse a vivir a la calle, ya que el inmueble era de Levy.
En el domicilio de la imputada y Santibáñez Ulloa se secuestraron, entre otros elementos, tres agendas con anotaciones de números telefónicos de Argentina, Chile y Rosario, pasajes aéreos de una empresa chilena, cámaras y filmadoras, fotocopias de DNI de diferentes mujeres, fotocopias de agendas con cuentas de distintas mujeres, fotos y un contrato de arrendamiento.
